Escuche la versión en audio de este Reporte
1.
Procuraduría da la razón a Delfino.CR: Las votaciones concernientes a magistraturas no deben de ser secretas
— “Es inconstitucional que diputados voten en secreto la elección y no-reelección de magistrados”. Así de claro lo dijo la Procuraduría General de la República en el informe que envió ayer martes a la Sala Constitucional con respecto a la acción 19-11022-0007-CO interpuesta por Delfino.CR.
— ¿Qué pretendemos? Que las votaciones de los diputados en los procesos de elección y no-reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sean públicas. Nos han escuchado editorializar mil veces al respecto y visto que los diputados una y otra vez no hacen por dónde no nos quedó otro recurso más que presentar la acción de inconstitucionalidad que ya se tramita en la Sala.
— Lo anecdótico es que el criterio de la Procuraduría llega solo un día después de que los diputados de Restauración Nacional y sus tránsfugas impidieran aprobar una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa que, precisamente, pretendía establecer el voto público en los procesos de destitución de magistrados mediante el bloqueo de su reelección automática.
— El informe de la Procu es de 21 páginas y en él Julio Jurado Fernandez, procurador general, dice:
Es evidente que al encargar a la Asamblea Legislativa con la tarea de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución ha tenido por finalidad que dichos nombramientos se realicen a través de un procedimiento de carácter público, sujeto, por consecuencia, a escrutinio de parte de la ciudadanía de forma directa o por medio de los diferentes medios de comunicación e información.
— El documento también rescata el aludido artículo 117 de la Constitución Política que impone la publicidad y la transparencia como principios esenciales que deben regir el quehacer de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de todas sus competencias y atribuciones constitucionales y legales, de modo tal que queda una vez más evidenciado lo que hemos dicho hasta el cansancio: todo lo que los diputados han presentado para justificar su “práctica usual” son excusas inconstitucionales propias de un Congreso que por mucho tiempo le ha tomado el pelo al pueblo que tiene derecho a saber cómo han votado sus representantes.
— Por las mismas razones expuestas la Procuraduría también considera que la misma conclusión aplica en el caso de la no reelección de un magistrado: la votación debe de ser pública. De nueva cuenta repetimos nosotros: esta es la única interpretación que cabe de la Constitución Política el error (o el descaro) no crea derecho, así el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea diga misa.
— En la acción redactada por Luis Madrigal este medio expuso a la Sala Constitucional que el procedimiento para escoger a los magistrados mediante voto secreto de los diputados, se hizo a contrapelo de los artículos 121 inciso 3), 158, 163 y 164 de la Constitución, pues en ninguno de ellos se autoriza esa modalidad de voto. Al contrario, el artículo 117 de la Carta Fundamental dispone la publicidad de las actuaciones legislativas.
— De igual forma en la acción se citaron las actas de la Asamblea Nacional Constituyente donde, en ningún lugar ni momento, se establece que fuera la intención del diputado constituyente originario disponer que los magistrados de la Corte fueran electos o destituidos mediante el uso de voto secreto por parte de los diputados.
— Aunque algunos diputados han querido alegar que ellos pueden votar en secreto al tenor del artículo 93 de la Constitución, lo cierto es que ese artículo aplica para las elecciones de representantes populares (presidente, diputados, cargos municipales) y como dijo la Procuraduría, los diputados "no votan personalmente, sino como representantes del pueblo".
— El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, no había entregado el informe solicitado por la Sala Constitucional respecto a nuestra acción, al momento de redactar este Reporte. Una vez entregado, el caso pasará a estudio de un magistrado y posterior análisis del pleno de la Sala, para que decida sobre el futuro de las normas impugnadas. En general, todo el proceso suele tomar unos 18 meses.
— La buena noticia es que podríamos tener pronta respuesta de oooooootra acción de inconstitucionalidad que presentamos el año pasado aludiendo a un tema igualmente importante en el manejo del secretismo que tanto gusta a la Asamblea Legislativa. Por cierto, en ese caso la Procuraduría también nos dio la razón.
— Les hablamos del expediente 18-10546-0007-CO en que solicitamos la anulatoria de los artículos 87, 101, 104, 225 y 227 del reglamento legislativo, pues establecen como una regla general el secretismo de sesiones y votaciones del Congreso cuando se conocen acusaciones contra miembros integrantes de los Supremos Poderes, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones, votos de censura, la concesión de títulos honoríficos y las sesiones, actas e informes de la Comisión de Honores.
— En el informe que rindió la PGR para esta acción adujo que “La declaratoria de una sesión o de una votación como secreta debe ser excepcional y estar fundada en criterios de conveniencia general y en condiciones calificadas, tal y como lo ha aceptado la Sala (Constitucional) en otros asuntos” (el resaltado es nuestro).
— Actualmente la Sala Constitucional delibera sobre si anula o no los aludidos artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa y si por la víspera se saca el día estamos prontos a conocer su resolución. Les mantendremos al tanto.
2.
Corte echa para atrás con lista de suplentes de Sala II mientras tanto... #ElDiputadoPeñaMiente
— Después de que hace más de un mes la Corte votó afirmativamente la lista de 16 nombres recibidos de la Sala II para llenar los ocho puestos de suplencias, la Corte Plena decidió el lunes que el procedimiento estuvo viciado y deberá votarse nuevamente la lista.
— Recordemos que esa votación había sido impugnada por el actual magistrado suplente Héctor Blanco González —quien había quedado por fuera de la lista de 16— lo cual derivó en una discusión —con la penosa manifestación de ignorancia por parte de la magistrada Roxana Chacón Artavia incluida— en Corte Plena, y en que se solicitara a la Dirección Jurídica que analizara todo el proceso realizado para ver si había o no vicios de nulidad.
— El lunes de esta semana en la sesión de Corte Plena Rodrigo Campos Hidalgo, director Jurídico de la Corte, presentó el informe en el cual en efecto encontró una falla en el proceso que llevó a la votación de la lista.
— El error estuvo en que la Sala II presentó a la Corte Plena la lista de 16 nombres, sin dar razones de por qué se habían excluido a las demás personas. El proceso adecuado era entregar a la Corte el nombre de todas las personas que concursaron y, en el caso de que alguien quedara por fuera, incluir las justificaciones de su exclusión. De esa lista completa el pleno de la Corte tendría que escoger los 16 nombres para enviar a la Asamblea Legislativa.
— Ante el informe presentado, los magistrados Paul Rueda Leal y Fernando Castillo Víquez reconocieron que lo señalado por la Dirección Jurídica deja en evidencia que la Corte ha venido cometiendo un falló histórico a la hora de definir las listas para las suplencias en todas las salas, ya que esa decisión no puede pasar por un filtro previo de cada Sala, sin que se presente una debida justificación. Es la Corte Plena la que debe definir la lista final tomando en cuenta todas las personas que se postulen y cumplan con los requisitos constitucionales. #BienporEsto
— A pesar de la claridad del informe de la Dirección Jurídica la magistrada Chacón decidió apelar en su discurso al “así se ha hecho siempre” (¡cómo aprenden de los diputados! ¡qué horror!) para justificar la validez de la decisión original. Su posición terminó siendo rechazada por la Corte Plena, la cual declaró nulo el acuerdo del 17 de junio con votación de 15 a 4.
— Así las cosas, una nueva lista de personas saldría (¡por fin!) la próxima semana del desastre que ha sido el proceso en Corte Plena, para caer en otro inminente desastre: la Comisión de Nombramientos del Congreso....
— Aunque usted no lo crea (o bien, lo creerá, porque se lo advertimos) ayer quedó en evidencia que el diputado Rodolfo Peña Flores (PUSC) mintió a tres medios de comunicación (La Nación, El Semanario y Delfino.cr) para ocultar que había tenido una relación sentimental con Damaris Vargas Vásquez, quien es la candidata que lidera la lista de (por ahora) descalificados (eh, sí) que aspiran a la magistratura disponible en la Sala I.
— Vargas Vásquez compite por ese puesto vacante en la Sala I pero también para ser magistrada suplente en esa misma Sala —proceso para el cual la Comisión decidió que para hacer su recomendación no necesitará criterios objetivos—. Básicamente Vargas Vásquez está en todas las listas que puede, mientras su expareja de años (aunque la haya negado) es parte de la Comisión. #Coincidencias
— Ante todo lo expuesto dos cosas, que hemos venido repitiendo, vuelven a ser evidentes:
- Que el proceso de nombramientos de magistrados —propietarios y suplentes— requiere de una seria revisión y modificación, pero en la Asamblea y en la Corte eso parece nunca ser prioridad.
- La necesidad de que se apruebe el proyecto de ley para que los diputados puedan perder sus credenciales por faltas al deber de probidad, ya que en estos momentos situaciones como las del diputado Peña Flores, en claro conflicto de intereses ante las aspiraciones de su expareja sentimental, siguen sin estar normadas ni constituyen una falta, más allá de lo mal que se ve.
— Podemos y debemos ser mejores: no cuesta tanto. Que las cosas “siempre hayan sido así” no implica que no puedan o deban cambiar.
3.
Asociación guanacasteca batalla para que el INDER no le quite instalaciones del CEPROMA
— Mientras todo el Poder Ejecutivo se encuentra en la ya tradicional gira por la provincia de Guanacaste previa a la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya, en el pueblo de La Roxana del cantón de Nandayure, la Asociación para la Gestión Social y Productiva la Roxana corre para evitar que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) la prive del uso de las instalaciones del Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (CEPROMA) en la sede de la comunidad.
— Así nos lo hicieron saber los miembros de la Asociación esta semana, cuando nos relataron los detalles del proceso que iniciaron hace más de seis meses, luego de que la actual administración de la entidad entrase en funciones y se percatara de que un desorden de administraciones pasadas, los tenía al borde de un abismo que afectaría directamente a decenas de pequeños productores de la zona.
— Los CEPROMA son entidades que nacen a partir del Plan Nacional de Alimentos como unidades de negocios en los territorios rurales y su función es que los pequeños productores que siembran alimentos básicos tengan apoyo para hacerle frente al mercado. En las instalaciones y con la maquinaria que el INDER les entrega, los microempresarios procesan y guardan sus productos y además, según los datos del Instituto estos centros proveen de empleo a aproximadamente 500 personas de forma permanente y temporal a lo largo del país en zonas rurales consideradas de riesgo.
— Lo que sucedió en La Roxana es que la Asociación tiene vencidos los permisos de uso desde el 2015 por problemas que la actual administración achaca a las anteriores gestiones; además, y a pesar de, las autoridades del INDER los han dejado trabajar sin freno hasta marzo de este año cuando se presentó la primera alerta.
En marzo, el INDER nos solicitó que realizáramos los trámites para renovar el permiso de uso pero la administración del CEPROMA no se lo informó a la Junta. Por eso en junio, cuando los miembros de la Junta pidieron audiencia con el INDER para revisar el tema de los permisos, el INDER llegó con un ultimátum.
— Este ultimátum —que se comunicó el día 19 de junio— se debió a que "se identificaron una serie de incumplimientos e inconformidades tanto administrativas como de la capacidad productiva y organizativa, que fueron comunicadas respectivamente a la organización beneficiaria, dentro de los cuales se destacan entre otros, como de urgente atención los elementos vinculados a la formalización de la actividad productiva de la organización. El estudio recomendaba el finiquito del permiso de uso asignado a esta organización, en vista de que dichas inconformidades identificadas no habían sido atendidas", según nos indicó el INDER tras una consulta realizada por este medio.
— La Asociación asegura que tras este llamado de atención corrieron a cumplir con todos los requisitos de renovación de los permisos; sin embargo, esta gestión obtuvo una respuesta negativa por parte de la institución que les pidió devolver la administración del lugar.
— Es importante señalar que aunque los miembros de la Asociación se refieran al tema como un "desalojo", el INDER aseguró que "la institución no realiza desalojos, lo que corresponde en un proceso administrativo de finiquito de dicho permiso de uso, ante los incumplimientos reiterados y no atendidos por las organizaciones beneficiarias". Aún así, se llame A o se llame B, lo cierto es que para la Asociación la afectación sería igual de grande:
A nosotros no nos pueden desalojar, tenemos demasiado arroz aquí en las bodegas, más de 1500 quintales y ¿cómo vamos a ir a decirles a los socios que nos teníamos que ir, con la inversión que hizo cada uno (aproximadamente 100.000 colones cuando se abrió el Ceproma)?
— La Asociación asegura que la decisión de quitarles los derechos de uso de las instalaciones se tomó "sin importar la afectación que pudiera resultar de las decisiones para los pequeños productores parceleros por los cuales se había construido esos edificios" y que por eso "consideramos un atropello a la clase pobre y campesina que conforma esta pequeña asociación de productores, porque les están despojando de las instalaciones sin escuchar apelaciones y a pesar de que ya entregamos todos los requisitos, lo cual consideramos poco responsable y una broma de mal gusto, sabiendo los errores que las anteriores administraciones han cometido y su actuar de mala fe con nosotros". Los miembros además agregan que no tenían las "bases académicas para saber todo lo que se requería" y que eso les jugó en contra ahora que, cuatro años después, el INDER llega a pedirles las llaves.
— Por ello es que empezaron un proceso de apelación que tiene como base que el INDER los ha dejado trabajar sin permisos durante los últimos 4 años y que ahora, que ya presentaron todos los requisitos, no deberían quitarles los derechos de uso del sitio. Esta apelación ya llegó a oídos de la primera dama, Claudia Dobles Camargo, con quien los personeros de la Asociación conversaron durante la gira de la jerarca la semana pasada en la zona. Según la asociación, en el despacho "quedaron en resolver pero no nos han contestado".
— En el INDER, sin embargo, parece que la apelación sí empezó a moverse pues aunque el proceso de entrega de instalaciones estaba agendado para el día de hoy, "dicho estudio está siendo valorado nuevamente por la oficina regional, para definir si acoge total o parcialmente los elementos descritos en dicho estudio, y coordinar eventualmente con la organización los aspectos necesarios para el desarrollo formal de la actividad", según nos aseguró el Instituto en la consulta realizada.
— Estamos hablando de decenas de productores de zonas rurales que se verían sumamente perjudicados si el proceso avanza y por eso es imposible perderle el ojo a estos temas, muchísimo menos ahora que nos podemos dar una noción más clara de cuál es la situación económica del país. Nos mantendremos atentos.
Bonus Track: Ejecutivo decreta emergencia por déficit hídrico en Guanacaste y otras regiones del país.
4.
Barra de Prensa
Este martes se aprobó en segundo debate el tercer presupuesto extraordinario del 2019, en primer debate el cuarto y ya llegó el quinto para el trámite de los diputados. El PUSC impulsa reducir el impuesto a los combustibles para reactivar la economía, y permitir a las empresas pagar cargas sociales e impuestos de forma escalonada durante seis años, así como una amnistía por deudas con el Seguro Social. Por otro lado, el proyecto para regularizar Uber pasará a primer lugar de la Comisión de Económicos y el Procurador General le recuerda a los diputados que no pueden manosear el FEES. Todos los detalles en Barra de Prensa.
5.
Barbas en Remojo
Señor diputado Rodolfo Peña Flores: inhíbase. Hágase a un lado. Su caso es un buen ejemplo de por qué no sirve inventar. Tarde o temprano, sostener una mentira, resulta imposible. El cuento se cae. El mejor negocio es decir la verdad. Por la razón que sea usted prefirió mentirnos. A ningún periodista, créame cuando se lo digo, le gusta estar preguntando por la vida privada de nadie. Pero servimos a la patria y al interés público y si una situación irregular (a todas luces) se presenta, no podemos obviarla. Usted está a tiempo de corregir. Haga lo correcto, hágase a un lado y permita que el proceso continúe sin despertar las sospechas que usted muy bien sabe ya están agitando las aguas de la Corte y del propio Congreso.
6.
Palabras Prestadas
"Hacer pública la elección de magistrados era una oportunidad para recuperar confianza de la ciudadanía en la #AsambleaLegislativa y en los partidos políticos. Achará tantas oportunidades que se dejan pasar en este país..."
"Las votaciones de ese calibre ser públicas y transparentes. Los diputados están ahí no para ejercer su voto personal sino para darlo en representación del pueblo. Esa decisión es un mal indicador y un mal precedente".
"La ciudadanía merece saber cómo votan sus representantes. Verdaderamente lamentable que 17 compañeros hayan rechazado de nuevo la oportunidad de traer transparencia al proceso de votación pública de Magistrados de la Corte".
"¿Por qué? Esta es la pregunta que debiéramos hacernos frente a esta noticia: ¿Por qué quieren sepultar el voto público en la reelección no reelección de magistrados?"
7.
Botonetas
— ¿Existe un método para propiciar la discusión racional? No se pierdan este texto en el que Felix Alejandro Cristiá en Teclado Abierto, en el que profundiza sobre este tema.
— Finalmente, tras 15 de estar negándose a hacerlo, la Real Academia de la Española (RAE) se está planteando incluir el término ‘violencia de género’ en el diccionario. Lean todos los detalles en esta nota de El País.
— ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Quién es Ricardo Rosselló y a qué refiere el escándalo del grupo de Whatsapp en el que se filtraron comentarios homófobos y misóginos de su parte (que bien servirían de lección para algunos políticos en Costa Rica)? No se queden sin leer todos los detalles en esta nota.
— Además, y siguiendo con temas internacionales, esta semana se cumplen 6 meses desde que Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela ¿qué ha pasado en el país sudamericano en este tiempo? CNN aquí lo detalla.
— Si aún no tienen planes para este fin de semana, tomen nota del stand up comedy que está organizando el colectivo Transcendentes en Open Mind este sábado en la Calle de la Amargura, en San Pedro. La actividad empieza a las 8:30 de la noche y las entradas tienen un costo de 3 mil colones que pueden adquirir en preventa escribiendo al teléfono 6196-0593.
— Por otro lado, y siguiendo con los planes de fin de semana, les contamos que este jueves arrancan las funciones de la obra Marx ha vuelto del reconocido actor argentino-nicaragüense (radicado en El Salvador) Leandro Sánchez. No se lo pierdan en el Teatro Vargas Calvo y recuerden que pueden reservar su entrada llamando al teléfono 2010-1110.
— El Museo Nacional celebrará este fin de semana el 195 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. El Festival de la Anexión se llevará acabo el próximo domingo 28 de julio en su sede central en San José, de 10 de la mañana a 3 de la tarde con una feria de diseño, artesanías y comidas tradicionales. No se lo pierdan.
— La Compañía Lírica Nacional (CLN) estrena este fin de semana la obra “Madama Butterfly”, en el escenario del Teatro Popular Melico Salazar. Las funciones serán el viernes 26 de julio, a las 7:30 p.m., en función de estreno; el domingo 28 de julio, a las 5 p.m.; el martes 30 de julio, a las 7:30 p.m.; el jueves 1 de agosto, a las 7:30 p.m., y el domingo 4 de agosto, a las 5 p.m y lo boletos se pueden comprar en el sitio web https://specialticket.net/mdbt.php.
— Cerramos el reporte de este miércoles con la siguiente recomendación: por favor, dedíquenle un pedacito de su mañana a ver este video, Diferencia entre Ideología de Género y Política de Género. Que tengan muy buen día y nos leemos mañana. :)









