Defensoría hizo un llamado para que los esfuerzos país se enfoquen en proponer soluciones a los problemas de la educación.

La Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que aseguró respaldar los hallazgos del informe Estado de la educación e hizo un llamado de atención señalando que “lejos de cuestionar y cercenar la inversión en educación, los esfuerzos del país deberían enfocarse en proponer soluciones a los graves problemas que aquejan a la educación costarricense”.

Adicionalmente, exigieron a las autoridades educativas “cumplir con los acuerdos nacionales, así como las obligaciones que ha asumido el país en materia educativa y que están plasmadas en nuestra Constitución Política, las leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Desde la Defensoría destacaron que el más reciente informe Estado de la educación, se destacan 4 mensajes centrales que deben llamar a la acción inmediata para revertir la actual situación educativa:

  • La población estudiantil avanza en el sistema con fuertes carencias de aprendizajes básicos que ponen en riesgo sus trayectorias educativas, producto de una interrupción prolongada de lecciones desde el 2018 al 2021.
  • Las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, ya que se carece de soluciones de largo plazo y de una gestión.
  • Las tendencias recientes en el financiamiento de la educación superior pública amenazan sus labores sustantivas y la cobertura que puede asegurar mayor competitividad (FEES).
  • Hay un incumplimiento de acuerdos nacionales que genera retrocesos y compromete las aspiraciones nacionales en educación.

Desde la Defensoría añadieron que “como punto de partida, se debe garantizar lo dispuesto en la Carta Magna sobre la inversión en educación, acción que debe ir acompañada de los correspondientes mecanismos de evaluación y seguimiento. Lo anterior implica costear y asignar los fondos suficientes para asegurar los niveles más altos de educación posible, así como la continuidad y fortalecimiento de los programas de equidad que funcionan como apalancamiento para el acceso y permanencia en el sistema educativa (becas, transporte, comedores escolares, ayudas técnicas)”.

Adicionalmente, hicieron un llamado de atención a las autoridades, recordando que “en el artículo 78 de la Constitución Política se estableció, desde el año 2011, que el gasto público en la educación estatal, incluida la superior, no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del PIB. Como Nación, Costa Rica optó por abolir el ejército y en su lugar apostó por robustecer la inversión en la educación para garantizar un desarrollo social a todas los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No obstante, durante este año en dos ocasiones se ha arremetido contra dicho presupuesto”.

Sobre las acciones que se deben priorizar, desde la Defensoría destacaron la importancia de invertir en infraestructura educativa, y avanzar en la consecución de esfuerzos dirigidos a lograr en el mediano plazo la implementación universal del currículo educativo completo, así como cerrar las brechas digitales, garantizando la conectividad a través de los mecanismos de FONATEL, y la capacitación permanente de las y los docentes.

Hallazgos del IX Informe Estado de la Educación

Desde Delfino.cr preparamos una cobertura especial al IX Informe del Estado de la Educación para visibilizar algunos de los aspectos más relevantes ahí presentados. Sobre la educación prescolar, primaria y secundaria, el informe advierte la falta de avances en compromisos claves, como por ejemplo la imposibilidad que ha existido de que más escuelas logren dar el currículo completo, ya que para el 2022 solo 1 de cada 12 escuelas lograba cumplir con este requisito. Además, una encuesta aplicada a docentes de primaria, de primero y cuarto grado, encontró que las personas docentes identifican grandes vacíos en las competencias básicas de sus estudiantes.

Adicionalmente, el informe reconoce que para la educación secundaria durante los últimos dos años se logró alcanzar tasas de escolaridad históricas, lo cual, sin embargo, se dio en un contexto de contenidos reducidos y agravado por los constantes cambios a las pruebas nacionales, las cuales el informe considera presentan vacíos y limitaciones en todos sus componentes.

El informe también advierte acerca de los riesgos que presenta una menor inversión en el sistema educativo y el deterioro en las condiciones para el desarrollo profesional docente plantean un panorama preocupante para la educación en Costa Rica, ya que en ambos campos se observaron caídas importantes en los años recientes.

En cuanto la a educación superior y para-universitaria el informe destaca que si bien la cobertura universitaria de personas de 18 a 24 años crece en este periodo hasta altos históricos, como país seguimos lejos de cerrarla la brecha con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que más bien ha venido ampliándose.

Adicionalmente, el informe reconoce que la falta de un FEES quinquenal, que desde el 2016 se negocia anualmente, representa “un retroceso para la planificación universitaria de mediano y largo plazo”.

En esta ocasión el informe dedicó varias secciones al tema de género, y se destaca que entre las personas formadoras de docentes se identificó la persistencia de mitos y estereotipos de género, que si bien no permean a la mayoría de estas personas sí hay algunos que se mantienen presentes en un porcentaje significativo de esta población, lo que presenta el riesgo de que los estén trasladando a docentes y estos a sus estudiantes.

Además, en esa línea de temas de género el informe dedica una sección a revisar el estado de la situación de las mujeres en campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), encontrando que si bien ha habido mejoras tanto en acceso a educación superior, como en el ámbito laboral, todavía persisten grandes brechas de género en este campo.