Declaración también se extiende al Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una moción presentada por la bancada de Nueva República para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista que representa una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad democrática de la región.

La iniciativa recibió el apoyo de 33 legisladores, mientras que cinco diputados del Frente Amplio y una del Partido Liberación Nacional votaron en contra. El acuerdo insta a las autoridades nacionales a reforzar acciones de prevención, investigación y sanción frente a cualquier vínculo de esa agrupación en territorio costarricense.

El documento aprobado señala que Costa Rica, como Estado democrático y miembro de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, tiene compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Según se argumenta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al Cartel de los Soles como un grupo con sede en Venezuela, presuntamente liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, que brinda apoyo a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El texto también recuerda que países como Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Perú y Argentina han dado pasos similares para reconocer al Cartel de los Soles como una organización terrorista o bien impulsan proyectos en esa dirección.

La moción enfatiza que Costa Rica cuenta con legislación específica para enfrentar este tipo de amenazas, en particular la Ley 8204 sobre estupefacientes y legitimación de capitales, reformada por la Ley 8719 para incluir el financiamiento al terrorismo. Dicha normativa obliga a toda persona a colaborar en la prevención de estos delitos y faculta al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares para congelar bienes y fondos vinculados a actividades ilícitas.

En la parte resolutiva, la Asamblea exhortó al Poder Ejecutivo y a entidades como el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público y las superintendencias financieras a identificar, investigar y perseguir cualquier vínculo del Cartel de los Soles con Costa Rica; inmovilizar y decomisar activos relacionados con la organización; fortalecer la cooperación internacional contra estas redes; prevenir que la organización utilice el sistema financiero nacional; y aplicar sanciones a quienes colaboren con ella.

Asimismo, el acuerdo expresó respaldo a las acciones de Estados Unidos y Francia en el Caribe para limitar operaciones de este grupo, y extendió la misma declaratoria de amenaza terrorista a otras estructuras criminales: el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.

La diputada Sofía Guillén Pérez, del Frente Amplio, defendió el voto en contra de su fracción y señaló que la moción constituye un aval a una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Hoy la fracción del Frente Amplio ha votado en pleno en contra de esta moción y quisiera hacer constar en actas por qué. ¿Por qué votamos no a esta moción? Porque esta no es una moción sobre Venezuela ni sobre Maduro. Esta es una moción sobre una invasión militar a un país".

Guillén advirtió que el despliegue militar estadounidense en el Caribe, mencionado en el texto, constituye la antesala de una invasión. Para ilustrar su posición, comparó la situación con la invasión de Panamá en 1989, donde, según recordó, miles de civiles murieron o desaparecieron.

"Somos pueblos hermanos. Nos puede caer muy mal Maduro, pero no podemos desearle una invasión militar al pueblo venezolano", agregó.

La legisladora también reprochó a los proponentes de la moción que, mientras hablaban de lucha contra el narcotráfico, votaron en contra de proyectos internos como el de persecución de capitales emergentes, orientado a atacar las finanzas del crimen organizado dentro de Costa Rica.

La moción para reconsiderar la votación fue rechazada, por lo que la declaración política quedó en firme.

Contra-propuesta del Frente Amplio

Tras la aprobación de la moción de Nueva República, el plenario conoció una propuesta del Frente Amplio fundamentada en el principio pacifista de la política exterior costarricense y que buscaba reafirmar la neutralidad del país frente a posibles conflictos internacionales.

La moción reconocía que el narcotráfico y el crimen organizado representan amenazas para Costa Rica y la región, pero subrayaba que la lucha contra estos flagelos debe realizarse en apego a los derechos humanos, el respeto a la soberanía de los pueblos y los mecanismos de cooperación regional.

En sus considerandos, el documento recuerda que América Latina y el Caribe fueron declarados “Zona de Paz” por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014 y que Costa Rica es signataria del Tratado de Tlatelolco, que proscribe el uso de armas nucleares en la región.

La propuesta contenía cuatro acuerdos principales: reafirmar el compromiso del país con la lucha contra el crimen organizado mediante la cooperación regional; mantener la colaboración entre los tres poderes de la República para enfrentar la influencia de carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Atlántico de Honduras y el de los Soles; exhortar a la comunidad internacional a respetar los tratados de paz y a cooperar bajo el marco del derecho internacional; y finalmente, llamar a Estados Unidos a asumir mayor responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, dado que su demanda interna de drogas alimenta las redes criminales.

La moción fue aprobada con 24 votos a favor y 16 en contra, estos últimos provenientes de la bancada oficialista, Nueva República y la Unidad Social Cristiana.

La diputada Rocío Alfaro Molina acusó a los legisladores que respaldaron la moción de Nueva República de pretender justificar la invasión de una potencia nuclear contra un pueblo y afirmó que “nunca en la historia de la humanidad el narcotráfico se ha podido combatir con guerras”. Según la legisladora, los verdaderos intereses de Estados Unidos en la región responden a la explotación de las reservas petroleras de Venezuela y Colombia.

Estados Unidos no ha hecho nada, nunca, para eliminar la demanda de drogas, siendo el país que consume más drogas que todo el resto del planeta junto, y está de lejos de ser el país más poblado".

La diputada también reprochó que, a su juicio, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles está infiltrado por el narcotráfico y cuestionó que las fracciones aliadas al Ejecutivo no se pronuncien en contra de ello. Agregó que quienes apoyaron la moción contraria “con la misma boca que cantaron el Himno al 15 de septiembre, con esa misma boca piden el favor de los gringos en el nombre de la guerra y de la muerte”, lo que calificó como un acto de “fascismo”.

La intervención de Alfaro provocó la reacción inmediata de la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, quien rechazó tajantemente las afirmaciones y aseguró que el gobierno actual ha tomado medidas concretas contra el narcotráfico, como la instalación de escáneres, la duplicación de oficiales de la Policía de Control de Drogas y la aprobación de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales vinculados con el crimen organizado.

Diputada Alfaro, yo le quiero preguntar a usted si con esa boquita con la que usted canta el himno nacional, se atreve a decir las mentiras que acaba de decir en este plenario. ¡Un narcogobierno! Es que esas palabras se las lleva el viento, diputada Alfaro".

En un tono igualmente confrontativo, la oficialista sostuvo que, en caso de que el Frente Amplio llegue al poder en 2026, Costa Rica sí tendría un “narco gobierno”, al acusar al candidato presidencial Ariel Robles Barrantes y a la candidata a la vicepresidencia Margarita Salas de ser consumidores de drogas ilícitas.