El pasado 18 de julio, Delfino.cr publicó al menos tres noticias relacionadas con el ambiente. No fueron noticias que nos permitan alardear, como hicimos en octubre de 2021, al recibir el Premio Earthshot que otorga la Royal Foundation, en reconocimiento a nuestro modelo de conservación ambiental. Hoy, casi dos años después de obtener ese premio, habría que pedirle al Royal Foundation su opinión sobre estas noticias recientes, que nos dejan en una posición muy desfavorable, no solo en relación con el tema de conservación, sino también de ordenamiento territorial.

Manuel Antonio

El ministro de ambiente y energía, Franz Tattenbach Capra, insiste en aumentar el aforo del Parque Nacional Manuel Antonio, a pesar de que en mayo pasado la Sala IV condenó al Estado por superar el aforo permitido. Según anunció el ministro, la capacidad máxima del parque pasará de 1120 a 1568 visitantes, a pesar de que la Sala había solicitado justificar cualquier aumento de aforo a través de un estudio técnico que garantice que la conservación de las especies del parque no se vería amenazada por el cambio. A pesar de que el informe técnico solicitado no estaba disponible, el ministro argumentó que se están invirtiendo 400 millones de colones en mejorar la infraestructura del parque.

Las 329 especies de aves, 109 de mamíferos y 254 de flora no necesitan de esas instalaciones para estar más felices y a sus anchas. Sin embargo, parece que su bienestar es despreciable en comparación con el beneficio económico que le brindarán al país 448 entradas al parque más por día.

Unos números rápidos muestran que hacerse de la vista gorda frente a este tema le significaría al país, en el mejor de los casos, un ingreso diario de unos 3 millones de colones, asumiendo que fueran solo extranjeros durante ese día. Este dinero de más no le cae nada mal al Estado, pero ¿a costa de qué o de quiénes? Definitivamente nuestros funcionarios están viendo sólo el beneficio inmediato, sin pensar en las consecuencias que esta medida pueda tener sobre los ecosistemas del parque.

Cahuita

Por otro lado, el ministro Tattenbach, le ha dado el visto bueno a la propuesta de Plan Regulador de la Zona Marítimo Costera del distrito de Cahuita, en Talamanca, a pesar de que existen objeciones de peso por parte de organizaciones de vecinos. Algunas de las objeciones que destaca Delfino.cr son las siguientes: un proceso de consulta y socialización muy pobre, por no decir inexistente; un difícil o hasta imposible acceso a la documentación por parte de la población; el plan no atiende la falta de agua en las comunidades ni la falta de gestión adecuada de residuos, como consecuencia del turismo masivo, e ignora la mayoría de los humedales presentes en la zona.

El ministro no se refiere a ninguno de estos planteamientos y reitera su apoyo al ayuntamiento en el proceso. El principal jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) conduce su cartera en una dirección opuesta a la que se espera de ese ministerio. Sus declaraciones muestran que prefiere contar, en el corto plazo, con un plan regulador que permita la inversión y el desarrollo inmobiliario, a tener un debido ordenamiento territorial y garantizar la protección de las áreas de conservación.

Valle Central

Para finalizar, revisemos la noticia ambiental del pasado 18 de julio que señala que la Sala IV le ha dado al Minae un período de un año para resolver un asunto de protección de aguas superficiales y subterráneas que, después de 135 años, aún no se ha resuelto. En 1888, Costa Rica legisló para proteger un área de 6870 hectáreas en las zonas altas de Heredia y Alajuela, para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes del Valle Central. Esta área contribuye con la recarga de los acuíferos Barva y Colima, de donde se suple de agua a más del 60% de los habitantes de Heredia, Alajuela y San José.

Desde 2008, la Sala IV ha exigido acción por parte del Minae y de los municipios correspondientes para iniciar los procesos de recuperación de los terrenos, además de la prohibición de brindar permisos de construcción. Sin embargo, la acción del Minae se ha limitado a la demarcación del área mediante mojones, lo que resulta insuficiente e inadecuado para satisfacer el deber de protección de las aguas.

Aún no se ha hecho un estudio registral, ni se han coordinado acciones para recuperar los terrenos. No está claro tampoco que se hayan realizado los estudios de vulnerabilidad hidrogeológica solicitados por la Sala en 2008. Dada esta situación, existe un riesgo de que los acuíferos más importantes para el abastecimiento de agua del Valle Central se puedan contaminar. 

La contaminación de un acuífero es un problema complejo, que puede ser costoso, difícil o incluso imposible de remediar, dependiendo del contaminante y de las condiciones del acuífero. ¿Cuánto costaría distribuir agua en cisternas para el 60% de los habitantes del Valle Central? ¿De dónde se traería esa agua si los acuíferos principales están contaminados? ¿De dónde sacaría el Estado el dinero para pagar por eso? ¿De la taquilla de los parques nacionales, que estarán sobrexplotados?

Estas son algunas de las preguntas que surgen de noticias que se publicaron en un solo día de este mes, en relación con los problemas ambientales que afectan a los pobladores y los ecosistemas de Manuel Antonio, Cahuita y el Valle Central de Costa Rica. Preguntas que nuestro ministro de ambiente está evadiendo de manera irresponsable, al colocarse en el lugar de quien sólo piensa en unos dólares más.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.