A pesar de mejora en indicadores de cobertura de educación terciaria la brecha con países OCDE sigue incrementándose.

El IX Informe del Estado de la Educación, presentado este jueves por el Programa Estado Nación (PEN) señaló que el país alcanzó su punto más alto en la cobertura universitaria de personas de 18 a 24 años, pasando de 29% de personas en esos rangos de edades en 2010 a un 39% en el 2022, sin embargo, las personas con edades entre 25 a 34 años que tienen un título superior de alguna carrera pasaron solo de 25,7% en 2010 a 30,3% en 2022.

El informe reconoce que, a pesar de estas mejoras en los indicadores son importantes,  “los avances son lentos y la brecha educativa se mantiene con respecto al promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)” ya que para esos países entre 2010 y 2022 el indicador de en población de 25 a 34 graduada paso de 37,9% a 47,1%, es decir a pesar de la mejora en el país la brecha entre Costa Rica y los países OCDE se incrementó en ese periodo de tiempo en 4.6 puntos porcentuales (pp).

La investigadora del PEN, Marcela Román Forastelli, explicó:

El nivel de progreso registrado es insuficiente para generar los impactos que el país requiere en la trayectoria del desarrollo humano nacional. Además, el lento progreso tiene como consecuencia una ampliación de la brecha en comparación con el promedio de países de la OCDE, de la cual Costa Rica es parte”.

Adicionalmente, el informe reconoce que “Costa Rica debería crecer alrededor de 17 puntos porcentuales para alcanzar la proporción promedio de los países de la OCDE de personas de 25 a 34 años que concluyó la educación superior. No será posible alcanzar esta meta si no se la define formalmente como una aspiración nacional de mediano plazo y si no se implementan planes y mecanismos sostenibles para financiar este esfuerzo”.

Acceso a la educación superior

En cuanto al acceso a la educación superior el informe destaca que del 2018 al 2022 la matrícula total de universidades públicas creció en un 16%, alcanzando 124.458 estudiantes en 2022: “se evidencia un crecimiento promedio anual, lento pero constante, del 3,3%”.

Adicionalmente, el informe señala que, nuevamente, se desconoce las cifras de matrículas correspondiente a las universidades privadas ya que “hasta el momento no reportan al Sistema Estadístico Nacional estas cifras y el Estado no utiliza sus competencias de fiscalización para subsanar esta deficiencia”. Ante esta situación Román señaló:

Mapear la evolución y características de la matrícula a nivel nacional es un asunto indispensable para comprender de forma global el acceso y la cobertura en la educación superior costarricense y, así, planificar las inversiones necesarias para mejorar. Sin los datos del subsector privado esta es una tarea cuesta arriba”.

El informe señala que, en cuanto a las brechas de acceso a la educación superior por condición socioeconómica de los hogares, se observan cambios en las dinámicas en 2021 y 2022, ya que la mejora en el acceso a la universidad de jóvenes de 18 a 24 años registrada entre el 2015 y el 2020 estuvo asociada a una mayor participación de estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos. Sin embargo, entre el 2021 y el 2022 se registró un estancamiento en la matrícula de estudiantes provenientes de estos hogares al tiempo que aumentó la de los hogares con ingresos medios y altos.

Este aparente aumento en la desigualdad socioeconómica en el acceso a las universidades se da en un contexto de profunda crisis económica, impactos de la pandemia y alto desempleo. Ante esta situación la investigadora Marcela Román, señaló la importancia de comprender mejor la tendencia, y añadió:

Por un lado, que no baje el acceso de estudiantes procedentes de hogares de menores ingresos (que mayoritariamente asisten a universidades públicas) en un contexto tan desfavorable es, en realidad, una buena noticia. Por otro lado, el aumento de cobertura en los estratos de mayores ingresos coincide con cambios en las condiciones de aprobación en secundaria (aprobación automática de los grados, combinada con la desaparición de las pruebas de Bachillerato y FARO) que empujaron el crecimiento en la cantidad de personas que concluyeron el colegio”.

El informe señala la importancia de este aspecto ya que reconoce que la educación superior costarricense continúa siendo un factor de movilidad social ascendente y “la mayoría de las personas jóvenes que asisten a las universidades (54,6%) son la primera generación de su familia en acceder a la universidad. Ese indicador sube a 90,2% entre la población joven que pertenece a hogares del quintil de menores ingresos”.

Según añadió Román, usando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2022, se puede concluir que:

En general, 7 de cada 10 estudiantes de educación superior provenientes de hogares con ingresos más bajos estudian en universidades públicas. Mientras que, 6 de cada 10 provenientes de familias de ingresos más altos estudian en centros privados”.

El informe también identificó que el acceso a la educación universitaria en 2021 y 2022 favoreció a personas de más edad que no habían estudiado anteriormente ya que cuatro de cada diez personas que cursan actualmente la educación superior costarricense tienen más de 24 años.

Además, si bien el porcentaje de estudiantes en edades maduras no ha variado desde el 2015, la proporción que no había estudiado en la universidad anteriormente casi se duplicó, pues pasó de 11,7% en el 2019 a 21,2% en el 2022, a lo que el informe concluye que “es probable que esta población aprovechara las alternativas híbridas de educación ofrecidas durante los años de pandemia”.

El informe también reconoce la debilidad estratégica que representa la alta concentración de carreras y universidades en la Región Central del país, donde se ubica el 59.4% de todas las sedes y recintos universitarios del país.

Además, si bien la oferta de carreras fuera de la región Central se ha ido ampliando, en el informe se destaca la poca diversidad de carreras y grados académicos presentes en las regiones periféricas, así como la falta de carreras acreditadas fuera de la región Central, lo que “aporta indicios de que las universidades ofrecen una calidad distinta” en las sedes regionales.

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