El proyecto de ley tiene como objetivo fundamental crear una regulación especial para la protección a los derechos del consumidor de productos o servicios financieros, como instrumento para ayudar a su bienestar y libertad económica, incluyendo las facultades de regulación y supervisión de conducta de los proveedores de tales productos o servicios, a fin de introducir equilibrio en la relación con los consumidores financieros. Asigna al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la responsabilidad de supervisar la conducta de los proveedores financieros, en coordinación con las superintendencias financieras.