Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron este martes tres proyectos de ley que, según ellos, son "verdaderamente efectivos para la generación de empleo, la reactivación económica y la generación de riqueza y prosperidad para todos".
La primer iniciativa se tramitará bajo el expediente 21.521 y pretende disminuir el Impuesto Único a los Combustibles, el cual actualmente equivale al 34% del precio al consumidor para la gasolina súper, regular y el diésel.
¿Por qué es tan caro ese impuesto? Porque cuando se concibió legislativamente hablando se dispuso que el mismo se actualizara conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. De ese modo, cada año que la inflación subió desde ese entonces, el impuesto creció, y creció, y creció hasta ser lo que es hoy.
Dato D+: El impuesto a los combustibles es la tercera fuente de ingresos más importante para el Gobierno Central, con una recaudación proyectada para este año de 1,44% del PIB.
La iniciativa de los socialcristianos es reducir en un tercio el monto del impuesto para llevarlo a niveles similares a los del resto de países de Centroamérica, así como establecer un valor máximo del impuesto del 40% del precio internacional del combustible.
El año pasado el fisco recolectó cerca de ¢575.000 millones ($960 millones), monto que equivale a un 60% de la factura petrolera nacional que fue de $1.618 millones en el 2018. Este impuesto es desproporcionado y le quita a las familias costarricenses recursos que se dedicarían al consumo y a la reactivación económica, tan necesaria en nuestro país.
Aunque el proyecto causaría un perjuicio en la recaudación de ese impuesto para Hacienda, los diputados afirman que el mismo se equilibraría con una recuperación de impuestos vía IVA, Renta y otros, superior (según cálculos conservadores) al 42% de la reducción propuesta debido al incremento del PIB que se produciría con la reducción del impuesto. El porcentaje restante debería ser cubierto con una reducción de los gastos del sector público, una disminución de los subsidios cruzados y con recursos externos.
La segunda iniciativa socialcristiana es una amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, tramitada bajo el expediente 21.522. En ella se detalla que al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la Caja Costarricense de Seguro Social 71.445 millones de colones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones.
La amnistía sería concedida a los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos y aplicaría para la condonación de cobros por mora, multas, sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja por el Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, Ley de Protección al Trabajador, y la recaudación que realiza a otras entidades mediante las cuotas obrero-patronales.
La amnistía aplicaría siempre y cuando el interesado regularice su situación dentro del plazo de 6 meses después de la entrada en vigor de la ley, ya sea a través del pago en un solo tracto, o bien a través de un convenio o arreglo de pago con la Caja cuyo plazo no podrá exceder cinco años.
Finalmente, el tercer proyecto se tramitará en el expediente 21.520 y lleva como nombre Ley de incentivos para la generación de emprendimientos y empleo, usando como marco de referencia el hecho de que 294 mil personas no consiguen trabajo.
La idea de los congresistas es otorgar beneficios, incentivos y mecanismos para estimular la reactivación económica, la generación de empleo y el desarrollo de emprendimientos en zonas de menor desarrollo relativo. Dichos incentivos estarían estructurados de manera escalonada y de reducción paulatina, de modo que en un plazo de 6 años cuando la empresa se consolide, empezará a contribuir al 100% con sus obligaciones tributarias y cargas sociales.
Por ejemplo, las empresas pagarían por el aporte al Fodesaf, INA y CCSS el 5% durante el primer año, el 25% durante el segundo y tercer año, el 50% durante el cuarto año, el 75% durante el quinto año y el 100% a partir del sexto año.
La misma escala se aplicaría para el impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la renta y patentes, tasas e impuestos municipales.
Proyecto sobre Uber a primer lugar
La Comisión de Asuntos Económicos aprobó por unanimidad dar prioridad al proyecto de ley que pretende regular Uber y plataformas de transporte similares.
La decisión fue emitida tras una reunión entre diputados y el gremio taxista, el cual se manifestó este martes exigiendo a los diputados acelerar el trámite de este proyecto.
Precisamente tras conocer de la decisión del órgano legislativo, los taxistas rojos levantaron la protesta.
Roberto Thompson, diputado integrante de la Comisión de Económicos detalló que el proyecto presentado por el Ejecutivo el 22 de enero ya cumplió con el periodo de audiencias y que el gremio presentó propuestas de texto sustitutivo el 4 de junio y el 2 de julio, además que la subcomisión que lo estudia tiene plazo hasta el 9 de agosto para rendir el informe.
Procurador le reitera a los diputados: NO pueden recortar el FEES
El procurador general de la República, Julio Jurado Fernández, le reiteró una vez más a los diputados que está fuera de sus posibilidades constitucionales el recortar el monto que el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas negocien en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Ante consulta del diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC, secretario de la Comisión Especial que estudia el FEES, Jurado insistió a los legisladores que de la actual lectura de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa no puede modificar lo que acuerden el Ejecutivo y las universidades a la hora de establecer el monto del FESS.
Abarca criticó que las negociaciones del FESS se hagan en automático y sin ninguna delimitación por parte del Poder Ejecutivo, ni ninguna rendición de cuentas exigidas hacia el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en función de esa orientación de recursos.
Claramente aquí nadie está pretendiendo cortarle, nada al FESS, por ahorrarme plata, no es la intención, la intención es por el contrario tratar de orientar como es la inversión de ese fondo y también hacer una distribución un poco más equitativa, entre las universidades, lo cual es evidente que no está sucediendo
Debido a esa circunstancia, los diputados de la Comisión coincidieron en que es necesario impulsar una reforma constitucional, algo que ya genera alarma dentro de las universidades estatales.
A través de un comunicado, Conare afirmó que la reforma pretendida "sometería la educación superior a los intereses de los legisladores de turno y de los grupos interesados en el debilitamiento de la educación universitaria pública, con esta decisión algunos diputados pretenderían tomar decisiones sobre el monto, el destino y la administración de los fondos del FEES".
Es preocupante que la Comisión Legislativa que estudia el FEES emita criterios anticipados y busque desde ahora modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, sin haber concluido los procesos de audiencia y análisis para emitir recomendaciones y sin siquiera haber escuchado aún a las Federaciones de Estudiantes, a las Vicerrectorías, a los Consejos Universitarios o a los mismos rectores.
Proyectos aprobados
Este martes los diputados aprobaron dos proyectos de ley en segundo debate y otros dos en primer debate.
El primero en votarse fue el expediente 20.822, el cual aprueba el convenio entre Costa Rica y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) relativo a la sede de ese organismo. Precisamente este martes se leyó la resolución de la Sala Constitucional en la que se concluyó que el mismo no tiene vicios de fondo ni de procedimiento. 43 diputados votaron a favor.
Posteriormente, 41 diputados aprobaron el tercer presupuesto extraordinario de la República del 2019 tramitado en el expediente 21.427, el cual contiene 23 mil millones de colones de ingresos nuevos, de los cuales 21 mil millones se destinarán a infraestructura y transporte; y 1500 millones para factura electrónica. Otros 40 mil millones de colones se trasladarán desde el Servicio de la Deuda a CONAVI para rehabilitación de vías.
Se trata del mismo presupuesto en el que se rechazó trasladar recursos de los CEN-CINAI al Ministerio de Salud para cubrir gastos por servicios de seguridad y limpieza.
También se aprobó, pero en primer debate, el expediente 21.475: cuarto presupuesto extraordinario de la República, el cual contiene 5700 millones de colones para el pago de planilla de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por tres meses, mientras la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso tramita el proyecto que definirá las opciones que se le darán a los centenares de funcionarios de esa institución que deben ser despedidos para que la misma alcance estabilidad financiera al corto plazo.
Este presupuesto extraordinario fue apoyado por 42 diputados y solo votó en contra Erick Rodríguez. Asimismo, Delfino.cr detectó que el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional (curul 51) se ausentó de la votación pese a que participó de la discusión del expediente. Ello, reglamentariamente, debe acarrear la pérdida de su dieta correspondiente a este martes.
Por último, 41 diputados dieron primer debate al expediente 20.638 que autoriza a la Municipalidad de Valverde Vega (ahora Sarchí) a desafectar dos lotes de su propiedad para donarlos.
Aunque no se votó, el expediente 20.649 que propone inhabilitar al contratista que incumpla con la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública, fue modificado por el fondo por 41 diputados, tras apoyar una moción para modificar la redacción del texto, con la cual se clarifica el procedimiento y causales bajo las cuales se aplicará dicho castigo.
Breves
— Ya llegó al Congreso el QUINTO presupuesto extraordinario del 2019. ¿Por qué tantos? Porque los diputados se pusieron estrictos con las normas presupuestarias que rigen para este año, de modo que para las modificaciones que el Ejecutivo antes podía hacer por decreto, ahora requiere una ley.
— Agradecemos a los diputados y diputadas que presentaron o preparan coadyuvancias activas para la acción de inconstitucionalidad que pretende hacer público el voto de los congresistas en procesos para elegir magistrados o votar por su destitución al bloquear la reelección automática.
