Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Restauración y sus tránsfugas insisten en votación secreta para destituir magistrados

Restauración y sus tránsfugas insisten en votación secreta para destituir magistrados

Los diputados de Restauración Nacional y sus tránsfugas leales a Fabricio Alvarado volvieron a impedir aprobar una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para imponer la votación pública en los procesos para destituir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mediante el bloqueo de su reelección automática.

Tal y como ocurrió el 24 de junio anterior, el expediente 21.491 para adicionar un artículo 228 bis al Reglamento del Congreso que haría esos procedimientos con voto público y no secreto, fue rechazada al no alcanzar la supermayoría necesaria de 38 diputados a favor de la iniciativa.

En la primera votación en junio el expediente alcanzó 32 votos a favor, 19 en contra y 6 ausentes; mientras que este lunes se alcanzaron 34 votos a favor, 17 en contra y 6 ausentes. Respecto a la votación inicial, cambiaron su voto de "en contra" a "a favor" Oscar Cascante y Aracelly Salas del PUSC; y pasó de "a favor" a "en contra" Luis Antonio Aiza del PLN.

Dado que el proyecto ya había sido discutido en junio, no hubo argumentación esta vez sobre la votación en un sentido u otro. Sin embargo, es menester recordar que Restauración Nacional había dicho que apoyaría la reforma si la misma se sometía a votación en un momento que no coincidiera con el proceso de no-reelección de un magistrado de la Corte, circunstancia que en este momento se cumplía. Sin embargo, su palabra fue incumplida.

Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración, justificó así el voto en contra de su bancada:

Se han satanizado las votaciones privadas, se quiere decir que toda votación privada no es transparente y eso no es cierto, porque entonces habría que votar públicamente en las elecciones para escoger al Presidente de la República y a los diputados. Hay cosas que requieren de cierta privacidad

Precisamente, previendo que la Asamblea no tendría la voluntad de aprobar la reforma reglamentaria para transparentar los procesos de elección y no-reelección de magistrados, es que desde Delfino.cr impulsamos la acción de inconstitucionalidad 19-011022-0007-CO, la cual se encuentra dentro del plazo de recepción de coadyuvancias.

Otro ridículo

La diputada Nidia Céspedes Cisneros, una de las tránsfugas de Restauración Nacional, evidenció que a un año y dos meses de haber asumido la curul no ha aprendido las cosas más básicas de su función como legisladora, ni su equipo de asesores pudo alertarla para evitar hacer el ridículo.

Resulta que el pasado 4 de julio, la legisladora presentó tres mociones de fondo al expediente 20.696 denominado "Aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes" que como su nombre bien lo dice, consiste en aprobar un protocolo adicional a una convención internacional.

Resulta que, como debería saber cualquier diputado que se haya preocupado por conocer las limitaciones básicas de su función, y tal y como lo advirtió el Departamento de Servicios Técnicos en su informe técnico-legal respecto a este proyecto, la aprobación legislativa de un tratado, convenio, o protocolo adicional, no es actividad legislativa ordinaria, sino una potestad especial de control político establecida en la Constitución Política (artículo 121 inciso 4°).

No corresponde entonces a la Asamblea modificar o enmendar el texto sometido a su consideración por parte del Poder Ejecutivo, sino tan solo “aprobar o improbar” dicho texto, sin que le sea válido introducir cambios o modificaciones.
-Servicios Técnicos

Léase: Los diputados no pueden presentar mociones para modificar el fondo de un tratado, convenio o protocolo adicional a estos, ya que su función se limita únicamente a aprobar o improbar el texto integral que sometió para su conocimiento el Ejecutivo. Punto.

El problema no solo es la presentación de las mociones, sino lo que la diputada presentó. Las tres proposiciones "pretenden" modificar el artículo 3 del proyecto para explícitamente negarle a las personas jóvenes el derecho a elegir y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género. 

La segunda moción que presentó Céspedes "pretende" eliminar la obligación del Estado de prevenir y sancionar todas las formas de discriminación contra las personas jóvenes por motivos de orientación y/o identidad de género.

Finalmente, su tercera moción "pretende" eliminar la obligación del Estado de fomentar programas de educación y concientización para las personas jóvenes en cuestiones de identidad de género.

El proyecto continúa tramitándose en la Comisión de Asuntos Internacionales, la cual es presidida por Ana Karine Niño de Liberación Nacional, y quien tiene en su poder ahora declarar la inadmisibilidad de las mociones presentadas por Céspedes, al ser estas inconstitucionales.

Proyectos aprobados

Este lunes se aprobaron cinco proyectos de ley en primer debate. Los diputados están a un proyecto de ley más votado en segundo debate de equiparar la cifra de iniciativas aprobadas durante el primer periodo de sesiones ordinarias de la primera legislatura (35), por lo que se espera que la "marca" sea alcanzada y superada el próximo jueves.

El primer proyecto aprobado con 44 votos a favor fue el expediente 19.905 "Adición de un artículo 68 Bis al Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas". Esta iniciativa otorga a las municipalidades la condición de "administraciones tributarias" y, en consecuencia, tendrán las facultades para ejercer fiscalización y control en la recaudación de los diversos tributos a ellas asignados.

Para cumplir con esa función, los gobiernos locales podrán intervenir en cualquier momento previa notificación al obligado, dentro de los plazos establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Además, las municipalidades tendrán las facultades establecidas en esa misma ley y en cuanto a ilícitos tributarios dispondrán también de las facultades establecidas en el Título III de dicho Código, en lo que se refiere a infracciones y sanciones administrativas.

Cuando una municipalidad, en la fase de fiscalización de los tributos que administra, tenga noticia que se ha cometido un presunto delito, procederá a denunciarlo al Ministerio Público.

De seguido, 44 diputados dieron primer debate al expediente 21.158 que autoriza al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) a donar un inmueble de su propiedad al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que el espacio donde se construyó el Centro Nacional de Congresos y Convenciones pase a estar a su nombre.

También la misma cantidad de legisladores dio primer debate al contrato de préstamo suscrito entre Costa Rica y el Banco KFW Frankfurt Am Main por $90 millones para financiar el programa de saneamiento de aguas de Quepos, Golfito, Jacó y Palmares, tramitado en el expediente 21.249.

De seguido, 43 diputados dieron primer debate al expediente 21.292 que reforma la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para permitir la apertura de sucursales de bancos extranjeros en el país, además de hacer las modificaciones legales necesarias para que estas operen en igualdad de condiciones a las de los bancos del país, incluyendo la obligación de destinar el equivalente al 5% de sus utilidades netas a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).

Para poder abrir la sucursal en el país, los bancos extranjeros deberán contar con la autorización del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), de conformidad con el reglamento que este apruebe al efecto y deberá cumplir con lo dispuesto en el Código de Comercio.

Finalmente, se aprobó el expediente 20.874 con 40 diputados a favor, el cual restituye la tipificación de trata de personas cuando ocurra la promoción, facilitación, favorecimiento o ejecución de la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, dado que esto último había quedado excluido de la última reforma legislativa.