Mirando al futuro por el retrovisor

Uno de los grandes —o el más grande— de los problemas de nuestra clase política, es querer mirar al futuro por el retrovisor, ese sesgo retrospectivo, muchas veces melancólico y aspiracional por volver a un pasado perdido, donde a su criterio todo fue mejor. Resulta sumamente peligroso y puede devenir en preocupantes retrocesos en la vida democrática, cuyo desarrollo no es lineal.

Sorprendente ingenuidad bipartidista. Producto de lo anterior, para muchos no es sorpresivo, que justamente sean algunos legisladores provenientes de partidos tradicionales, quienes promuevan una reforma electoral para unificar todos las elecciones nacionales y municipales (expediente 23.229). Sin percatarse por falta de reflexión a lo interno de estas agrupaciones, que en caso de una coyuntura electoral adversa —primera ronda de 2014 o 2018—, se podría disminuir todavía más, el control histórico que han sostenido estas agrupaciones en los gobiernos locales (64 en 2016; 58 en 2020; 49 en 2024) ¡Otros partidos se frotan las manos!

Peligrosa posibilidad de mesa gallega. En caso de que todas los procesos electorales estuvieran unificados, el partido que logré ganar la elección presidencial —la cual está clarísimo invisibilizará todas las demás—, ganaría seguramente, una cifra muy superior de gobiernos locales a los que actualmente obtiene con el proceso de elecciones municipales a medio período, esto gracias al arrastre de la figura de su candidato presidencial. Basta con imaginar ¿Cuántos municipalidades pudo haber obtenido el PAC o el PRN con sus triunfos en la primera ronda de 2014 o 2018 respectivamente o bien el PPSD en 2022? ¿Qué afectación habría tenido esto para los partidos tradicionales, en cuanto a una nueva configuración política y en cuanto a reparto de deuda política? Estaríamos prácticamente a merced de cuál partido escoge el mejor “outsider” como candidato presidencial, para dar la sorpresa en el próximo proceso electoral.

Extinción de los partidos cantonales. La reforma pretendida no sólo sería nefasta para los partidos tradicionales, los cuales inexplicablemente la defienden, sino también para los partidos locales — provinciales o cantonales —, quienes han venido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en este tipo de procesos, generando sanas bocanadas de diversidad política y el equilibrio democrático en nuestro país, ya que les resultaría imposible enfrentarse a nivel económico, mediático y de estructuras, contra los partidos que lleven candidatos presidenciales ¡Quizás esto sea lo que verdaderamente algunos pretenden!

Presumibles intereses detrás de la reforma. Cuando uno intenta encontrar alguna explicación al respaldo de algunos legisladores a esta peligrosa reforma, uno puede comprender:

  • Que la aprobación de la propuesta podría significar darle dos años más de sueldo a familiares o amigos que actualmente ocupan un cargo en una municipalidad.
  • Que la reforma podría fortalecer a sus estructuras partidarias en la busqueda por la Presidencia de la República.
  • Que podría suponer una importante reducción artificial, pero a fin de cuentas reducción del abstencionismo, al menos para el proceso municipal.

No obstante, resulta incomprensible que por lo anterior, se pretenda seguir adelante con una propuesta que el propio Tribunal Supremo de Elecciones ha considerado junto a otras (expedientes 21.067 y 23.201) como regresivas, así como que ponen en grave riesgo el proceso electoral costarricense.

El parabrisas es más grande que el retrovisor

Nuestros diputados deberían estar viendo hacia adelante y no hacía atrás, existe una enorme cantidad de reformas electorales para el perfeccionamiento democrático de nuestras elecciones municipales, que deberían estarse discutiendo, antes que estar pensando en la unificación de las elecciones nacionales y municipales. En el pasado hemos enumerado algunas reformas electorales urgentes de realizarse, haciendo siempre el llamado que la democracia es un ideal perfectible, que se debería estar constantemente revisando a la luz de estas y otras propuestas de reforma.

Recomendaciones de los observadores. Tan solo dos días después de las elecciones municipales del 4 de febrero, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), público su informe preliminar, señalando una serie de recomendaciones de reforma, de las cuales lastimosamente nadie está hablando, por lo cual una de las primeras reformas electorales que deberían impulsarse, sea la obligación de que la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, tenga la obligación de revisar los informes de observación electoral, tal como se tiene establecido en otras latitudes cercanas.

Principales recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos:

  • Reforzar los mecanismos para que los partidos políticos puedan proponer integrantes a las Juntas Receptoras de Voto, como la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas.
  • Generar incentivos para la participación de las y los integrantes de las Juntas Receptoras de Voto propuestos por los partidos políticos, como, por ejemplo, retribuir sus servicios, tal como se hace con los auxiliares electorales.
  • Establecer expresar que los partidos políticos destinen parte del financiamiento público para las labores de reclutamiento, capacitación y despliegue de fiscales electorales a nivel nacional.
  • Acatar una serie de recomendaciones a nivel de educación y mejora tecnológica para la implementación de la “Papeleta Única Electrónica” - En la actualidad ya hay iniciativas presentadas para establecer la obligación del Tribunal Supremo de Elecciones de implementar medios digitales de votación confiables y seguros, además del uso de papeletas (expediente 23.591).
  • Adoptar un esquema de financiamiento público anticipado, basado en criterios objetivos y equitativos, que asegure que todos los partidos políticos (nacionales, provinciales y cantonales) cuenten con recursos oportunos para desarrollar sus campañas, reduciendo la dependencia del financiamiento privado (expediente 883 – presentada por el TSE y acogida por el FA).
  • Adoptar mecanismos para contar con espacios en los medios de comunicación (financiamiento público indirecto) que garanticen la equidad en el acceso a difundir propaganda electoral por todos los partidos políticos. – Se han presentado varias iniciativas en esta línea (expedientes 21.836, 22.528 y 22.620).
  • Fijar límites individuales a los aportes que pueden realizar las personas naturales o físicas, así como al valor de las campañas.
  • Sistematizar los procedimientos de rendición de cuentas y liquidación de gastos de los partidos políticos a través del uso de una herramienta tecnológica.
  • Establecer canales de comunicación para que el órgano electoral encargado pueda interoperar con los sistemas de otras autoridades estatales, a fin de compartir información en tiempo real y fortalecer su función fiscalizadora.
  • Ajustar la normativa sobre paridad, permitiendo a las fuerzas políticas corregir encabezamientos en listas y nóminas.
  • Fijar un plazo para la resolución de las controversias electorales, de manera que se resuelvan los recursos con oportunidad, con la debida antelación respecto al día de la elección.
  • Fijar un plazo fijo o preferente para la resolución de las acciones de inconstitucionalidad de normas electorales, que permita que sean resueltas de manera anticipada a los procesos electorales.
  • Mantener y fortalecer la capacitación y formación hacia mujeres líderes políticas y candidatas para contar con herramientas (de organización, comunicación, financiamiento) que les permitan enfrentar las campañas electorales.
  • Incorporar mecanismos de fiscalización de la distribución del financiamiento electoral público al interior de los partidos políticos con criterios de equidad entre mujeres y hombres, con el uso de la tecnología necesaria para cumplir con dicha función.

Otras reformas electorales importantes en discusión. Aunado al amplio listado de recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, existen otras recientemente planteadas para:

  • Establecer la obligación de presentar biografías y planes de gobierno para todos los cargos de elección popular municipales (expediente 23.948 ) por parte de Poder Ciudadano CR.
  • Establecer mayores requisitos para crear partidos políticos en cuanto a la cantidad de adhesiones necesarias para crear partidos nacionales, provinciales y cantonales (expedientes 23.321 y 23.884).
  • Regular las nuevas formas de propaganda indistintamente de que se realice en medios de comunicación o plataformas digitales (expediente 23.885).

Reformas electorales pendientes de presentarse. Existen otras reformas electorales que deberían valorarse plantear a la luz de lo acontecido en el pasado proceso electoral, atinentes a regular de alguna forma el escandaloso transfuguismo político-electoral, donde los candidatos a puestos de elección cambian con una facilidad enorme de agrupación así como sobre otros temas que en el pasado no gozaron de buena suerte, pero que ahora deberían revisarse, corregirse y volver a presentarse, como el referente al tema de crear incentivos, regular de mejor manera y hacer posible las coaliciones electorales (expediente 21.835) así como el que pretendía que los alcaldes que busque reelegirse deban solicitar un permiso sin goce de salario como mínimo seis meses antes de las elecciones municipales, para así acabar con esas contiendas desiguales de burro amarrado contra tigre suelto, donde no es casualidad que 23 de los 30 alcaldes que buscaron reelegirse lo lograron (expediente 20.814).

Necesaria pero satanizada reforma para el aumento de la deuda política. Contraria a toda corriente impulsada en los últimos años, donde más bien de forma populista e irresponsable, se ha pretendido la reducción coyuntural de la deuda política o bien de forma permanente mediante reforma constitucional (expediente 21.953), probablemente una de las más importantes reformas electorales pendientes por hacerse, sea en lugar de reducir el monto que destina el Estado al financiamiento de los partidos políticos, aumentarlo y de forma considerable, sobre todo en cuanto a lo que se destina para el proceso de elecciones municipales en caso de mantenerse a medio período, ya que es necesario destinar más recursos para las tareas del Tribunal Supremo de Elecciones y para que las agrupaciones tengan cada vez más recursos para dar a conocer a los electores su oferta electoral, en aras de minimizar el impacto que tenía el financiamiento privado, sobre todo en tiempos en los cuales grandes capitales del narcotráfico y crimen organizado se ciernen como amenazas reales.

¡Es hora de reflexionar y ponerse a trabajar en las reformas electorales necesarias para fortalecer nuestra democracia y no en aquellas que más bien podrían debilitarla!

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