Va de nuevo

— Éramos muchos y parió la abuela. Ayer, el TSE solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles para poder avanzar en la investigación de 15 denuncias acumuladas por beligerancia política.

— Sí, quince. De un total de 24 que se han presentado contra el mandatario desde el 2024.

— Es la primera vez en la historia de Costa Rica que el ente electoral pide el desafuero de un presidente en ejercicio. Y no por un delito penal, sino por un acto ilícito: participar en política desde el poder. Un hecho tan inédito como delicado.

— Las denuncias, presentadas por figuras del PLN, del PAC y otros partidos (e incluso ciudadanos sin afinidad partidaria reconocida) apuntan todas en la misma dirección: el presidente habría violado el principio de neutralidad al utilizar espacios oficiales —conferencias de prensa, cadenas nacionales, actos públicos— para enviar mensajes con tono electoral.

— Ya hemos hablado de todos los ejemplos cualquier cantidad de veces así que a estas alturas está de más reiterarlos. El punto es que a criterio del TSE, esos actos son lo suficientemente serios como para abrir una investigación formal. Pero hay un obstáculo: la inmunidad presidencial.

— Mientras el presidente la mantenga, el Tribunal no puede seguir el proceso. Por eso le pide permiso a la Asamblea para hacerlo. Ni más ni menos. Lo explicó sin rodeos ayer en La Nación el coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal, Juan Luis Rivera: por mandato constitucional y legal, le corresponde al Tribunal de Elecciones investigar los hechos que puedan transgredir la imparcialidad de los funcionarios públicos. Y, como ya establecimos, cuando se trata del presidente, el proceso no puede avanzar sin el levantamiento de la inmunidad.

— Ojo: no se trata de un juicio penal ni de una sanción inmediata. La beligerancia política no es delito, sino un acto ilícito. Eso significa que no hay cárcel ni destitución automática. Las únicas sanciones posibles —si eventualmente se comprobara la falta— serían la destitución (solo si el cargo aún se ocupa) o una inhabilitación de dos a cuatro años para ejercer puestos públicos. Nada más. Nada menos.

— En otras palabras: el TSE no está castigando al presidente, está pidiendo permiso para investigar. Si la Asamblea dice que no, el caso queda congelado hasta mayo de 2026. Si dice que sí, el presidente enfrentará por primera vez en la historia nacional un procedimiento en sede electoral. En ambos escenarios, el equilibrio de poderes se mantiene intacto.

— Para entender el alcance, conviene recordar un antecedente: el de Patricia Mora. En 2019, cuando dirigía el Inamu, asistió a una asamblea política de su partido, el Frente Amplio. El TSE la sancionó con cuatro años de inhabilitación por beligerancia. La diferencia, claro, es que cuando se tramitó esa denuncia ella no tenía inmunidad. Chaves sí, y por eso que el trámite debe pasar por la Asamblea. La ley —artículo 270 del Código Electoral— así lo exige.

— En su resolución, la Sección Especializada del TSE fue clara: las denuncias “superan el umbral de admisibilidad” y ameritan investigación. Pero el Tribunal se abstiene de abrir el procedimiento sancionatorio “mientras la inmunidad presidencial esté vigente”. Nada de extralimitaciones, nada de juicios paralelos. Solo el cumplimiento estricto del proceso legal.

— Pese a ello, ya doña Pilar salió a sugerir que estamos ante un golpe de Estado institucional. ¡Faltaba más! Otras voces han colocado la idea de que el TSE está quebrantando la Constitucional o inventándose competencias. En mi criterio nada de eso está sucediendo pero ya lo hemos dicho antes: donde hay dos abogados hay tres criterios y cuando uno de ellos es afín al oficialismo ni hablar, aparecen todo tipo de interpretaciones dignas de un espectáculo acrobático en el Circo del Sol.

— A ver: el artículo 102 de la Constitución le da al Tribunal la potestad de investigar y sancionar actos de parcialidad política, y le ordena unicamente “dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación” cuando la persona denunciada es integrante de los supremos poderes, sin embargo, para finalizar la investigación necesariamente debe indagar a la persona y permitirle su defensa, pero ¿cómo se indaga a alguien con inmunidad?

— Algunos dirán que hay un vacío constitucional, pero, no nos compliquemos, en ese mismo artículo 102, un poco más abajo en el inciso 10, dice que el TSE ejercerá también “las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes”.

— ¿Y qué sucede? Que el Código Electoral —que es ley— señala expresamente qué hacer en este tipo de casos de personas con inmunidad:

(...) En caso de que no proceda rechazar, de plano, la denuncia planteada ni ordenar su archivo, el Tribunal trasladará la denuncia a la Asamblea Legislativa para que realice el proceso de levantamiento de la inmunidad establecido constitucionalmente".

— Fin de la historia. No hay contradicción entre el texto constitucional y la ley, sino desarrollo lógico: el TSE cumple su deber, la Asamblea decide, y todos los poderes se mantienen dentro de su cauce.

— En síntesis: el árbitro no se metió a jugar, simplemente recibió un reclamo, va a ir a revisar en el VAR y, para poder hacerlo, requiere pedir permiso. Eso está haciendo. Y diay, ahora la pelota está en la cancha del Congreso.

— Si los diputados levantan la inmunidad, el TSE podrá continuar con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Si no lo hacen, las denuncias quedarán en pausa hasta el final del mandato. Y listo, no hay drama.

— Más bien todo está funcionando como debería y Chaves puede dar por descontado que con los votos de su bancada más de los oficialistas prestados del PUSC, Carolina Delgado, el Turqueso, demás sospechosos usuales y la muchachada fabricista pues... sobrado vuelve a dilatar el trámite.

— Además, no entiendo por qué tanto alboroto. ¿Ustedes llevan cuenta de lo que tarda el TSE en estas investigaciones? Para cuando terminen de resolver este asunto ya vamos a andar por la Cuarta República.

— Como sea, el precedente ya está marcado: por primera vez, el país discute abiertamente qué pasa cuando un presidente cruza la línea entre gobernar y hacer campaña. Yo lo que pienso que habría que discutir, seriamente, es la pertinencia y alcance de la famosa beligerancia, pero ya con ese tema los tengo hartos.

— Eeeeeen fin. La otra noticia “gorda” del día ya la conocen. Este martes el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José autorizó la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, para que enfrente en Estados Unidos una causa por narcotráfico y asociación delictuosa.

— La resolución también incluye a Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, y a Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe. Con este fallo, los tres se convierten en los primeros costarricenses cuya entrega es autorizada bajo la reforma constitucional aprobada en mayo pasado que permite extraditar nacionales por delitos de terrorismo o narcotráfico.

— Sí, histórico también, aunque ciertamente previsible. El volumen del expediente que mandó corte federal del Distrito Este de Texas es astronómico. Washington dice tener pruebas electrónicas, testimonios y evidencia física para sustentar la imputación, que, como sabemos, es seria: Gamboa es señalado por la DEA como presunto coordinador regional de una red transnacional con vínculos con carteles narco en México y Colombia.

— La extradición, sin embargo, no será inmediata: el fallo dispone que la entrega quede diferida hasta que el exmagistrado enfrente sus juicios pendientes en Costa Rica. Y tiene varios. Por uso de documento falso, comparte banquillo ahora mismo con el exdirector de la Policía de Control Fiscal —y buen amigo suyo— Irving Malespín.

— Otro más: tráfico de influencias, con audiencia preliminar programada para diciembre. Sigue la cumbia: Cohecho propio, con debate fijado del 5 al 30 de enero de 2026. En fin, que el hombre sigue a cartón lleno con casos patito a nivel local, lo que le compra todavía un poco de tiempo. Nada mal para quien hace una década dictaba sentencias desde la Sala Tercera.

— El juez, naturalmente, ordenó mantener la detención provisional con fines de extradición y pidió a la Fiscalía General abrir una nueva investigación local, pues del expediente surgen indicios de cohecho, enriquecimiento ilícito, penalidad del corruptor y legitimación de capitales, presuntamente cometidos entre 2008 y 2025. Diay, para el que no quiere caldo, todas las tazas.

— La defensa —encabezada por la abogada y hermana del exmagistrado, Natalia Gamboa— anunció que apelará la resolución y calificó el fallo como “decepcionante”, alegando que la investigación se realizó sin el debido acuerdo de cooperación internacional con la DEA. Diay, es su trabajo, hacer todo lo posible por evitar el avión.

— Por lo pronto, las numerosas gestiones que han encaminado en esa dirección han topado con cerca. Es de esperar que con esta apelación suceda exactamente lo mismo, por lo que tarde o temprano, Celso terminará rindiendo cuentas a la justicia gringa. ¿Y Chaves? Diay, lo mismo: le levanten o no la inmunidad eventualmente enfrentará un debido proceso porque en este país, le guste o no a los oficialistas, nadie está por encima de la ley.

Bonus track: Sugef señaló deficiencias en gestión del gobierno corporativo de Caja de Ande.

Hidden track: CCSS alega que demanda de licencias de cuido a personas en fase terminal superó presupuesto asignado por ley.

Remix: Jóvenes de 19 partidos políticos impulsan pacto ético para las próximas elecciones.

Asamblea Legislativa

Asamblea prohíbe a patronos negar permiso a trabajadores para realizar trámites ante el Ministerio de Trabajo

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate, con 40 votos a favor y ninguno en contra, la ley para facilitar las gestiones administrativas de las personas trabajadoras ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que reforma el artículo 515 del Código de Trabajo. Con la modificación, presentada por el diputado Antonio Ortega, se amplía el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse de sus labores no solo para comparecer como testigos o participar en diligencias judiciales, sino también para realizar trámites personales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o asistir a procesos disciplinarios en la Administración Pública. Mientras tanto, el plenario retomó la votación de mociones al proyecto de jornadas de 12 horas para suspenderlo nuevamente por dos semanas más, tras haber aprobado un nuevo sustitutivo que, pese a la objeción del oficialismo, acarrea nuevas consultas obligatorias al texto.

Los detalles en Barra de Prensa.

Reporte Internacional

Fiscalía de Ecuador acusa a 17 militares por la desaparición forzada y muerte de cuatro menores

La Fiscalía de Ecuador presentó este martes una acusación formal contra 17 militares, entre ellos un oficial de alto rango, por la presunta desaparición forzada de cuatro menores que fueron hallados muertos a finales de 2024 en Guayaquil, la principal ciudad portuaria del país. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, afronta una nueva embestida política luego de que dos de sus ex primeros ministros, Édouard Philippe y Gabriel Attal, se distanciaran públicamente de él en medio de la creciente presión para que dimita tras el colapso de su último gobierno. Por último, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ratificó la anulación de la condena de seis años de prisión impuesta en 2023 al periodista José Rubén Zamora por lavado de dinero y reconoció que en el proceso se vulneraron sus derechos legales.

Los detalles en el Reporte Internacional.

La Jornada

Leilani McGonagle alcanza el noveno lugar en Portugal y sigue en la pelea por el Tour Mundial

La surfista costarricense Leilani McGonagle Cada cerró su participación en el EDP Ericeira Pro de Portugal con un noveno lugar, resultado que la mantiene entre las mejores doce del ranking global del World Surf League Challenger Series 2025-2026 y con opciones intactas de clasificar al Championship Tour 2026, la máxima categoría del surf mundial. Además, una delegación de cuatro paratletas costarricenses competirá en el Campeonato Para Panamericano de Tenis de Mesa 2025, que se disputará del 9 al 12 de octubre en Brasil, mientras el paravelocista tico Sherman Güity Güity regresó a Costa Rica después de ganar dos medallas en el Mundial de Paratletismo Nueva Dehli 2025.

Los detalles en La Jornada.

Botonetas

— Exposición: el Museo de Arte Costarricense (MAC), presentará la exposición “Turistas en La Habana”, la más reciente novela gráfica del ilustrador y escritor costarricense Edo Brenes, el próximo jueves 9 de octubre a las 7:00 p.m. en la sede del MAC, en el Parque Metropolitano La Sabana. La entrada es gratuita.

— Cine: El programa Preámbulo, del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual presentará esta semana una retrospectiva dedicada al director japonés Ryûsuke Hamaguchi, reconocido por su estilo poético y su profunda exploración de las emociones humanas.

— Ciencia: La Galería Nacional alojará la exhibición “Yo Humano, All Bodies”, una exposición inédita en la región que muestra estructuras anatómicas y cuerpos humanos reales preservados mediante la técnica de plastinación. La exposicipon abierta de martes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

— Cortometrajes: La productora costarricense Escudo Corona Films realizó la primera edición del Concurso Internacional de Cortometrajes Premio MASHO 2025, un espacio dedicado a promover el talento cinematográfico emergente.

— Turismo: La Universidad Nacional impulsa un proyecto que busca diseñar una ruta turística para dinamizar y fortalecer el turismo rural y la economía en Corredores avanza de forma positiva.