Reforma a la Ley 7142 permitirá aplicar medidas afirmativas en el empleo público cuando se demuestren brechas de género significativas.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate y por unanimidad, una reforma a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (N.º 7142) que permitirá a las instituciones públicas abrir concursos de empleo dirigidos exclusivamente a mujeres, como medida temporal para corregir desigualdades en el acceso a cargos públicos.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.372, adiciona un nuevo artículo 4 bis a la ley del año 1990. De acuerdo con el texto final aprobado, las entidades del sector público, tanto centralizado como descentralizado, podrán convocar concursos exclusivos para mujeres, siempre que exista una justificación técnica sustentada en un estudio que demuestre una brecha de género relevante en la clase de puesto correspondiente.
Ese estudio deberá acreditar que, durante los últimos cinco años, la proporción de hombres en los puestos de esa clase ha sido al menos dos a uno respecto de las mujeres. Cuando se alcance una relación más equitativa, no podrán decretarse más concursos limitados por género hasta que la desigualdad vuelva a superar ese parámetro.
La medida se aplicará únicamente a concursos internos (interinos o en propiedad) y no podrá utilizarse para puestos singulares. En caso de que un concurso sea declarado desierto, podrá reabrirse sin restricciones de género.
El proyecto fue impulsado por la diputada Alejandra Larios Trejos, junto con legisladoras de distintas fracciones, y dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente Especial de la Mujer. En su informe, las diputadas señalaron que la medida busca promover la igualdad material entre hombres y mujeres y está alineada con compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El dictamen subraya que la Sala Constitucional ha respaldado reiteradamente las acciones afirmativas como herramientas legítimas para corregir desigualdades estructurales. En particular, cita la sentencia emitida al expediente 97-003527-0007-CO, en la que el tribunal avaló este tipo de mecanismos por considerarlos necesarios para garantizar una igualdad real de oportunidades.
Diversas instituciones, como el Consejo Nacional de Producción (CNP), INCOFER, JAPDEVA, la Junta de Protección Social (JPS) y varios gobiernos locales, manifestaron su apoyo a la iniciativa durante el proceso de consulta.
Según la exposición de motivos, la reforma pretende corregir la subrepresentación femenina en cargos de decisión y dirección dentro del sector público, sin establecer privilegios permanentes. “Se trata de una medida de carácter temporal que cesará cuando la desigualdad se reduzca”, indica el dictamen.
Con su aprobación definitiva, la ley será remitida al Poder Ejecutivo para su firma y posterior publicación en La Gaceta.
