Migrantes aún no tendrán derecho a trabajar y deben  cancelar 55 dólares para acceder al procedimiento.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció este 21 de abril un nuevo procedimiento de normalización migratoria temporal por razones humanitarias dirigido a personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos y que actualmente están alojadas en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (Catem), ubicado en Corredores, en la zona sur del país.

Luego de verificar una serie de requisitos, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPM) emitirá una resolución individual autorizando la estadía legal por tres meses, con posibilidad de prórroga por el mismo periodo de tiempo.

Las personas migrantes podrán permanecer en el Catem, alimentarse y utilizar las instalaciones. La autorización no incluye derecho a trabajar, salvo que posteriormente se obtenga una categoría migratoria regular que lo permita.

La resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, detalla que en caso de finalizar el periodo de estancia, las personas migrantes deberán egresar del país o iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías migratorias establecidas en la normativa ordinaria.

Documentación y asistencia internacional

Entre los documentos que los deportados deben presentar en caso de querer acceder al nuevo procedimiento migratorio, se debe incluir una copia del documento de viaje, aunque esté vencido. En caso de no poseer pasaporte u otro documento oficial, los migrantes podrán presentar una declaración jurada sobre su identidad, apoyada por cualquier documento emitido por su país de origen. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) colaborará en la recolección de documentos, así como en la asistencia lingüística durante el proceso.

El trámite tendrá un costo de 55 dólares por persona (unos 28 mil colones), aunque se contempla que organismos de cooperación internacional o asociaciones sin fines de lucro puedan asumir este gasto de forma individualizada. Además, el Ministerio de Hacienda también tendrá la posibilidad de gestionar exoneraciones considerando la condición humanitaria del proceso.

Entre las condiciones impuestas, se establece que cualquier antecedente penal invalidará el beneficio. Asimismo, la autorización será revocada si la persona comete un delito, representa una amenaza para el orden público o se ligue a actividades del crimen organizado.  El documento también detalla que si el beneficiario sale del país, perderá automáticamente el permiso.

En febrero del presente año se dio a conocer un acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Costa Rica para que 200 personas migrantes, que fueron detenidas intentando ingresar a suelo estadounidense, sean traídas al país en condición de tránsito, mientras la OIM gestionaba su traslado a sus naciones de origen o a terceras naciones.

En un inicio la estadía se planteó por un mes, pero el pasado 19 de marzo se dio una primera extensión por 30 días adicionales.

El documento detalla que de esas 200 personas, en el Catem permanecen aún 94 personas. Mientras que las restantes han salido del país mediante el programa denominado “Retorno Voluntario Asistido”  y otras se encuentran en el país al haber solicitado la condición de refugio.

En el grupo de deportados al Catem hay personas de países como Turquía, Armenia, Uzbekistán, India, Armenia, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, Afganistán, Jordania, Kazajistán, Ghana, República Democrática del Congo, República del Congo, Angola, Yemén, Nepal y China.