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— La semana pasada aludimos al jalón de orejas que le hizo la ONU a Costa Rica por sus conocidos y eternos problemas a la hora de elegir magistrados. Sí, la cosa ya escaló a nivel internacional.
— Pues bien, no se había ni secado la tinta en la carta que recibimos cuando ya la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa nos estaba dando nuevos dolores de cabeza cortesía de sus usuales decisiones ambiguas e incomprensibles. Y bueno, ya que estamos, la propia Asamblea también...
— Hagamos el recuento de los incidentes registrados solo en la última semana.
— Primero... como bien reportó Luis Madrigal en Barra de Prensa, la Comisión de nombramientos definió que evaluará a las diez personas que aspiran a una de las cinco plazas de magistratura suplente para la Sala Primera sin una escala que defina qué puntaje se le dará a cada candidato de acuerdo a sus atestados y desempeño en la entrevista. Es decir, tomarán la decisión con parámetros 100% subjetivos.
— Segundo... el temita de la elección de una magistratura para la Sala I que está muy, muy incómodo. En palabras del filósofo Andi Mirom: “Lo acontecido para el concurso que pretende llenar una plaza de Magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia es impresentable, pero que se puede esperar de los diputados de esta Asamblea Legislativa: ¡poco o nada!”. #FuertesDeclaraciones
— ¿Qué pasó? Probablemente la mayoría de ustedes saben que existe una vacante en la Sala Primera y que la Comisión de Nombramientos definió que de todas las personas que participaron para el puesto ninguna alcanzó la nota mínima para seguir en concurso. Es decir, revisaron 14 candidaturas y determinaron que ni una sola amerita ser entrevistada pues ninguna llegó a la nota mínima de 75.
— ¿La sorpresa? Eran 15 candidaturas pero solo se evaluaron 14 aduciendo que en el caso del Dr. Enrique Ulate Chacón hacía falta un documento clave. Usted se pregunta: ¿cuál es ese documento que amerita sacar de concurso a la persona que según sus atestados con toda seguridad habría alcanzado la aludida nota mínima?
— Nada menos y nada más que una declaración jurada certificando que el candidato no milita en ningún partido político. ¡Plop! ¿La broma de mal gusto? A) Ya el señor Ulate ha presentado ese documento antes pues no es la primera vez que aplica a una magistratura (Ley de simplificación de trámites, ¿alguien?) B) El señor Ulate es juez de la República, razón por la cual pedirle ese documento es innecesario visto que la prohibición de militancia política es inherente a su cargo como administrador de justicia.
— Aquí es donde resulta importante recordar que Ulate fue uno de los dos únicos candidatos con nota “A” según el Foro de Justicia cuando concursó el año pasado por un puesto de la Sala Constitucional. Así de sólido es su perfil desde todo criterio objetivo. Naturalmente los diputados no lo eligieron entonces y ... lo sacan por la tangente ahora.
—Por eso cabe citar a Mirom de nuevo: “El proceso de elección de Magistrados se ha convertido en un farsa política y jurídica”. Vaya que sí. En fin. El juez Ulate ya presentó un recurso de amparo alegando que el papel en cuestión no es un requisito en la Constitución Política y ya la ACOJUD (Asociación Costarricense de la Judicatura) presentó una coayudvancia ante la Sala Constitucional.
— Será interesante darle seguimiento a lo que resuelva la Sala, aunque de mantener la línea de su jurisprudencia es predecible que la cosa no llegue a buen puerto (básicamente el Congreso puede pedir lo que quiera y cambiar las reglas cada vez según le parezca pertinente de acuerdo a lo que desee precisamente porque nuestro sistema para elegir magistrados es una broma).
— Ahora bien. Si alguno de los 14 “desechados” apela —ya más de la mitad lo hicieron— y logra subir su nota a 75 el proceso continuará. Caso contrario, tendría que empezar de cero, escenario que permitiría a Ulate Chacón aplicar de nuevo... pero nada pareciera indicar que a los diputados les agrade esa idea.
— Ojo, entonces, a los parámetros elegidos para los diputados para tomar su decisión, que ya de por sí, como bien evidencia el propio Ulate en el artículo del Semanario (están “haciendo un traje a la medida”), resultan altamente sospechosos.
— No puede pasar desapercibido un dato incómodo. La nota más alta entre los 14 descalificados es la de Damaris Vargas Vásquez, quien obtuvo un 71. El tema es que el diputado Rodolfo Peña Flores, del PUSC, tuvo en el pasado una relación de noviazgo con Vargas que podría poner en entredicho su objetividad a la hora de evaluar su candidatura.
— Lo extraño del caso es que mientras Vargas elude referirse a la relación al ser consultada por medios de prensa Peña del todo la niega. A La Nación le dijo lo mismo que a nosotros: que la conoció en su época de estudiante universitario hace más de 30 años y que luego perdió contacto con ella. Really?
— La cosa se complica más. Peña niega su cercanía con Vargas pero sostiene que sí tiene una amistad con Ulate, quien por su cuenta ya ha desmentido que exista tal relación entre ellos. Y aquí es donde procede exigir transparencia y claridad. Si en efecto Peña mantiene una relación cercana con Vargas debería de inhibirse de participar en este concurso y aclarar a la ciudadanía por qué ha querido dar a entender lo contrario. Además, ¿qué persigue aduciendo que es amigo de Ulate cuando no es el caso?
— Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia porque el río suena... y mucho.
— Por último, si quieren un tercer elemento para preocuparse más... no se pierdan el Barra de Prensa de hoy. Otro ejemplo de que cuando nos dejamos, nos ven la cara de tontos. Una y otra vez.
