Estado de la Educación señala que el “país atraviesa grave etapa de inestabilidad en la macromedición de los aprendizajes estudiantiles”.

El Programa Estado Nación (PEN), presentó este jueves el IX Informe del Estado de la Educación, en el que se señala como uno de sus hallazgos principales que el país “no ha logrado consolidar un sistema de macroevaluación educativo robusto, transparente y confiable, pese a ser pionero en la aplicación de pruebas nacionales en América Latina. Más bien, se ha limitado a aplicar pruebas nacionales y está lejos de implementar las prácticas internacionales más efectivas en esta materia”.

Según detalla el informe “desde la reforma curricular implementada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en 2012, los procesos de evaluación nacional han experimentado un retroceso significativo, caracterizados por constantes cambios metodológicos, cuestionamientos técnicos y obstáculos para articularse con los programas de estudio vigentes”.

Sobre este tema la investigadora del Estado de la Educación, Katherine Barquero Mejías, señaló:

El objetivo esencial de todo sistema de educación es mejorar el aprendizaje de la población estudiantil y en el contexto de la crisis del apagón educativo quisimos analizar la trayectoria y funcionamiento del sistema de macroevaluación como un factor determinante para alcanzar este objetivo. Nos encontramos un sistema históricamente reducido a la aplicación de pruebas con alta inestabilidad y deficiencias en todos sus componentes”.

En el IX informe se destaca que, aunque las pruebas estandarizadas desempeñan un papel estratégico para medir y mejorar el aprendizaje del estudiantado, reducir el sistema de macroevaluación a su aplicación no mejora la macroevaluación. El equipo investigador analizó el sistema de macroevaluación del MEP en comparación con cuatro componentes clave según estándares internacionales, estos son:

  • El marco de referencia para la evaluación de los aprendizajes.
  • La organización institucional.
  • Las técnicas y métodos para evaluar el logro educativo.
  • La difusión y uso de los resultados.

Al respecto la principal conclusión es que la estructura actual del sistema de macroevaluación presenta “vacíos y limitaciones en todos los componentes analizados” y, además, carece de estándares internacionales que aplican los países con sistemas más consolidados. Según amplió Barquero:

El marco de referencia omite evaluar a nivel nacional a actores que no sean estudiantes, tampoco hay claridad en qué, cómo y para qué se evalúa. Además, la institucionalidad a cargo del MEP está marcada por cambios de visión, en ocasiones abruptos, con cada cambio de gobierno”.

El informe destacó los problemas generados por que  “cada cambio de gobierno se traduce en potenciales modificaciones a los objetivos y funciones de la macroevaluación” y recordó que tanto en en administraciones pasadas en la actual se eliminaron las pruebas que existían para sustituirlas por unas nuevas sin mayores criterios. Al respecto Barquero agregó:

Si consideramos todas las interrupciones en la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional a causa de las decisiones de las administraciones de turno, acumulamos cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Para la política pública, esto es un obstáculo de innovación y progreso, en general, para la mejora educativa”.

Recomendaciones

Como parte de los aportes del IX Informe del Estado de la Educación se realizó un taller de consulta con seis personas expertas nacionales para establecer recomendaciones sobre las características que debe tener un sistema de macroevaluación de aprendizajes en Costa Rica.

Entre las principales recomendaciones del grupo de trabajo se destacó que “la urgencia de definir una entidad competente y financieramente estable que asegure el rigor técnico, continuidad, innovación e independencia necesaria para garantizar la calidad del sistema de macroevaluación y el alcance de sus objetivos a largo plazo”.

Además, el informe reconoce que “la institucionalidad a cargo de la macroevaluación educativa opera con conflictos de interés en la política pública, pues la instancia encargada de la ejecución de esta política (MEP) es también la encargada de evaluar sus resultados”, por lo cual recomendaron que el país adopte una “agencia autónoma del MEP encargada de gobernanza técnica de los procesos macroevaluativos con las siguientes características: nítida separación de funciones; buena coordinación entre los entes políticos y el técnico; instancias pequeñas de dirección; autonomía técnica y potestad de hacer contrataciones de personal, establecimiento de convenios y búsqueda de los equilibrios en la aplicación de los instrumentos (las pruebas)”.

Adicionalmente, desde el Estado de la Educación, recordaron que la creación de una agencia de macroevaluación independiente requiere “modificar la Constitución Política para poder existir con independencia del MEP y el Consejo Superior de Educación (CSE), concebirse como un órgano adscrito al CSE pero con autonomía técnica o bien adscribirse a un convenio entre el CSE y otras instituciones donde hay más experiencia (por ejemplo, las universidades públicas)”.

Lea también las siguientes notas hechas a partir del IX Informe del Estado de la Educación: