Niñez y adolescencia son las poblaciones más expuestas ante la caída de la inversión social.
El Programa Estado Nación (PEN) presentó este jueves el XXIX Informe del Estado de la Nación y entre sus principales hallazgos destacó que la contención del gasto público en años recientes ha erosionado el financiamiento de la política social, la cual registró un aumento de tan solo el 20% en 42 años.
Según señalaron desde el PEN la Inversión Social Pública (ISP) de Costa Rica es crucial para mejorar la calidad de vida de la población, pero ha sufrido en el último trienio (2020-2022) una volatilidad significativa y una disminución en su prioridad dentro del gasto público total.
Los datos muestran que la ISP sufrió una contracción en 2020, tuvo una recuperación parcial en 2021 y experimentó otra disminución en 2022. El año pasado, la ISP real por habitante fue de 293 mil colones (en colones del año 2000), un monto menor al registrado en 2019, cuando se invirtió 297.000 mil colones. La investigadora del PEN, Natalia Morales Aguilar, añadió:
En términos reales, actualmente, la Inversión Social Pública solo es un 20% superior a la de hace 42 años. En 1980 el país invertía 244.000 colones por persona”.
El informe añade que “cuando se ajusta el nivel total por el crecimiento de la población, la ISP por habitante muestra una evolución menos satisfactoria. La crisis de la deuda de 1980 la redujo en casi una cuarta parte, sin alcanzar un crecimiento importante en los siguientes veinte años. No fue sino hasta la primera década del presente siglo que empieza a crecer de manera más sostenida. En el 2022, la ISP por habitante es menor al año previo a la pandemia (2019)”.
Morales Aguilar advirtió:
Esta tendencia amenaza con afectar directamente las oportunidades y servicios a los que accede la población, impactando con más fuerza a los grupos más vulnerables y pobres, que utilizan con más frecuencia los servicios públicos”.
Adicionalmente, el informe revisó los 92 beneficios registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) que, según indicaron desde el PEN, “comprueba la amplia y diversa lista de bienes y servicios sociales que otorga el Estado y dirigidos principalmente a las poblaciones más pobres, vulnerables y excluidas”.
El informe señala que los recortes de la IPS entre el 2021 y el 2022 se dan en las tres principales funciones sociales del Estado: Educación, Protección Social y Salud.
En cuanto a la inversión en Educación los servicios educativos representan el 29% de la ISP y cayeron un -4,6% por persona entre 2021 y 2022. En términos absolutos, el monto destinado a este sector representa apenas el 5,9% del PIB, inferior al 8% que señala la Constitución Política de Costa Rica.
Sobre la protección social el informe indica que esos servicios experimentaron la segunda mayor caída en el 2022. Los servicios de protección social incluyen las pensiones y los programas de apoyo a los grupos más vulnerables, y cayeron en un 3,6% por habitante. En la actualidad este rubro de gasto representa un 6,6% del PIB, por lo que en 2022 superó a la educación en el primer lugar de la ISP.
En cuanto a la inversión en salud, se registró una caída de 2% por habitante entre 2021 y 2022. El informe también reconoce que las otras dos funciones sociales —los servicios de vivienda y territorio; y los servicios culturales y recreativos— sí experimentaron un aumento, pero, dado su limitado peso relativo se torna insuficiente para contrarrestar la caída de la ISP.
Desde el PEN señalaron que, en un panorama de crecientes brechas sociales y altos niveles de violencia, existen tres razones fundamentales para que el Estado fortalezca la inversión a grupos vulnerables:
- En la actualidad no todos los servicios tienen cobertura universal.
- Los servicios de calidad no necesariamente son asequibles.
- Ahora existen necesidades que décadas atrás no existían.
La investigadora Morales Aguilar indicó:
La función de la política social es acompañar a las poblaciones pobres y vulnerables hasta que salgan de dicha condición. Entonces, la inestabilidad en la Inversión Social Pública se traduce en una inestabilidad en las condiciones de vida de estas poblaciones”.
El informe también destacó que la mayor tasa de incidencia de pobreza por ingresos en el país (37,6% en 2022) la sufren la niñez y la adolescencia. El año pasado 456 mil menores de 18 años vivían en hogares pobres. La alta tasa de pobreza entre esta población se debe a una combinación de factores, que incluyen empleos e ingresos insuficientes y el tamaño del hogar entre otros.
El informe advierte la caída en la inversión social para esa población, ya que en el 2021 el Estado invirtió 2.788 miles de millones de colones, equivalente a un 6,9% del PIB, pero en términos del PIB la asignación pasó de un 7,1% en 2019 a un 6,9% en 2021.
Lea las notas sobre el XXIX Informe del Estado de la Nación:
- Recrudecido mercado laboral pospandemia afecta más a mujeres y adultos mayores.
- Costa Rica atraviesa una creciente disparidad productiva y laboral.
- Inflación impactó con más fuerza a las familias de menores ingresos en 2022.
- Llamadas por violencia doméstica aumentaron en 2022.
- Bosques del país son insuficientes para cumplir metas en mitigación del cambio climático.
- Población con acceso a agua potable se redujo en 2022.
- Matriz energética costarricense sigue dominada por los combustibles fósiles.
- Incapacidad de autoridades de negociar y cooperar es un riesgo para la democracia del país.
- “La democracia costarricense se encuentra en un campo minado”.
- Administración Chaves Robles es en la que menos duran los jerarcas.
