Tras el escándalo del viernes por la publicación del Decreto Ejecutivo 41.996 que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos  y su posterior derogación el mismo viernes, el fin de semana y la mañana del lunes estuvieron cargadas de reacciones por parte de distintos actores políticos.

Durante el fin de semana, el presidente Carlos Alvarado anunció que había ordenado detener todo el trabajo del equipo de análisis de datos, para que la Defensoría realice su investigación, y Casa Presidencial publicó los trabajos que ha hecho el equipo de análisis de datos.

A las 8 de la mañana la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, llegó a Casa Presidencial para iniciar una investigación sobre el trabajo que ha venido realizando desde el inicio del Gobierno el equipo de análisis de datos. Crespo señaló que espera que la investigación se complete en el transcurso de esta semana.

Tras la visita de hoy, Crespo añadió que, ante la cantidad de dudas que tienen desde la Defensoría, ha decidido solicitar la intervención a la Fiscalía para que haga un peritaje técnico sobre la información que tenían en Presidencia.

Adicionalmente, el Colegio de Abogados anunció que ponía a disposición de la Defensoría una comisión de expertos en materia de derecho público, constitucional, penal, informático, derecho a la información y derechos humanos para asistirle en su investigación.

Durante la conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, aseguró que la gestión y manejo de datos se ha realizado con respeto a la legalidad y apegados a seguir un interés público, y añadió que colaboraran activamente en las investigaciones que se realicen poniendo a disposición toda la información que se requiera.

Otras reacciones

Desde la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el —ahora derogado— decreto presidencial. En la acción se solicita a la Sala:

Ordenar al Poder Ejecutivo localizar cada una de las bases de datos que hubiesen sido trasladadas a la UPAD o a cualquier otro funcionario de Gobierno, con el objeto de que dicha información sea eliminada de los Registros no oficiales donde constare y que en lo sucesivo las entidades autorizadas por ley para hacerlo, puedan bridar la información para toma de decisiones en cuanto a la forma de orientar las políticas para inversión social.

Desde la Asamblea Legislativa ya varios diputados han señalado que la derogación del decreto no da por finalizado el tema y han señalado la importancia de crear una comisión legislativa que investigue a fondo el tema.

El diputado independiente, Erick Rodríguez Steller, anunció en sus redes sociales que ya presentó dos mociones de censura una contra el ministro de la Presidencia y otra contra el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro, quienes fueron los que firmaron el Decreto 41.996 junto al presidente Alvarado. Para este último Rodríguez Steller presentó una moción de repudio.

Dato D+: La Asamblea Legislativa no puede aprobar mociones de censura contra el presidente de la República, ni tampoco llamarlo a comparecer ante el Plenario.

Desde la Fiscalía General confirmaron a Amelia Rueda que ya habían recibido dos denuncias sobre la UPAD y que estas serán remitidas al despacho de la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, para el respectivo análisis y apertura de investigación.

Malestar y dudas sobre el decreto

Las principales molestias sobre el decreto están vinculadas al artículo 7 que señalaba:

En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera.

Sin embargo, la Ley 8968 no utiliza la definición de “datos confidenciales” sino que habla de "datos sensibles", y los define como información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros.

Asimismo, la ley hace referencia a "datos personales de acceso restringido", definidos como aquellos que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública.

Sobre este tema, el ministro de la Presidencia admitió que la redacción del articulo 7 "llama a interpretaciones que no son el espíritu ni son la intención del Gobierno de la República, y ahí hacemos un mea culpa" y asumió la responsabilidad por ese error.

Otro de los temas que ha generado duda es el tiempo que existió entre la firma del decreto y la publicación de este, que ha levantado sospechas sobre si se quería mantener en secreto el trabajo de la UPAD, a lo que la ministra de Comunicación aseguró a CrHoy que no tenía certeza de la fecha en que el presidente Alvarado había firmado el decreto, pero que el atrasó se debió a "varios cambios y ajustes que se solicitaron desde la burocracia estatal", mientras que el ministro Morales añadió: "Si yo quisiera hacer algo secreto, no publico un decreto".