14 municipalidades solicitaron la suspensión del Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica.
La ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, emitió un comunicado de prensa advirtiendo a las municipalidades la necesidad de que tomen medidas para la gestión de los residuos sólidos, y respaldando el Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica (Decreto 44.974), que establece una regionalización obligatoria para el manejo de residuos.
En un video circulado a la prensa Munive señaló:
Hoy estamos a las puertas de una emergencia nacional, y que quede claro, esta emergencia costarricense no es culpa del Ministerio de Salud. Es resultado de veinte años y más de abandono municipal. La autonomía municipal no es una excusa para violar la ley, no es carta blanca para jugar con la salud pública, y no vamos a permitir que se use para bloquear soluciones urgentes”.
El mensaje de Munive llega luego de que ayer 14 municipalidades de cantones dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) se pronunciaron en contra del Decreto 44.974, y solicitaran su suspensión inmediata así como la convocatoria a un espacio de diálogo, con representación equitativa y vinculante de las municipalidades.
Dato D+: Las 14 municipalidades que se pronunciaron en contra del Decreto fueron las de San José, Alajuelita, Montes de Oca, Goicoechea, Curridabat, Desamparados, Moravia, Santa Ana, Heredia, Barva, Belén, San Rafael, San Isidro y Tibás.
El Decreto 44.947 establece, entre otras cosas, que los residuos deben gestionarse dentro de la misma región donde se generaron, y fija una distancia máxima de 80 kilómetros para su disposición final. Al respecto, las municipalidades señalaron que existen cantones sin opciones de disposición final dentro del radio de 80 km, y recordaron que las regiones actuales fueron definidas en 1978 "con base en criterios demográficos, de comunicación y transporte acordes a la economía de esa época; dichos parámetros no son aplicables hoy".
Los gobiernos locales alegaron que el decreto violentaba la autonomía municipal y añadieron:
De mantenerse el decreto sin revisión inmediata, algunos cantones estarían sin alternativas viables de disposición final de residuos sólidos en los próximos meses, exponiendo a sus poblaciones a una emergencia ambiental y sanitaria sin precedentes”.
Desde el Ministerio de Salud aseguraron que “la falta de acción por parte de muchas administraciones locales ha contribuido al colapso del sistema. En lugar de desarrollar soluciones propias o integrarse activamente a esquemas regionales, se ha recurrido a prácticas insostenibles, como el uso intensivo del relleno El Huazo, que pasó de recibir residuos de 5 municipalidades a 35 y de 675 toneladas diarias a 2.600 toneladas cada día”.
La ministra Munive por su lado señaló que el decreto "no es una ocurrencia, es una respuesta técnica, legal y necesaria, respaldada por la Ley 8839, por la política nacional de residuos y construida con análisis, datos y diálogo". Y añadió:
Es muy fácil para algunos municipios querer seguir trasladando su basura a otros cantones y, bueno, lavarse las manos. No quieren asumir su responsabilidad. Y muy bonito, ahora qué fácil culpar al Ministerio de Salud. Cuando han ignorado la Ley 8839 desde el 2010, cuando no ejecutaron sus planes, cuando abandonaron por completo su deber legal y ético con el país”.
Dato D+: La Sala Constitucional se encuentra estudiando una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 44.974. La acción sostiene que el reglamento vulnera principios constitucionales y compromisos internacionales en materia ambiental y climática.
La ministra de Salud finalizó su comunicado sentenciando:
A quienes hoy se rasgan las vestiduras, les digo, pues bueno, su protesta llegó más de veinte años tarde, su grito debió escucharse cuando se necesitaban las soluciones, no las excusas. No vamos a retroceder. Este ministerio no está para complacer intereses locales, está para proteger la salud pública, y eso haremos".
