La educación no puede seguir siendo una promesa aplazable. Recientemente presentamos en conjunto —varias diputaciones— el expediente 25.056, Ley Marco para el Fortalecimiento de la Educación como Derecho Fundamental, conscientes de que la realidad de Costa Rica nos obliga a actuar con decisión.

No se trata de una propuesta cualquiera: es una hoja de ruta ambiciosa, estructurada y transformadora para que la educación deje de ser rehén de la coyuntura fiscal y se convierta en lo que siempre debe ser: un derecho garantizado y una política de Estado que fomente la equidad y el desarrollo de nuestro país.

¿Qué problemas pretendemos resolver?

Este proyecto nace como respuesta a una crisis educativa profunda que no podemos ni debemos ignorar. Tenemos centros educativos clausurados por órdenes sanitarias, donde niñas y niños no pueden aprender porque carecen de aulas seguras.

Miles de estudiantes se quedan sin acceso a orientación, apoyo psicosocial o comedores escolares durante las vacaciones, cuando más lo necesitan.

Más del 75 % de la población estudiantil carece de dispositivos tecnológicos y de conectividad adecuada, lo que ensancha aún más la brecha digital y educativa.

El presupuesto educativo ha sido reducido en proporción al producto interno bruto (PIB), en abierta contradicción con la Constitución y con sentencias recientes de la Sala Constitucional que nos urgen a actuar. Además, la gestión presupuestaria es lenta y fragmentada, impidiendo la ejecución de recursos, ¡incluso cuando ya han sido aprobados!

Nuestra propuesta de ley incluye:

  • Un marco legal obligatorio que protege el presupuesto educativo, excluyéndolo de los recortes automáticos de la regla fiscal. ¡No más ajustes que reduzcan el financiamiento de los comedores escolares mientras se destinan fondos a temas menos prioritarios!
  • Metas estratégicas claras: reducir la ratio a 25 estudiantes por aula; garantizar al menos el 50 % de cobertura de becas para la población estudiantil vulnerable; ofrecer comedores durante las vacaciones; e incluir plenamente a la niñez indígena y al estudiantado con discapacidad.
  • Fideicomisos específicos para construir y reparar escuelas y CEN-CINAI, evitando la burocracia paralizante que impide ejecutar lo ya presupuestado.
  • Reformas a leyes clave (Ley de Administración Financiera, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley de Telecomunicaciones y Ley de Educación Técnica) para alinearlas con una visión de resultados, sostenibilidad y equidad.
  • Un mandato al Ministerio de Hacienda para definir una ruta presupuestaria de cumplimiento en un plazo máximo de 10 años.

No podemos hablar de la educación del futuro si no garantizamos la educación de hoy. No podemos hablar de desarrollo si no cerramos la brecha digital. Tampoco podemos hablar de igualdad si seguimos excluyendo a quienes más necesitan el apoyo del Estado. No habrá reforma fiscal, crecimiento económico ni pacto social posible sin una educación pública fuerte, robusta y justa.

Esta ley es para las nuevas generaciones. Afirmamos que, en Costa Rica, la educación no es un gasto prescindible sino una inversión imperativa.

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