Reduce el monto de la deuda política del 0.19% al 0.11% del Producto Interno Bruto. Reconoce a nivel constitucional la deuda política para las Elecciones Municipales. Introduce el financiamiento indirecto a los Partidos Políticos. Finalmente, se incluye un transitorio único que establece el plazo cierto dentro del cual la Asamblea Legislativa deberá emitir la ley que regule lo relativo al financiamiento a efectos de que los partidos políticos cuente con la certeza de los porcentajes y tipos de financiamiento indirecto disponibles.