Iniciativas buscan contrarrestar las altas temperaturas en las ciudades del país.

El acelerado crecimiento urbanístico, la alta densidad vehicular y la reducción de áreas verdes favorecen en Costa Rica la formación de islas de calor urbanas, un fenómeno donde ciertas zonas alcanzan temperaturas mucho más altas que sus alrededores.

La semana anterior un reportaje de la plataforma periodística Punto y Aparte publicado en Delfino.CR recordó que el país carece de un plan para enfrentar este problema y que ciudades como San José, Alajuela, Heredia y Liberia presentan los casos más evidentes.

Las islas de calor se forman porque materiales como concreto, asfalto y techos oscuros absorben y retienen calor, que luego liberan al ambiente. A esto se suman emisiones de vehículos, fábricas y aires acondicionados. El resultado son temperaturas más elevadas en áreas urbanas y una seguidilla de consecuencias que afectan la salud y cotidianidad de las personas.

Para contrarrestar la situación, una de las alternativas es la arborización urbana, es decir una reforestación de las ciudades. En la Asamblea Legislativa existen tres proyectos de ley para promover esta solución.

Proyecto de Ley de Arbolado Urbano (Expediente 24.489)

Propuesto por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas Serrano, este proyecto declara de interés público la arborización urbana y establece una serie de obligaciones para las municipalidades como la siembra de al menos un árbol por cada seis metros lineales de acera, siempre que el espacio físico lo permita.

El trabajo debe priorizar el uso de especies nativas o endémicas, producidas bajo buenas prácticas de arboricultura. Además, contempla la inclusión obligatoria de árboles en nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y obras viales.

Las municipalidades tendrán la posibilidad de establecer convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, universidades e institutos de investigación para desarrollar proyectos de arborización urbana. Estos acuerdos podrán contemplar el aporte de recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la plantación, el mantenimiento y el monitoreo de los árboles.

Una de las propuestas es del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas Serrano. El legislador plantea la siembra de al menos un árbol por cada seis metros lineales de acera, siempre que el espacio físico lo permita.

Además, los gobiernos locales podrán destinar un porcentaje de la Tasa sobre Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, así como incluir una partida específica dentro de su Presupuesto Ordinario, con el fin de garantizar la atención de los objetivos planteados en la presente ley.

Esta propuesta fue presentada el 7 de agosto de 2024 y aún se encuentra en la Comisión de Ambiente para su estudio.

El Máster en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale y Director del PUP Collaboratory, Jon Kohl, comentó que la propuesta del congresista del PLN es bien intencionada, pero "sufre de varias debilidades significativas".

De acuerdo con el experto el texto en general carece de claridad, orden y precisión, lo que dificulta su capacidad de convencer a otros legisladores. Además, cuestiona que el documento no cuenta con la experiencia ni los conocimientos técnicos necesarios, lo que se refleja en la ausencia de fundamentos sólidos y referencias a la literatura especializada en el tema.

El punto del proyecto es regular el arbolado urbano sin embargo en la introducción no presenta ninguna razón por la cual sea necesaria. Ninguna. Sí, es obvio que las municipalidades necesitan más recursos para sembrar más, necesitan movilizar y colaborar mejor con las comunidades y los mismos residentes necesitan mayor educación e interpretación ambiental de los beneficios que proveen los árboles, precisamente por eso hay que justificarlo”.

En consecuencia, señala que al texto le faltan lineamientos útiles así como recursos o medidas concretas, limitándose entonces a un instrumento débil y simbólico. Según el análisis, aprobarlo sin un contenido sustancial no solo sería ineficaz, sino que además podría retrasar durante años un verdadero esfuerzo coordinado para ampliar la cobertura arbórea en las ciudades del país.

Sin la justificación para un reglamento adicional, el documento realmente no tiene dientes, no impone nada significativo y lo poco que menciona no está sustentado. No aporta recursos a las municipalidades y no ofrece lineamientos de valor real”.

Ley para la Gestión del Arbolado Urbano (Expediente 25152)

Al igual que Vargas Serrano, la socialcristiana Vanessa Castro Mora también pretende crear un marco normativo claro para la arborización en ciudades y cantones del país, pero su iniciativa tiene diferencias.

La diputada plantea una visión más amplia al integrar no solo árboles, sino también arbustos y plantas herbáceas dentro de la infraestructura verde urbana. El texto de ley crea la figura de la Comisión Cantonal de Arboricultura Urbana, encargada de planes de gestión, declaratoria de árboles patrimoniales y evaluación de planes de manejo en desarrollos inmobiliarios.

La socialcristiana Vanessa Castro Mora también pretende crear un marco normativo claro para la arborización en ciudades y cantones del país.

Además, de manera similar, establece que en construcciones residenciales, comerciales o industriales deberán presentarse planes de manejo que incluyan inventarios de árboles, medidas de conservación, traslado o sustitución, así como acciones de mitigación durante las obras. Las municipalidades tendrán potestad de inspeccionar los proyectos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Asimismo, incluye definiciones técnicas más detalladas y actualiza la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal para armonizar el marco legal.

El expediente fue presentado el pasado 18 de agosto de 2025 y aún no cuenta con una comisión asignada para su análisis.

Proyecto de Ley de Arboretos (Expediente 24.804)

En otro proyecto, Castro Mora también pretende establecer la conservación de arboretos, también conocidos como museos vivos o jardines de árboles, con el fin de proteger árboles y plantas en peligro de extinción de todo el país.

Un arboreto o arboretum (del latín arborētum) es un jardín botánico dedicado primordialmente a árboles y otras plantas leñosas, que forman una colección de árboles vivos con la intención al menos parcialmente de estudiarlos científicamente.

La socialcristiana propone la creación de un Fondo Verde destinado exclusivamente a la administración y sostenibilidad de los arboretos del país. Este fondo sería gestionado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y se financiaría con aportes estatales, donaciones nacionales e internacionales, además de alianzas público-privadas.

Su objetivo es garantizar la infraestructura, conservación de especies y programas educativos, en coordinación con las 84 municipalidades.

El proyecto contempla incentivos fiscales para empresas que apoyen la creación o el mantenimiento de arboretos mediante donaciones, patrocinios o convenios. Entre los beneficios se incluyen deducciones en el impuesto sobre la renta y exenciones parciales en el impuesto de bienes inmuebles.

La legisladora Vanessa Castro presentó dos proyectos de ley para impulsar la arbolización de las ciudades.

Cada árbol plantado contaría con un sistema de identificación individual mediante un código de barras único. Además, los arboretos dispondrían de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y de Posicionamiento Global (GPS) para registrar su ubicación y calidad. El Herbario Nacional sería el encargado de certificar género, especie y familia científica de cada ejemplar, otorgándoles identificación oficial.

La iniciativa también busca un rol educativo, promoviendo visitas escolares en coordinación con el Ministerio de Educación Pública y el Sinac. Asimismo, fomentaría la colaboración con universidades y centros de investigación para impulsar estudios sobre especies nativas, programas de reforestación y técnicas sostenibles de manejo forestal.

La iniciativa fue dada a conocer en febrero de 2025 y se mantiene en la Comisión de Ambiente, donde se evalúa su avance.

Sobre este texto de ley, el experto Kohl puntualiza que está mejor redactado, pero advierte que la investigación de base es insuficiente. Pese a que a lo interno cita leyes de otros países, no recoge antecedentes relevantes como normativas internacionales específicas sobre arboretos.

Por ejemplo si la idea es conservar especies que aparecen en la lista roja de la UICN, no tienen sentido repartirlos entre 84 municipalidades donde el compromiso y los recursos no van a ser los adecuados".

Continuó:

Tiene mucho más sentido crear arboretos por zona geográfica, como por ejemplo, uno por área de conservación. La única razón de colocarlos en municipalidades es por otro objetivo de beneficiar a la gente local. También quiere fomentar el turismo, entonces hay objetivos que pueden ser incompatibles pero todo depende del reglamento que SINAC tenga que hacer”.

Kohl señala posibles incompatibilidades entre fines de conservación, turismo y beneficios locales, así como la ausencia de referencias al rol de los jardines botánicos y experiencias ya existentes en el país. Asimismo,  destaca la incertidumbre sobre la propiedad de los arboretos y la preocupación de que tanto el Sinac como los gobiernos locales terminen asumiendo obligaciones sin respaldo financiero suficiente.