Iniciativa busca mejorar la atención de estudiantes con trastorno del espectro autista.

Estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Nacional (UNA), preocupados por las inconsistencias en la puesta en práctica de las normas que regulan la atención de estudiantes con trastorno del espectro autista, impulsan un proyecto de ley que intentará reformar artículos de dos leyes para subsanar vacíos en esta materia.

Para lograr este cambio educativo fundamentado en la inclusividad, recurrieron a la diputada Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN). Consecuentemente, ella presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N.º 25.119.

El texto propone una reforma al artículo 15 de la Ley 9940, que protege los derechos de las personas con esta condición, así como la adición al artículo 57 (bis) del Estatuto de Servicio Civil, con el propósito de garantizar capacitación obligatoria en estrategias pedagógicas inclusivas para el personal docente del sistema educativo costarricense.

La propuesta nació en las aulas universitarias como parte del curso Incidencias Políticas, en el que se busca que el proceso formativo articule la teoría con la práctica.

Bajo la guía del académico Ronald Rivera, estudiantes trabajaron en el análisis del corpus iuris de la educación y redacción de la exposición de motivos, para la formulación de los dos artículos. El resultado fue un proyecto que responde a una necesidad concreta: la preparación del personal docente para atender la diversidad en el aula.

Según explicó el profesor Rivera:

Este proyecto tiene un fundamento empírico, donde docentes en todo el país manifiestan, en distintos medios, dificultades para diferenciar entre actitudes disruptivas y condiciones de discapacidad. La capacitación inclusiva busca que la mediación pedagógica se ajuste a la diversidad en las aulas y prevenga la exclusión escolar”.

La reforma planteada establece que el Estado, a través del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec) y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, imparta formación permanente al personal docente, dentro del calendario lectivo.

Al mismo tiempo, obliga a los educadores a recibir esa capacitación como requisito para su contratación en el Ministerio de Educación Pública (MEP), y establece que durante el primer año de servicio cada docente complete al menos 40 horas de formación en estrategias pedagógicas inclusivas.

Según Sullyns Ross Espinales Martínez, una de las estudiantes proponentes, participar en la construcción de este proyecto es una vivencia profundamente significativa.

Cada reunión reafirmaba la importancia de que la ley no solo refleje necesidades, sino que impulse soluciones: una formación docente robusta, capacitación inclusiva obligatoria y compromiso estatal para garantizar recursos”.

Contexto

El contexto en que se enmarca este proyecto es clave para comprender su alcance. Desde 2018, el MEP impulsó la operacionalización del modelo de educación inclusiva, que determinó la integración de estudiantes con discapacidad en aulas regulares. Esta política supuso un avance en términos de derechos, pero también trajo consigo nuevos desafíos.

La falta de formación suficiente se convirtió en una barrera constante, ya que muchos educadores reconocen que carecen de herramientas para diferenciar conductas asociadas a condiciones de discapacidad de actitudes disruptivas, lo que repercute en la calidad del proceso educativo.

En este escenario, la Ley 9940 aprobada en 2021 reconoció los derechos de las personas con TEA y estableció lineamientos para su inclusión social, laboral y educativa. Sin embargo, no definió de manera precisa cómo garantizar la formación docente necesaria para atender a esta población.

Ese vacío legal es el que pretende llenar el proyecto de ley 25.119, al obligar al Estado a brindar capacitación y al docente a recibirla.

El docente recalca que las cifras ayudan a dimensionar la necesidad. Según estimaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), entre 1% y 1,5% de la población infantil presenta trastorno del espectro autista.

Junto a estos estudiantes, también conviven en las aulas escolares con otras condiciones de discapacidad o con necesidades educativas específicas. "De ahí que la formación inclusiva de los docentes se convierta en una tarea impostergable”, agregó el académico de la UNA.

Esta propuesta de ley fue presentada el 31 de julio de 2025 y se encuentra en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación para su respectivo estudio.