Un informe del ente defensor cuestiona la efectividad, legalidad y sostenibilidad de la estrategia, y recomienda redirigir los recursos públicos a funciones sustantivas del Inamu.
La Defensoría de los Habitantes realizó un estudio sobre el funcionamiento del proyecto Puntos Violeta, una estrategia contratada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. El informe concluye que la iniciativa presenta múltiples debilidades e inconsistencias que impiden generar el impacto esperado.
Según el análisis, los Puntos Violeta —que comenzaron a operar en septiembre de 2023 con 29 centros unipersonales y luego se expandieron a 32— han funcionado principalmente como ventanillas de información y referencia a los servicios tradicionales del Inamu. Hasta febrero de 2025, se contabilizaron 5.456 atenciones, aunque el ente defensor advierte que muchos de estos centros reportaron meses sin brindar ninguna atención.
El informe cita el caso del Punto Violeta en Santa Cruz, ubicado en la organización Abriendo Mentes, donde no se reportaron atenciones en varios meses. Situaciones similares se documentaron en Nicoya, Cartago, Orotina, Corredores, Osa, Desamparados y Esparza, entre otros.
Otro hallazgo relevante es que solo un 2% de las atenciones se relacionan con hostigamiento sexual en el empleo, en la docencia o acoso sexual callejero, temas que justificaron la contratación del servicio. La mayoría de las consultas abordaron temas distintos, como otras formas de violencia, ayudas económicas, conflictos familiares, ansiedad, pensiones alimentarias y trámites institucionales. Esto, según la Defensoría, refleja una "desconexión importante entre la finalidad contractual del servicio -extraordinario- y el tipo de atención efectivamente brindada".
El ente defensor también cuestionó la legalidad y eficiencia del modelo de contratación. La estrategia se implementó mediante contrataciones directas bajo el argumento de ser una actividad extraordinaria, aunque la Defensoría considera que el servicio responde a funciones ordinarias del Inamu, lo cual "genera una duplicación funcional, dispersa los recursos disponibles, debilita la coherencia institucional y no responde al modelo de servicio institucional".
Asimismo, señaló la ausencia de estudios de pre-inversión debidamente documentados y agregó que esta constituía "una debilidad estructural que compromete la calidad de la política pública implementada y expone a la Hacienda Pública a riesgos de uso ineficiente de los recursos estatales; particularmente en una estrategia que ha implicado una inversión significativa de recursos públicos y cuyos resultados efectivos siguen siendo limitados".
El informe revela, además, que la contratación del personal profesional careció de mecanismos rigurosos de verificación. Solo se exigió un año de experiencia en atención a mujeres en situación de violencia, acreditada por medio de una declaración jurada, sin herramientas adicionales que garantizaran la idoneidad para una labor de alta sensibilidad.
En cuanto al modelo operativo, la Defensoría advierte que la estrategia carece de sostenibilidad, pues se ha desarrollado mediante contrataciones temporales, sin un enfoque técnico sólido ni criterios que garanticen su permanencia y eficacia. El estudio también identificó debilidades en aspectos como supervisión, capacitación, infraestructura, rotulación, difusión, condiciones del servicio y evaluación costo/beneficio.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, afirmó que "la ausencia de mecanismos adecuados de verificación de la idoneidad profesional, de la adecuada articulación interinstitucional, del seguimiento técnico y evaluación del servicio prestado, compromete la eficacia de la respuesta estatal y puede implicar riesgos de revictimización de las mujeres".
Como parte de sus recomendaciones, el ente defensor propone que los fondos destinados actualmente a los Puntos Violeta sean reasignados al fortalecimiento de las funciones sustantivas del Inamu, especialmente la regionalización de sus servicios. Adicionalmente, solicitó que se realicen mejoras antes de la finalización del contrato vigente, en espera de que este no sea renovado.
“Las mujeres requieren del Inamu servicios que sean accesibles, especializados, eficaces y articulados; capaces de brindar atención integral desde el primer contacto, con respuestas inmediatas y medidas concretas de protección. Necesitan una institucionalidad que reconozca la gravedad de cada situación, que actúe con prontitud, y que garantice, de forma efectiva, la protección de sus vidas y las de sus hijas e hijos. En su diseño y aplicación actual, la Ruta de Género, lejos de ser un camino efectivo de protección, corre el riesgo de convertirse en un laberinto institucional, carente de respuestas prontas e inmediatas para las mujeres”, expresó Cruickshank.
En esa línea, la Defensoría emitió recomendaciones puntuales a la Presidencia Ejecutiva del Inamu, la ministra de la Condición de la Mujer, la Junta Directiva del Instituto y su Auditoría Interna, para que se le dé seguimiento a los hallazgos expuestos.
