Diputados de diversos partidos políticos la emprendieron este viernes contra la Presidencia de la República tras publicarse en el Diario Oficial La Gaceta un decreto ejecutivo que crea una unidad de datos que tendrá acceso a información confidencial de los costarricenses.
Se trata de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada bajo el Decreto Ejecutivo 41.996 que fue firmado tanto por el Mandatario Carlos Alvarado, como por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el ministro interino de Planificación, Daniel Soto.
El decreto afirma que la creación de la UPAD es necesario "para tomar decisiones a nivel político para beneficio de la población costarricense".
Según el documento, dicha unidad asesorará directamente al Presidente de la República y su despacho, ejerciendo una función permanente, y accediendo a información de carácter confidencial que tengan las instituciones públicas cuando así lo requiera.
El diputado liberacionista, Roberto Thompson, afirmó que la ocurrencia de levantamiento del secreto bancario se queda corta ante el propósito del gobierno develada hoy.
[Es] violatorio del derecho constitucional a la intimidad y al uso de información confidencial con fines políticos,al mejor estilo de los regímenes totalitarios. ¡Inaceptable!
La diputada Carmen Chan afirmó que el gobierno está copiando instrumentos de modelos socialistas para crear una policía secreta que le permita controlar a los ciudadanos y perpetuarse en el poder.
Una propuesta tan vaga y con fines y objetivos tan difusos, que no deja claro ni siquiera de dónde saldrán los recursos que se necesitan para operar ese departamento parece ser otro de los sin sentidos y absurdos de este gobierno.
Por su parte, el diputado José María Villalta advirtió que la creación de dicha unidad no superará una acción de inconstitucionalidad, al recordar que el acceso a datos sensibles solo puede ser autorizado por una ley aprobada con mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.
Debe estar blindado por estrictos parámetros de seguridad que garanticen su correcto uso según el Artículo 24 de la Constitución. Jamás deben utilizarse con fines políticos.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, dijo en una declaración enviada a la prensa que desde Casa Presidencial desde hace ya bastante tiempo un equipo de profesionales en estadística y economía ha venido trabajando en el análisis de datos.
En el Siglo XXI los Gobiernos, el Estado, debería trabajar con información precisa, con información oportuna, y con datos certeros que permitan orientar su política pública
Marín defendió que dicho equipo, a la fecha, ha desarrollado herramientas para que el MEP pueda priorizar la intervención de centros educativos con falencias estructurales, y el MOPT para identificar cuellos de botella y así invertir los escasos recursos públicos.
"Así se hace política en el Siglo XXI a través de herramientas, de tecnología, de datos, precisamente porque es necesario tenerlo", finalizó la ministra.
Ley no habla de "datos confidenciales"
Aunque el decreto hace referencia a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (No. 8968) no tiene en todo su texto la palabra "confidencial", como sí lo hace el decreto.
En realidad, la legislación vigente habla de "datos sensibles", y los define como información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros.
Asimismo, la ley hace referencia a "datos personales de acceso restringido", definidos como aquellos que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública.
