Se recortarán insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

Organizaciones de sociedad civil y de atención a migrantes emitieron un comunicado a la prensa en el que expresaron su rechazo al presupuesto extraordinario 2025 ya que incluye rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía. 

En específico ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

Las organizaciones, que realizaron una conferencia de prensa el pasado 26 de agosto, indicaron que se recortarán insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes. Además, reclamaron por la afectación a pilares de la regularización y la atención de poblaciones vulnerables como lo es el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad.

En el espacio con la prensa señalaron que el Gobierno justifica que estas rebajas señalando son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. En detalle, Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), comentó:

En la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional".

Para las organizaciones, la decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).
  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.
  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.
  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.
  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Dato D+: El pronunciamiento es suscrito por Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU); Asociación Alianza Vencer; Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU); Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR); Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) - Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica; Fundación Popol Na; Instituto de la Memoria; IRCA Casa Abierta; Liga Feminista de Refugiadas Políticas; y el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica.

Las organizaciones también recordaron que varias de las oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y cooperación europea para poder funcionar.

Además, señalaron que el rezago en trámites supera los doce meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en condición de irregularidad. Por ejemplo, indicaron que la Unidad de Refugio acumula más de 224.000 expedientes sin resolver y se encuentra saturada. Esta instancia depende en gran medida de fondos de cooperación internacional, los cuales también se han reducido en los últimos meses, lo que compromete aún más su gestión, añadieron.

La falta de presupuesto ha convertido a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando su soberanía y capacidad de planificación a largo plazo".

Las organizaciones destacaron que la población migrante en Costa Rica representa el 10% de los habitantes y aporta hasta un 11% del PIB, además de contribuir de manera decisiva a la CCSS, a los impuestos y al consumo interno. Por tal razón, no formalizar a esta población implica perder ingresos fiscales, mantener la informalidad, precarizar el empleo y exponer a miles de personas a la vulneración de sus derechos humanos.

El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, presentó una moción para no recortar el dinero en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Posteriormente la moción fue retirada, ante la anuencia de las diputaciones oficialistas Pilar Cisneros Gallo y Alexander Barrantes Chacón de evaluar reponer ese dinero.