El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) registró una disminución real del 7.72% entre 2019 y 2022.

El IX Informe del Estado de la Educación, presentado este jueves por el Programa Estado Nación (PEN), advierte que la posibilidad de sostener y aumentar el nivel de actividad de las universidades estatales podría verse afectada en los próximos años debido a la incertidumbre sobre la asignación de recursos públicos al financiamiento de la educación superior estatal.

Según detalla el informé el panorama del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha deteriorado en años recientes, visto que entre el 2019 y el 2022 el total de ingresos transferidos al FEES y a la Universidad Técnica Nacional —que no era parte del Fondo hasta el 2023— disminuyó un 7,72% en términos reales.

La investigadora Marcela Román Forastelli explicó que, tras estimar cuatro escenarios de financiamiento de la educación universitaria pública para los años 2024-2026, con los datos disponibles a mayo de 2023, las proyecciones en todos los casos indican que continuará la contracción en los recursos. Román añadió:

Considerando las proyecciones del Banco Central de Costa Rica sobre inflación y comportamiento del Producto Interno Bruto y, del Ministerio de Hacienda, sobre la aplicación de la Regla Fiscal, la proyección para el periodo 2024-2026 indica que continuará una reducción del FEES en términos reales”.

Es decir, a pesar de que la Constitución Política indica que los recursos del FEES no pueden reducirse y deben ajustarse con base en la inflación, la realidad es que los montos asignados anualmente al Fondo no han venido compensando la inflación, y se prevé que esta tendencia se mantenga por la aplicación de la Regla Fiscal y el escenario de constricción fiscal que atraviesa el país.

Dato D+: el FEES representa entre el 82% y 92% de los ingresos corrientes en todas las universidades públicas.

Román aseguró que “la negociación anual para el FEES es un retroceso para la planificación universitaria porque no considera visiones país de largo plazo y se caracteriza por la incertidumbre de sus resultados”.

El informe destaca que desde el 2016, cuando se abandonaron las negociaciones del FEES para periodos quinquenales y se pasó a una negociación anual, se ha dado un “continuo endurecimiento de los procesos de negociación del FEES”, y ese escenario de negociación anual es “conflictivo y contraproducente para la planificación de mediano y largo plazo de la educación superior y, en particular, para las metas de expandir cobertura, calidad y pertinencia”.

Adicionalmente, el informe reconoce que para el periodo 2020-2023 “la gestión financiera de las universidades tuvo un período atípico, al igual que el resto de las instituciones públicas, pues la combinación de la emergencia por la pandemia del COVID-19 con la entrada en vigor de la ley n° 9635 (Regla Fiscal) implicó cambios en la dinámica de los presupuestos”.

Aun con las restricciones presupuestarias impuestas, el reporte señala que las universidades pudieron hacerle frente a menores ingresos a través de una reducción en ciertas partidas de gastos logrando realizar ajustes internos sin comprometer su nivel de operación sustantiva y mejorando la eficiencia en el uso de los recursos, por ejemplo, en ese periodo de tiempo se logró aumentar la matrícula, y, además, “no se registraron afectaciones significativas en materia de investigación y, en el caso de acción social y vida estudiantil, se expandieron los servicios brindados”.

Sin embargo, los ajustes realizados por las universidades en ese periodo de tiempo no son sostenibles a largo plazo, por lo que Román señaló:

Ahora la preocupación medular en términos de sostenibilidad financiera es que, aunque se hayan logrado estas mejoras en la eficiencia del gasto, y se pueda continuar la mejora en el futuro, sin un aumento del FEES no habrá recursos para crecer sustantivamente en cobertura, investigación o proyectos de acción social. Esta preocupación está asociada a un panorama de grandes desafíos para alcanzar altos niveles de desarrollo humano sostenible. ¿Cómo saldrá de la crisis un país que no invierte sostenidamente en educación?”.

El informe cuestiona que, sin crecimiento en la inversión pública en educación terciaria, ¿cuáles serán las posibilidades reales que tendrá el país en los próximos años de aspirar a un incremento sustancial en la cobertura de la población adulta con educación terciaria que nos acerque a los promedios de los países de la OCDE? O bien, de aumentar la inversión en I+D (Investigación y Desarrollo) y de cerrar las brechas territoriales y de género en la educación superior. Ante esta problemática la investigadora advirtió:

Es importante revisar estas reglas, de lo contrario es muy posible que recortes sucesivos en el financiamiento público se traduzcan directamente en retrocesos para el conjunto de la educación superior en Costa Rica.

Metas a futuro

El informe propone metas en tres ámbitos para atender las debilidades estratégicas del sector terciario identificadas:

  • Ampliar la cobertura con calidad y equidad mediante acciones que le permitan en el mediano plazo aumentar la proporción de adultos de 25 a 64 años con educación superior en al menos 1,7 puntos porcentuales por año en 10 años con respecto al nivel actual.
  • Apoyar la permanencia y graduación de la población en la educación superior, especialmente la que requiere ayuda del Estado para financiar su participación.
  • Sin menoscabo de otras áreas del conocimiento, impulsar medidas para ampliar las personas graduadas en las carreras STEM y cerrar las brechas de género existentes en comparación con la OCDE.

Adicionalmente, se señala la necesidad de “actualizar la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), consolidar ajustes normativos para gradualmente establecer parámetros de calidad en carreras estratégicas para el desarrollo nacional e incorporar obligatoriamente a la educación privada en un sistema de indicadores robusto sobre el desempeño de la educación superior” así como “frenar en el corto plazo el deterioro en términos reales en la asignación presupuestaria anual del FEES y reestablecer la certidumbre del marco de su financiamiento, respetando la asignación garantizada constitucionalmente y retornando a las negociaciones quinquenales”.

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