En los últimos meses, Nosara ha visto crecer un problema que afecta directamente a sus barrios y ecosistemas: basureros ilegales en ríos, quebradas y zonas costeras. Cuando la basura bloquea los cauces, las lluvias intensas -en una zona que ya es considerada de riesgo por la CNE- se convierten en desbordamientos que afectan viviendas y ponen en riesgo la salud. Lo que inicia como un acto irresponsable termina amplificando la vulnerabilidad de toda la comunidad.

Las inundaciones no son solo un tema ambiental: son un gasto que pagan las familias más vulnerables. Cada cauce bloqueado por basura aumenta los daños en viviendas y el costo de recuperarse. Prevenir es más barato que reparar, y ordenar el territorio es la forma más simple de reducir estos impactos.

El Informe Estado de la Nación 2025, que por primera vez analiza en detalle el caso de Nosara, confirma que estas afectaciones no son aisladas. El distrito experimenta una transformación acelerada: subdivisión de antiguas fincas, urbanización creciente y mayor presión sobre cuencas y zonas de recarga, todo esto en ausencia de un ordenamiento territorial actualizado. El resultado es un paisaje fragmentado donde las lluvias generan daños cada vez mayores.

Pero el diagnóstico también señala un camino. Nosara no partió de cero. En 2020 se aprobó el Reglamento Temporal de Construcciones, el primer esfuerzo comunitario en Guanacaste por establecer límites, alturas y criterios ambientales básicos mediante un reglamento municipal. Es, en la práctica, el primer intento de gestionar la expansión descontrolada mientras se avanza hacia un plan territorial más robusto.

Hoy también existe una oportunidad inédita: el reciente lanzamiento del Laboratorio Nacional de Innovación Pública de CONARE, que busca trabajar con comunidades reales para prototipar soluciones. Por su nivel de organización, presión ambiental y diversidad social, Nosara tiene condiciones ideales para convertirse en el primer laboratorio comunitario de innovación territorial del país.

Lo que vive Nosara no es una excepción costera: es un microcosmos del país. La combinación de crecimiento acelerado, presión inmobiliaria, ausencia de ordenamiento y vulnerabilidad climática se repite en Jacó, Tamarindo, Puerto Viejo, Monteverde y La Fortuna. Todos estos sitios enfrentan la misma ecuación: desarrollo rápido sin capacidad institucional para acompañarlo. Por eso lo que suceda aquí -para bien o para mal- ofrece lecciones directas para otras comunidades que hoy están en la misma trayectoria.

Un laboratorio comunitario permitiría diseñar y probar soluciones concretas: sistemas ciudadanos de alerta temprana ante botaderos clandestinos, modelos de gestión diferenciada de residuos, mapas de riesgo hídrico actualizados, infraestructura verde para disminuir escorrentías y ajustes a la planificación territorial basados en evidencia. Son medidas aplicables, de relativamente bajo costo y con impacto inmediato.

La combinación de planificación territorial, ciencia, participación e innovación pública puede transformar un territorio vulnerable en un territorio resiliente. El Estado de la Nación lo advierte: el desorden territorial tiene costos altos, pero evitables. Y Nosara, con organización comunitaria activa y esfuerzos ya en marcha, tiene la oportunidad de mostrar cómo una comunidad puede convertir problemas urgentes en una plataforma de innovación pública para todo el país.

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