La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto que busca establecer por ley condiciones mínimas para los exámenes de idoneidad profesional y cursos de deontología requeridos para que los egresados universitarios puedan incorporarse a sus respectivos colegios profesionales.

El dictamen del expediente 24.479 se dio tras varias semanas de análisis y consultas en las que participaron universidades públicas y privadas, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), así como múltiples colegios profesionales que plantearon objeciones y sugerencias.

El texto aprobado ayer por la comisión autoriza expresamente a los colegios profesionales a exigir, como único requisito de incorporación adicional a la obtención del título universitario, la aprobación de una prueba de idoneidad profesional o la participación en un curso de deontología. Sin embargo, establece reglas mínimas para estos procesos. Entre ellas destaca la obligación de que las pruebas se basen exclusivamente en contenidos del programa académico del grado respectivo y que su evaluación sea objetiva, con nota mínima de aprobación fijada en 70 puntos.

El texto prohíbe que los colegios generen utilidades por la aplicación de estas pruebas o cursos, limitando el cobro de aranceles a cubrir únicamente los costos directos. También obliga a las juntas directivas a garantizar asesoría técnica externa para la elaboración y validación de los instrumentos de evaluación, buscando así mitigar la discrecionalidad y potencial opacidad.

Otro cambio relevante es la obligación de publicar con antelación —al menos dos meses antes de la aplicación— los contenidos, bibliografía y temarios de las pruebas, con el fin de brindar seguridad jurídica y transparencia a los aspirantes. Asimismo, se fija el requisito de ofrecer al menos dos convocatorias por año para las pruebas de idoneidad y tres para los cursos de deontología profesional.

El proyecto también incorpora garantías procesales para los aspirantes, como el derecho a presentar recursos de revocatoria y apelación en caso de no aprobar, con plazos definidos y la obligación de emitir resoluciones motivadas. Además, los colegios deberán publicar estadísticas anuales agregadas sobre los resultados, respetando el anonimato de los evaluados, para dar seguimiento público a la eficacia y transparencia de estos mecanismos.

Durante el análisis en la comisión representantes de colegios profesionales advirtieron que la iniciativa podía considerarse una intromisión en su autonomía constitucional para regular el ejercicio de la profesión. Algunos colegios pidieron eliminar la obligación de pruebas y reclamaron flexibilidad para definir contenidos y mecanismos de evaluación sin imposiciones legales.

El dictamen también recoge preocupaciones de las universidades, que alertaron sobre la falta de alineación entre algunas pruebas de incorporación y los contenidos académicos de los programas acreditados. Por ello, el texto establece que los exámenes de idoneidad solo podrán evaluar contenidos que correspondan con el plan de estudios del grado universitario que da derecho a la incorporación.

El proyecto tiene como antecedente denuncias y preocupaciones sobre la ausencia de regulación uniforme, cobros excesivos sin justificación técnica y supuestas prácticas poco transparentes o discriminatorias en el control de acceso a la colegiatura en ciertas profesiones.

Con la aprobación en comisión, el proyecto queda ahora en manos del Plenario Legislativo.

Breves

— El plenario tramitó este miércoles por la mañana apenas cinco mociones de fondo al proyecto de ley de jornadas de 12 horas, siendo todas rechazadas. Asimismo, se rechazó una moción para enviar el texto del proyecto a consulta de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido.

Proyectos dictaminados

Este miércoles no se reportaron nuevos proyectos dictaminados en comisión.

Leyes publicadas

Este miércoles no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.