Enero
Asamblea aumenta regulación a huelgas
Tras el trauma que representó la huelga de más de 100 días contra la reforma fiscal en 2018, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides Jiménez, impulsó una reforma al Código de Trabajo (proyecto 21.049 “Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos”) que corrigió los vacíos legales que quedaron en la materia, tras la reforma procesal laboral de 2016.
Tras su primera aprobación en primer debate en septiembre 2019, el texto fue enviado a consulta a la Sala Constitucional, la cual encontró vicios de forma y de fondo; sin embargo, uno de los puntos más polémicos de la reforma, la posibilidad de suspender el pago de salario desde el momento en que se inicia el movimiento de huelga, no fue parte de las apelaciones de los magistrados.
Así, en enero de este año, la Asamblea Legislativa logró corregir los errores señalados y procedió a darle nuevamente votación en primer y segundo debate al proyecto que, ya como ley, finalmente entró a regir como el 27 de enero anterior, tras la pronta firma del presidente de la República.
Durante la firma del proyecto, el diputado Benavides señaló que:
La huelga fue manipulada a partir de partidos de oposición que la convirtieron en un arma para desbalancear los gobiernos. La víctima de esa utilización fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la Ley Suprema del País",
A pesar de lo convulso que resultó el año 2020, la cantidad de huelgas del sector público se redujo significativamente aunque se vio nacer un nuevo tipo de protestas, protagonizadas ahora por grupos no formales que realizaron bloqueos a nivel nacional y que contaron con el respaldo de los sindicatos aunque sin una participación tan activa de estos como la que se evidenciaba en el pasado.
Febrero
La UPAD desencadena crisis en Presidencia
El 17 de febrero de 2020 se publicó en La Gaceta el Decreto Ejecutivo 41.996 que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Este decreto fue firmado el 14 de octubre del 2019 por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, junto a su ministro de la Presidencia, Victor Morales Mora, y el ministro interino de Planificación, Daniel Soto Castro.
Cinco días después de la publicación del decreto, CR Hoy dio a conocer que la redacción del documento establecía la posibilidad de que la UPAD accediera a “información de carácter confidencial” de las instituciones públicas, cuando así lo requiriera, lo que generó la reacción inmediata de la ciudadanía y la oposición, y (aunque inicialmente la entonces ministra de Comunicación, Nancy Marín Espinoza, defendió la firma del decreto), ese mismo día el presidente terminó derogando la disposición ejecutiva y justificando el error como un problema de redacción.
Sin embargo, el daño a la credibilidad del Gobierno sobre el uso de datos ya estaba hecho, por lo que la aceptación del "error" no valió de mayor cosa.
El recuento de los daños para la Presidencia dejó la salida de 5 funcionarios de Casa Presidencial y vacíos en altos puestos de tres ministerios (a raíz del escándalo renunciaron el ministro de la Presidencia, el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro, y el viceministro de Hacienda, Juan Alfaro López), un allanamiento de Casa Presidencial, tres denuncias penales contra el presidente Alvarado y una Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa.
Dato D+: El 2020 registró más de la mitad (12 de 21) de las salidas de ministros y ministras en todo lo que lleva la administración Alvarado Quesada. En 2020 dejaron su cargo: Marcelo Prieto Joménez (Presidencia), Patricia Mora Castellanos (Condición de la mujer), Carlos Manuel Rodríguez Echandí (Ambiente), Dyala Jiménez Figueres (Comex), María Amalia Revelo Raventós (Turismo), Rodrigo Chaves Robles (Hacienda), Nancy Marín Espinoza (Comunicación), Luis Adrián Salazar Solís (Ciencia y Tecnología), Víctor Morales Mora (Presidencia), Marcia González Aguiluz (Justicia), Patricia Vega Herrera (Niñez y Adolescencia) y Manuel Ventura Robles (Cancillería).
El escándalo por la firma del decreto UPAD se extendió todo el año y seguirá vigente en 2021, ya que la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa cerró el año confirmando para el 10 de febrero la comparecencia del presidente de la República.
