Informe advierte de falta de avance en temas clave como educación técnica, escuelas con currículo completo e implementación de pruebas de idoneidad.

El IX Informe del Estado de la Educación, presentado este jueves por el Programa Estado Nación (PEN) señala como uno de sus hallazgos principales el incumplimiento de acuerdos nacionales en temas de educación pues en “áreas clave registran avances lentos desde hace casi una década”. Como ejemplo el informe detalla tres casos puntuales:

  • El poco avance en la cobertura de escuelas que impartan en currículo educativo completo.
  • El estancamiento de la apertura de nuevos colegios técnicos.
  • La implementación de las pruebas de idoneidad para reclutar al personal docente.

El informe señala que la meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) era alcanzar una proporción del 33% escuelas en modalidad de horario regular. Sin embargo, la pandemia frenó el proceso de expansión y la meta no se cumplió.  En 2022, la proporción de centros educativos con esta oferta fue de aproximadamente, 1 de cada 12, es decir 317 de las 3.687 escuelas, lo que representa tan solo 81 escuelas más que en 2018.  Todo esto, a pesar de que desde 1997 el Consejo Superior de Educación dio acordó un plazo de 10 años para universalizar el currículo completo.

El informe reconoce que “los centros educativos que operan con modalidad de horario regular presentan ventajas con respecto a los que operan en horario alterno. Por ejemplo, el hecho de que trabajan en una sola jornada, que las personas estudiantes reciben 43 lecciones semanales de 40 minutos y que se cubren todas las asignaturas del currículo incluyendo Educación Musical, Educación para el Hogar o Artes Industriales, Educación Religiosa, Artes Plásticas, Educación Física e Inglés”.

El informe divide las escuelas en tres grupos de escuelas: las que ofrecen una cobertura curricular baja (38%), una intermedia (51%) y una alta (10%). El 80% de las de cobertura baja usualmente no ofrecen materias complementarias, el 70% de las de cobertura intermedia ofrecen una o dos y las de cobertura alta ofrecen cinco o más, identificando diferencias también por zonas geográficas del país.

En el informe se destaca que, al ritmo actual, a Costa Rica le tomaría alrededor de 60 años lograr que el 33% de las escuelas ofrecieran el currículo completo, a lo que investigador del PEN, Dagoberto Murillo Delgado, señaló:

La universalización quedaría para muy entrado el siglo que viene. Claramente, esta es una tarea impostergable, no solo para disminuir las desigualdades dentro del sistema educativo, sino para construir bases sólidas de los aprendizajes”.

Colegios técnicos

Otro aspecto donde se han registrado retrocesos es en la apertura de nuevos colegios técnicos, ya que, si bien se había fijado la meta de fortalecer la matrícula en dicha modalidad entre el 2018 y el 2022, con un incremento del 29% al 40%, entre el 2014 y el 2023 solamente se crearon dos nuevos colegios técnicos y actualmente la cobertura de dicha modalidad se mantiene en cerca del 30%.

El informe señala que en el 2019 se promulgó la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, con la que se busca capacitar al estudiantado en la incorporación al mundo laboral. Sin embargo, al 2022 no había avances significativos: dos programas aprobados por el CSE y cuatro programas activos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Sobre este estancamiento el investigador del PEN señaló que:

En el 2016 distintas entidades del sector público, entre ellos el MEP y el INA, y del sector privado unieron esfuerzos para crear el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Técnica y la Formación Profesional. Actualmente, este Marco cuenta con 256 programas en más de 82 entidades. Por lo tanto, lograr avances es posible”.

En el informe se reitera que la educación técnica es fundamental para el desarrollo del país, ya que esta ofrece a la población joven una alternativa para continuar estudios universitarios en sus áreas de interés, lo cual tiene el potencial de incrementar los niveles de calificación y productividad de la fuerza laboral.

Pruebas de idoneidad

El informe señala que, a pesar de la entrada en vigencia en agosto del 2020 de la Ley 9871, en la cual se establece que las pruebas de idoneidad docente son un requisito para obtener un contrato con el MEP, los esfuerzos por desarrollarlas e implementarlas se paralizaron desde el 2022.

Según el informe dadas las bajas coberturas de acreditación de las carreras de educación en el país, las pruebas de idoneidad constituirían una garantía de calidad de la profesión docente. Es decir, le ofrecerían al Estado costarricense la posibilidad de desarrollar un instrumento para seleccionar al personal docente mejor preparado. Al respecto Murrilo aseguró:

Este asunto no es nuevo, ya en el 2017 la OCDE señaló que consolidar la profesión docente de alta calidad en Costa Rica es uno de los desafíos más importantes de nuestra educación básica. Países como Chile o Alemania ya aplican pruebas de idoneidad como una buena práctica”.

Sobre este tema el informe recomienda “fortalecer el convenio interinstitucional para adoptar a corto plazo el Marco Nacional de Cualificaciones en las Carreras de educación, el cual define las habilidades necesarias para los docentes del siglo XXI en 11 diferentes carreras del área de Educación”, así como “retomar el diseño de pruebas de idoneidad docente basadas en el Marco Nacional de Cualificaciones, el diccionario de competencias laborales y los perfiles profesionales, en colaboración entre el Ministerio de educación Publica y el Servicio Civil”.

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