Es la segunda mujer en la historia en presidir la Corte Suprema de Justicia y su nombramiento completa una configuración inédita en la conducción de las instituciones del Estado.
La magistrada Patricia Vargas González fue electa este lunes 26 de octubre como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el período 2026-2030, luego de una elección que requirió cinco rondas de votación y que se resolvió cuando dos magistraturas trasladaron sus apoyos a su candidatura. Vargas González obtuvo los 12 votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de las 22 personas integrantes de Corte Plena que participaron en la sesión.
Su nombramiento marca un acontecimiento histórico: por primera vez en Costa Rica, los cuatro poderes de la República están presididos simultáneamente por mujeres. Vargas González se suma a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas; y la presidenta del TSE, Eugenia María Zamora Chavarría.
La nueva presidenta judicial también se convierte en la segunda mujer en ocupar ese cargo en los 200 años de historia del Poder Judicial. Hasta este lunes, la única había sido Zarela Villanueva Monge, quien presidió la Corte entre 2013 y 2017. Vargas González sucede a Orlando Aguirre Gómez, quien ejercía la Presidencia desde septiembre de 2022 y decidió no buscar la reelección.
Una elección resuelta en la quinta ronda
La elección comenzó con cuatro candidaturas: Damaris Vargas Vásquez, de la Sala Primera, y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Patricia Solano Castro y Patricia Vargas González, de la Sala Tercera. Las cuatro personas expusieron sus propuestas de gobierno judicial durante una sesión pública y posteriormente respondieron preguntas de las demás magistraturas.
La primera ronda terminó con nueve votos para Patricia Vargas, seis para Patricia Solano, cuatro para Gerardo Rubén Alfaro y tres para Damaris Vargas. Ninguna candidatura alcanzó la mayoría absoluta de 12 votos.
En la segunda votación, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, de la Sala Primera, trasladó su respaldo de Patricia Solano a Patricia Vargas, con lo cual esta última aumentó a diez votos y Solano descendió a cinco. Alfaro y Damaris Vargas conservaron sus cuatro y tres apoyos, respectivamente.
La tercera y la cuarta ronda repitieron exactamente los resultados de la segunda, sin cambios en las preferencias individuales. Después de la tercera votación, Corte Plena realizó un receso de 20 minutos antes de continuar con las dos rondas restantes previstas para la jornada.
El desenlace llegó en la quinta votación, cuando Julia Varela Araya, de la Sala Segunda, y Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional, cambiaron sus votos de Patricia Solano Castro a Patricia Vargas González, quien alcanzó así los 12 respaldos que necesitaba para resultar electa.
También hubo movimientos hacia la candidatura de Gerardo Rubén Alfaro. Damaris Vargas Vásquez dejó de votar por sí misma y respaldó al magistrado de la Sala Tercera, al igual que Anamari Garro Vargas y Luis Fernando Salazar Alvarado, quienes habían apoyado a Damaris Vargas durante las cuatro rondas anteriores.
El resultado definitivo fue de 12 votos para Patricia Vargas, siete para Gerardo Rubén Alfaro y tres para Patricia Solano. Damaris Vargas terminó la elección sin votos.
Los 12 apoyos que permitieron elegir a Patricia Vargas provinieron de Jorge Leiva Poveda, Carlos Guillermo Zamora Campos y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, de la Sala Primera; Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Julia Varela Araya y Jorge Olaso Álvarez, de la Sala Segunda; Patricia Vargas González y Aisen Herrera López, de la Sala Tercera; y Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal e Ingrid Hess Herrera, de la Sala Constitucional.
El debate sobre la representación de las mujeres
La elección estuvo precedida por pronunciamientos de organizaciones feministas, colectivos ciudadanos y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica que solicitaron a las magistraturas elegir a una mujer para dirigir el Poder Judicial.
El tema ocupó parte importante de las intervenciones durante la sesión. Patricia Solano Castro defendió expresamente que había llegado el momento de que una mujer ejerciera nuevamente la Presidencia de la Corte, al considerar que la institución debía mostrar coherencia entre sus compromisos con la igualdad de género y sus decisiones sobre los puestos de mayor jerarquía.
Durante el período de preguntas, el magistrado Paul Rueda Leal consultó a las candidatas si estarían dispuestas a respaldar a otra mujer en caso de que ninguna consiguiera los votos suficientes en las primeras rondas. La consulta se produjo después de que el magistrado mencionara los pronunciamientos ciudadanos que reclamaban una mayor representación femenina en la conducción judicial.
Patricia Solano reiteró su posición favorable a que una mujer asumiera la Presidencia. Damaris Vargas consideró que responder anticipadamente implicaría adelantar criterio sobre el desarrollo de la elección, mientras que Patricia Vargas destacó las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres para avanzar hacia los puestos superiores de la carrera judicial y la importancia de abrir oportunidades para las nuevas generaciones.
Gerardo Rubén Alfaro, por su parte, sostuvo que la elección no debía resolverse exclusivamente a partir del género, sino considerando las capacidades de liderazgo de quienes aspiraban al cargo.
Las diferencias también quedaron expuestas en las intervenciones previas a la votación. Roxana Chacón Artavia, de la Sala Segunda, anunció que no votaría por una mujer, pese a reconocer las capacidades de las tres candidatas, porque consideraba prioritario impulsar una transformación de la justicia penal y atender los atrasos en los procesos por delitos sexuales y violencia contra las mujeres. Su voto fue para Gerardo Rubén Alfaro.
En sentido contrario, Julia Varela Araya anunció que apoyaría una candidatura femenina y explicó que su primera opción sería Patricia Solano, seguida de Damaris Vargas y posteriormente Patricia Vargas González. Finalmente, en la quinta ronda, pasó directamente de apoyar a Solano a votar por Vargas González, uno de los dos cambios que definieron la elección.
El magistrado Rafael Segura Bonilla también justificó públicamente su respaldo a Gerardo Rubén Alfaro, de quien destacó su trayectoria institucional, su experiencia en justicia restaurativa, sus propuestas para reducir el rezago y su disposición al diálogo con otros poderes de la República.
Las propuestas de la nueva presidenta
Patricia Vargas González integra la Sala de Casación Penal desde 2023 y acumula más de 25 años de carrera judicial. Es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y cuenta con una maestría en Ciencias Penales y una licenciatura en Derecho y Notariado por la Universidad de Costa Rica. También ejerce la docencia universitaria.
Durante su exposición ante Corte Plena presentó un programa organizado en nueve ejes, con énfasis en la defensa de la independencia judicial, la reducción del rezago, la modernización tecnológica, la comunicación institucional, la transparencia y el fortalecimiento del personal.
Una de sus principales propuestas consiste en extender a todo el país un modelo de monitoreo continuo de los despachos judiciales, mediante herramientas que permitan identificar expedientes antiguos, detectar atrasos, anticipar riesgos y tomar decisiones correctivas antes de que los problemas se agraven.
La magistrada también planteó acelerar la digitalización de los expedientes en materia penal y penal juvenil, tanto en los tribunales como en el Ministerio Público, y avanzar en el uso de inteligencia artificial para tareas de apoyo, gestión documental, búsqueda de jurisprudencia y preparación de borradores de resoluciones, siempre bajo supervisión humana.
En materia penal propuso además recuperar tribunales itinerantes para atender procesos por delitos sexuales y violencia contra las mujeres, con el propósito de reducir los tiempos de espera en causas que, según explicó, continúan acumulándose pese a los esfuerzos institucionales.
Otra de sus prioridades será impulsar la aplicación del nuevo régimen disciplinario judicial, incluida la elaboración de una política de persecución disciplinaria que establezca prioridades y criterios para investigar faltas, sin menoscabar las garantías del debido proceso.
También defendió revisar la distribución de competencias de Corte Plena para que el máximo órgano judicial dedique más tiempo a las decisiones estratégicas, mientras otras instancias asumen tareas administrativas que legalmente puedan delegarse.
Las restricciones presupuestarias, uno de los principales desafíos
La elección ocurrió en medio de la controversia por el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, expediente 25.754, que contiene normas de ejecución que el Poder Judicial considera lesivas para su independencia y su capacidad de funcionamiento.
Durante su presentación, Vargas González advirtió sobre el impacto que podrían tener esas disposiciones, particularmente las restricciones al uso de 2.463 plazas que administrativamente figuran como vacantes, pero están ocupadas por personal interino, así como las condiciones impuestas para utilizar cerca de ₡30.000 millones del presupuesto institucional.
Según informó el Poder Judicial, el proyecto presupuestario condiciona el acceso a ₡29.843,8 millones y establece requisitos adicionales para la utilización de plazas, lo que, a criterio de la institución, podría afectar la continuidad de diversos servicios judiciales.
La nueva presidenta sostuvo que, además de defender los recursos institucionales, será necesario preparar planes de contingencia para identificar qué despachos y servicios enfrentarían mayores afectaciones si las restricciones llegan a aplicarse.
La defensa de la independencia judicial frente a las decisiones de otros poderes también formó parte de las preguntas formuladas durante el debate. El magistrado Fernando Cruz Castro pidió a las candidaturas pronunciarse sobre el alcance del artículo 149, inciso 5, de la Constitución Política, que contempla la responsabilidad del presidente de la República y sus ministros cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial.
Las respuestas mostraron diferencias sobre los alcances de esa disposición. Vargas González señaló que las eventuales responsabilidades deben analizarse según las circunstancias concretas y tramitarse por las vías legales correspondientes, mientras Patricia Solano defendió una interpretación según la cual la norma permite exigir responsabilidad personal a las autoridades involucradas en actuaciones que obstaculicen el funcionamiento judicial.
Juramentada durante la misma sesión
Una vez concluida la quinta ronda, el magistrado Orlando Aguirre Gómez, encargado de dirigir el procedimiento de elección, declaró electa a Patricia Vargas González y procedió inmediatamente a tomarle el juramento constitucional.
Tras asumir el cargo, la nueva presidenta agradeció a sus compañeros y compañeras el respaldo recibido y manifestó que su gestión estará orientada a construir acuerdos dentro de Corte Plena, fortalecer el trabajo conjunto y mantener la defensa de la independencia judicial.
Vargas González también expresó su compromiso con las personas servidoras judiciales y con la ciudadanía, que espera respuestas oportunas de los tribunales. La magistrada enfatizó que la conducción del Poder Judicial debe ser una tarea compartida entre las distintas salas y dependencias institucionales.