La Fiscalía General de la República se encuentra allanando, en estos momentos, las oficinas de Casa Presidencial en Zapote y otras nueve ubicaciones, incluido el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación.
Los allanamientos se realizan con el objetivo de realizar pesquisas en el proceso de investigación que se sigue por las dos denuncias que se presentaron el fin de semana, respecto al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). También están siendo allanadas las viviendas de los tres funcionarios de dicha unidad.
En este momento la Sección Anticorrupción del OIJ realiza 10 allanamientos, por el caso conocido como UPAD - Presidencia, se pretende lograr el registro y secuestro de documentación importante para la investigación.
-OIJ
El tema se centra en que el Gobierno (desde el inicio de esta gestión) contrató a un grupo de analistas de datos que trabajan en el Ministerio de la Presidencia y en octubre del año pasado, el presidente Carlos Alvarado Quesada, en junto con sus ministros de Presidencia, Víctor Morales Mora y el de Planificación, Daniel Soto Castro (quien es viceministro pero estaba de ministro interino en ese momento) firmasen un decreto que convertía el equipo de trabajo en una unidad del Ministerio.
El decreto fue publicado en La Gaceta el lunes 17 de febrero y el viernes pasado, tras una nota del medio CrHoy se desató el escándalo El tema se centra, principalmente, en el artículo 7 del documento que incluye una autorización a la UPAD para acceder a “información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera…”.
El asunto, que continuó escalando y escalando durante todo el fin de semana, llegó a la cúspide luego de que dos ciudadanos presentaran 2 denuncias ante la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, para que el Ministerio Público atienda el caso.
Además, la Defensoría de los Habitantes, tras una reunión que su jerarca Catalina Crespo tuvo ayer en Presidencia, solicitó al Ministerio Público que hiciera un peritaje técnico por su cuenta para esclarecer lo sucedido.
Sobre esta causa, la Procuraduría de la Ética Pública también anunció el día de ayer que se haría presente como víctima en el proceso penal que se inicia, a fin de poder participar en la investigación y aportar pruebas para el expediente.
Esta no es la única investigación que se sigue a causa de la UPAD: la fracción del PUSC a su vez, presentó una acción de inconstitucionalidad contra las personas responsables de la creación de la oficina de análisis de datos; al tiempo que la Defensoría y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) anunciaron que abriría cada una por su parte, una investigación de oficio para esclarecer lo sucedido.
Además, la Asamblea Legislativa ya aprobó interpelar al ministro Víctor Morales Mora, además de conocer una moción de censura en su contra y abrir una comisión legislativa para investigar el tema.
En detalle
La Fiscalía General de la República confirmó que se encuentra dirigiendo 10 allanamientos relacionados con una investigación que se tramita en este despacho por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Las diligencias se encuentran activas en las instalaciones de Casa Presidencial, MIDEPLAN y cuatro casas de habitación.
Dentro del expediente son investigadas ocho personas de apellidos Alvarado Quesada, Morales Mora, Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.
De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado Quesada tenía conocimiento de esto.
Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto.
La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE.
