Ente defensor dará seguimiento a resultados ante nuevo plan del MEP en esta materia.
La Defensoría de los Habitantes cuestionó la capacidad de respuesta del Estado ante el deterioro de la infraestructura educativa en escuelas y colegios públicos del país. Según el ente defensor, las soluciones llegan con lentitud, lo que pone en riesgo tanto la seguridad de las comunidades educativas como la calidad de la educación.
Con base en datos oficiales de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), al 7 de abril de 2025 se contabilizan 895 órdenes sanitarias activas, 172 más que a principios de 2023. Un mismo centro educativo puede tener varias órdenes pendientes, por lo que la cifra no equivale necesariamente al número de instituciones afectadas.
No obstante, al desglosar los datos por provincia, la DIE reporta un total menor: 566 órdenes sanitarias. De estas, Alajuela lidera con 145 (20 recursos de amparo interpuestos), seguida por Puntarenas con 120 (30 recursos), Limón con 108 (15 recursos), San José con 92 (33 recursos), Cartago con 29 (12 recursos), Guanacaste con 49 (10 recursos) y Heredia con 23 (5 recursos).
Para la Defensoría, esta situación refleja problemas estructurales en la planificación, visualización y ejecución oportuna de las necesidades reales de cada centro educativo. El ente defensor advirtió que, aunque actualmente se registran 1.351 proyectos, un 42% aún se encuentra en etapa de formulación presupuestaria y apenas un 4% está en ejecución, es decir, 54 centros en proceso activo de mejora. Además, no se dispone de información que relacione estos proyectos con las órdenes sanitarias pendientes, ni se conoce cómo ni cuándo se atenderán los casos restantes.
Durante inspecciones realizadas en 2024, la Defensoría constató problemas graves en varias escuelas del país. En San José, por ejemplo, identificó que muchas instituciones no están inscritas legalmente a nombre de las Juntas de Educación, lo que impide invertir los más de 107 mil millones de colones asignados a la DIE, fondos que permanecen en la caja única del Estado sin ejecutarse debido a restricciones legales.
También se documentaron situaciones críticas en centros como la escuela El Brujo de Río Nuevo (Pérez Zeledón) y la de Bahía Drake, donde la Comisión Nacional de Emergencias ha recomendado el traslado. Asimismo, en el Liceo de Tobosi, Cartago, los estudiantes reciben lecciones en instalaciones provisionales e inadecuadas desde 2008.
Ante este panorama, el MEP informó al ente defensor que incluirá 40.000 millones de colones en el anteproyecto de presupuesto 2026 para atender órdenes sanitarias activas. Esta inversión, según el MEP, permitiría reducir al menos un 25% de las órdenes vigentes, priorizando aquellas con mayor impacto en la seguridad y la calidad del entorno educativo. También comunicó que pasará de un "enfoque reactivo y fragmentado, a un modelo preventivo, planificado, estratégico y territorialmente justo, que responda con mayor eficacia a las necesidades reales de la comunidad educativa", lo cual será objeto de seguimiento por parte de la Defensoría.
