FUDECOVITRA advierte que el deterioro institucional no es casual, sino estructural.
La Fundación para la Defensa de Costa Rica, Vigilancia de la Transparencia y Unidad Nacional (FUDECOVITRA) lanzó esta semana un llamado directo a la Asamblea Legislativa para que asuma su rol constitucional frente a lo que califica como una “crisis judicial estructural”.
El pronunciamiento, enviado oficialmente mediante el oficio FUD 0024-2025, exige al congreso promover reformas profundas y rendir cuentas antes del 15 de octubre de 2025, incluyendo una revisión de nombramientos, destituciones y actos administrativos recientes. “Este es un punto de inflexión. La historia juzgará con severidad a quienes, pudiendo actuar, eligieron callar”, indican.
Según la Fundación, la reciente detención de un Celso Gamboa es reflejo del deterioro institucional acumulado durante más de cuatro décadas de “clientelismo político, falta de fiscalización y negligencia”. Para FUDECOVITRA, no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural.
La corrupción estructural que hoy padecemos no es un accidente. Es el resultado de nombramientos complacientes, ausencia de controles y la instrumentalización del Estado por parte del bipartidismo”.
Entre sus exigencias, la organización plantea dos puntos centrales:
Impulsar reformas estructurales que garanticen un Poder Judicial independiente, imparcial y fiel a la Constitución.
Entregar un informe público antes del 15 de octubre con las medidas adoptadas, incluyendo cambios en nombramientos y acciones disciplinarias.
Además, solicita la apertura de procesos administrativos contra personas que hayan incurrido en irregularidades desde sus cargos y advierte que “las llamadas de atención internas ya no son suficientes”.
El emplazamiento no se limita al la Asamblea Legislativa. FUDECOVITRA extiende su llamado al Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y el mismo Poder Judicial, a quienes instó a actuar con ética, visión de país y responsabilidad constitucional.
En su misiva también cuestionn la imagen de Costa Rica como líder regional en transparencia: “¿Nos estamos engañando como país? ¿Engañamos también a la región?”, plantea el documento. Finalmente, la Fundación hace un llamado a la ciudadanía para ejercer control activo sobre los poderes públicos:
Si el pueblo no reclama lo que le pertenece, otros seguirán apropiándose del Estado en su nombre”.
