El sistema político costarricense está diseñado para ejercer el poder de manera descentralizada y equilibrada.

El Programa Estado Nación (PEN) presentó este jueves el XXIX Informe del Estado de la Nación y entre sus principales hallazgos destacó que la gobernanza democrática de Costa Rica es propensa al entrabamiento de los asuntos públicos debido a la poca cooperación entre los actores políticos del país.

Según indica el informe, esta situación “reduce la capacidad del sistema político para responder a las necesidades y demandas ciudadanas” debido a que nuestro sistema político costarricense fue diseñado “para ejercer el poder de manera descentralizada y equilibrada entre múltiples actores y fuerzas políticas, entre los que destacan los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Sobre este tema el investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo, señaló:

Cuando los actores del sistema político no cooperan entre sí, se anulan entre ellos. Por eso, trabajar juntos para responder a las demandas ciudadanas es fundamental para la gestión de los asuntos públicos”.

Para la realización del informe Alfaro Redondo coordinó varias investigaciones que le permitieron concluir que “la incapacidad de negociar y cooperar por parte de los actores del sistema político supone un riesgo para la democracia del país”.

En primer lugar el informe recuerda que Costa Rica se destaca en el contexto latinoamericano por tener un Estado que ejerce el poder de manera descentralizada y equilibrada, según el diseño constitucional de 1949, y por lo tanto distribuye el poder entre múltiples actores y los obliga a negociar para alcanzar consensos.

Utilizando dos indicadores de investigaciones internacionales, el informe muestra que, de los países latinoamericanos con sistema presidencialista, Costa Rica se encuentra entre los tres países con un Poder Ejecutivo más débil, frente a los controles del resto del Estado, especialmente, el Poder Legislativo.

Al respecto el informe concluye que “el espíritu de las personas miembras de la Asamblea Constituyente plasmado en la Carta Magna de 1949 fue diseñar un presidencialismo controlado como mecanismo para evitar una concentración excesiva del poder”.

El PEN ejemplifica estas limitaciones señalando que “el Gobierno de la República depende, en gran medida, de sus relaciones con la Asamblea Legislativa para materializar la agenda con la que ganó las elecciones. Y, en aquellos temas en los que no depende del Congreso, está sometido al control de constitucionalidad que ejecuta el Poder Judicial”.

A pesar de esta distribución de pesos y contrapesos que obliga a la negociación, el informe destaca que actualmente el país enfrenta las tendencias de baja efectividad y productividad legislativa en el Gobierno de la República y el Congreso, tras abandonar la dinámica de “coaliciones políticas ganadoras”.

El Informe detalla que la incapacidad de las fuerzas políticas para construir acuerdos se ha convertido en un desafío crítico para el país desde hace dos décadas, a lo que Alfaro Redondo añadió:

Notamos que, cuando el Ejecutivo y el Legislativo se tratan entre sí como interlocutores legítimos de la política democrática, hay mayor efectividad. Pero, cuando la dinámica es antagonizar, hay menos capacidad para generarle bienestar a la población”.

El informe señala que cuando el Ejecutivo no es mayoría en el Congreso la inclusión de las iniciativas de los actores de la oposición en la toma de decisiones genera mejores resultados en la gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, según el informe la administración Chaves Robles no apuesta por agendas multipartidistas.

Desde el PEN señalaron que, durante el primer año de la actual administración, se ha optado por promover proyectos de ley propios heredados de Gobiernos anteriores, en lugar de incluir iniciativas de agrupaciones opositoras, lo cual contrasta con la dinámica vista durante el periodo 2018-2022. Alfaro Redondo amplió señalando:

Durante el primer año de la administración Alvarado Quesada, el 39% de las iniciativas de ley convocadas por el Gobierno en las sesiones extraordinarias, eran proyectos de una alianza opositora y el 28% fueron iniciativas del Ejecutivo. Durante el mismo periodo de la administración Chaves Robles, estos porcentajes fueron del 15% y 39% respectivamente”.

El informe destaca que durante las sesiones extraordinarias del primer año de gobierno de la administración Chaves Robles, se registró un total de 231 proyectos de ley convocados; de estos, 181 están inconclusos, 29 fueron aprobados y 21 fueron archivados, lo que, en comparación con otras primeras legislaturas evidencia que la tasa de éxito de la Administración Chaves Robles tuvo el segundo valor más bajo, solo superada por el primer año de la administración Solís Rivera.

En términos generales, el primer año de la administración Chaves Robles contrastó por la cantidad de proyectos propios y de la oposición aprobados. Desde el PEN señalaron que en un escenario político fragmentado “el oficialismo sacrifica proyectos propios para ceder espacio a iniciativas de la oposición”, lo cual no ha sucedido en la actual administración, y se termina reflejando en la cantidad de leyes aprobadas.

El informe añade que en este contexto de poca colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, se suma un Poder Judicial que continúa tramitando una elevada cantidad de acciones en las que se cuestiona la legalidad y constitucionalidad de las decisiones.

Según los datos del informe, durante lo que llevamos de la presente administración, más de la mitad de los decretos de alto alcance (52%) y leyes sustantivas promulgadas (53%) fueron revisados por la Sala Constitucional. Cifras que son similares al promedio de decretos y leyes que fueron han sido sometidas a estos controles de constitucionalidad desde inicio de siglo, cuando se comenzó a incrementar esta tendencia.

Desde el PEN indicaron que “este alto porcentaje de asuntos sometidos al control de constitucionalidad y la judicialización de los asuntos públicos estarían reflejando una menor capacidad de los actores políticos para gestionar los conflictos. Pues, la judicialización de la política es la última instancia formal con la que cuentan los actores políticos en oposición para zanjar sus diferencias”.

Sobre este tema Alfaro Redondo concluyó:

En democracia, los conflictos son inevitables. Los conflictos no son el problema. El problema es cómo se gestionan los conflictos. En este caso, la judicialización de la política entraba aún más la gestión de los asuntos públicos, pues la Sala tarda, en promedio, 800 días en resolver una acción de inconstitucionalidad”.

Lea las notas sobre el XXIX Informe del Estado de la Nación: