Ambientalistas señalan otorgamiento de permisos sin revisión de la normativa y fragilidad ambiental en la zona.
La Contraloría General de la República (CGR) recibió una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).
La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del CBPD, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio el 30 de septiembre de 2025.
La petición se fundamenta en un posible incumplimiento del deber de resguardar los recursos naturales que forman parte de la Hacienda Pública y busca determinar eventuales responsabilidades administrativas, incluyendo sanciones y la posible cancelación de credenciales a funcionarios o autoridades municipales que hayan contravenido el marco de fiscalización ambiental.
Un territorio bajo presión
La Fila Costeña o Brunqueña está formada por una cadena montañosa de altísimo valor ambiental y social. Alberga decenas de nacientes que abastecen de agua potable a comunidades como Dominical, Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, Bahía Ballena y Uvita, Ojochal, Tres Ríos y Coronado, entre otras.
En la zona se registran 60 aprovechamientos de agua —58 nacientes, un pozo y una toma superficial— administrados por 18 ASADAS, que sustentan además el desarrollo turístico e inmobiliario del cantón.
En un comunicado a la prensa, el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica señaló que la expansión descontrolada de construcciones en pendientes y zonas boscosas amenaza gravemente la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del territorio.
Paradójicamente, la propia industria turística e inmobiliaria se convierte en su principal amenaza, pues al extenderse hacia las partes altas pone en riesgo las fuentes de agua, los bosques, la costa y la vida marina de la que depende su rentabilidad y su propia existencia”.
Además, recordaron que el diagnóstico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) en 2018 identificó que el 68% de los parches de cobertura forestal son menores a dos hectáreas y que la fragmentación del corredor biológico alcanza el 70%. Su comparación con estudios recientes indica que el número de parches de bosque disminuyó en un 30% desde entonces, señalaron.
La presión inmobiliaria se ha disparado en el cantón, alcanzando un récord de 533 permisos de construcción solo en 2022.
Desde Kioscos detallaron que en comunidades como Ojochal, entre 2016 y 2024, se tramitaron 643 permisos, con un aumento pronunciado entre 2020 y 2024, cuando se gestionaron 482. Asimismo, destacaron que investigaciones académicas recientes muestran que el 70% de las propiedades están en manos extranjeras.
Un estudio de la Universidad Nacional en 2019 reveló que entre 2002 y 2006, el 56% de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario, muchas sin permisos ni estudios técnicos. Esto provocó deslizamientos, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua, con impactos directos sobre el Parque Nacional Marino Ballena.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmó en su Informe de Obras sin Permiso 2024 que 35% de las construcciones en Osa operan sin licencia municipal.
Respuesta comunitaria
Ante esta situación, la Comisión Alianza Comunal del CBPD impulsa un proceso de participación ciudadana y control social del territorio, mediante un Acuerdo Comunal que articula diversas exigencias, como:
- Moratoria en los permisos de construcción.
- Actualización integral del Plan Regulador Cantonal.
- Creación de una categoría de Manejo Especial de Protección en la Fila.
- Instalación de una Mesa de Diálogo Ciudadana.
Esta iniciativa contó con el respaldo de las firmas de las personas participantes en la actividad de rendición de cuentas “Sosteniendo la Fila Costeña”, realizada en el marco del Festival del Océano 2025, donde se exigió a la Municipalidad de Osa el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y la rendición de cuentas ante la comunidad.
Pese a ser invitada, la Municipalidad se ausentó del espacio y, un año después, desestimó las peticiones comunitarias, alegando falta de competencia institucional y trasladando la responsabilidad a otras entidades.
Además, el programa de la UCR señaló que la municipalidad sostiene que la situación se resolverá con un Plan Regulador Cantonal. Un plan “que lleva más de tres décadas sin concretarse y que, de aprobarse, llegaría tarde y podría no ser efectivo ante el deterioro ya causado”, añadieron.
Ante este panorama, la CAC gestionó el apoyo del diputado Ariel Robles Barrantes, quien remitió solicitudes formales de información a la Municipalidad de Osa, el AyA, el MINAE y la Contraloría General.
“Las respuestas de las instituciones evidencian vacíos críticos de información: se desconoce la capacidad hídrica de las nacientes de la Fila Costeña, el estado de los bosques y la afectación a los radios de protección”, mencionó Kioscos.
La CAC hizo un llamado urgente a regular la industria inmobiliaria y el modelo de turismo de lujo que presionan los ecosistemas costeros y montañosos.
Finalmente, el grupo comunal manifestó su expectativa de que la intervención de la Contraloría marque un punto de inflexión.
