Este proyecto fue elaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones y propone aumentar el porcentaje de anticipo de la contribución estatal para los partidos del 15% vigente, a un 50%, y extenderlo también a las elecciones municipales donde actualmente no se contempla. Asimismo, propone establecer cómo se debe distribuir el dinero del aporte económico estatal que reciba cada partido político: máximo un 80% para pagar financiamientos directos (después de comprobar sus gastos ante el TSE, este girará el monto reconocido a la agrupación política) y máximo un 20% para financiamientos indirectos (pauta contratada, pagada y distribuida por el TSE de forma equitativa entre todos los partidos). También establecería la obligación de los partidos de emitir, cuando sea el caso, reportes de inactividad económica; y que únicamente las agrupaciones que compitan en cada elección estén obligadas a enviar mensualmente sus reportes financieros al TSE, entre otras reformas.