La Sugese advirtió que el MEIC no cuenta con la capacidad técnica ni el recurso humano para realizar supervisión financiera que pretende el proyecto.

La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) solicitó a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa formar parte de la mesa técnica que analiza el proyecto “Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros” (expediente 24.616), presentado por el Poder Ejecutivo para ampliar las competencias del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en materia de supervisión financiera.

Dato D+: Según su sitio web la AAP está integrada por las empresas Adisa, ASSA, BMI Seguros de Vida y Salud, Davivienda Seguros, Oceánica de Seguros, MAPFRE, Seguros Lafise, Pan American Life Insurance de Costa Rica, Sagicor, SM Seguros y Quálitas.

Según informó el ente gremial en un comunicado de prensa, esta iniciativa amenaza con debilitar las funciones técnicas y especializadas que hoy ejercen los entes reguladores, como la Superintendencia General de Seguros (Sugese). La AAP añadió:

El mercado asegurador costarricense cuenta con uno de los marcos regulatorios más recientes, robustos y especializados del sistema financiero nacional, construido conforme a los estándares de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y las recomendaciones del G20 y la OCDE".

En el oficio enviado a la comisión legislativa, la asociación solicitó participar del análisis al texto sustitutivo del proyecto de ley, "con el fin de contribuir con su experiencia y conocimiento al fortalecimiento del sistema regulatorio vigente y evaluar la necesidad de duplicar un marco regulatorio en materia de protección al consumidor que en seguros ya funciona y con excelentes resultados para los asegurados".

La directora ejecutiva de la AAP, Norma Montero Guzmán, explicó:

El fortalecimiento de la protección al consumidor financiero debe basarse en la experiencia técnica acumulada. Evitar duplicidades y fragmentaciones es clave para asegurar un sistema eficaz y confiable. Por eso estamos convencidos de que el diálogo técnico y participativo es esencial para construir una legislación robusta y coherente que verdaderamente beneficie a todos los costarricenses.”

Adicionalmente, el ente gremial hizo un llamado a la comisión a revisar la arquitectura regulatoria existente, que se sustenta en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (Ley 8653), la Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956), y un conjunto de reglamentos específicos emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Sugese, y añadieron:

Dicho marco incluye normativas diferenciadas en temas como comercialización de seguros, atención de quejas, protección del consumidor, inclusión y accesibilidad. Estos instrumentos se basan en principios internacionalmente reconocidos como la transparencia, el trato justo, la idoneidad del producto, la gestión de conflictos de interés, la resolución de quejas y la supervisión basada en riesgos".

La AAP destacó que la Sugese ya manifestó su oposición al proyecto de ley, advirtiendo que la propuesta generaría una estructura paralela de supervisión sin el respaldo técnico, jurídico ni institucional necesario, lo que afectaría la coherencia normativa y elevaría los costos del sistema.

Según la Sugese, el MEIC no cuenta con la capacidad técnica, los recursos humanos ni los sistemas tecnológicos requeridos para asumir funciones propias de los entes supervisores. En su oficio del pasado 24 de julio la Sugese indicó:

La restructuración que pretende la iniciativa, no se limita a que el MEIC sea un mecanismo de atención de quejas y reclamaciones, sobre lo cual sí tiene expertise, sino que introduce un Ministerio de Gobierno, que no cuenta con conocimiento técnico en la materia, ni recursos humanos o informáticos especializados, en un proceso totalmente distinto y absolutamente técnico como es la supervisión financiera, específicamente la conducta de negocio de las entidades financieras".

La AAP concluyó su comunicado advirtiendo que el principal riesgo "es la creación de un modelo de supervisión paralela en seguros, sin contar con la capacidad técnica ni jurídica para ello. Esto no solo podría generar inseguridad regulatoria, sino también terminaría afectando al consumidor financiero debido a la fragmentación institucional que implicaría".