Aunque Costa Rica tiene un marco normativo robusto, faltan reglamentos, fiscalización y plataformas para aplicarlo.

Un nuevo estudio sobre la legislación ambiental en Costa Rica concluye que, si bien el país cuenta con un marco jurídico sólido para la gestión de residuos plásticos, la ejecución de las normas presenta serias deficiencias. El informe fue elaborado por la abogada ambientalista Luciana Pineda Sequeira para el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

Según el documento, hay múltiples obligaciones legales que no han sido cumplidas por las instituciones responsables. Entre los principales incumplimientos se señalan:

  • La ausencia del informe anual sobre reducción de contaminación por plásticos de un solo uso, exigido al Ministerio de Salud desde 2019.
  • El retraso de más de 14 años en la creación del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de Residuos (SINIGIR), que debía ser una herramienta clave para el control y la recolección de datos.
  • La falta de actualización del Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos, que debía incluir contenidos sobre sustitución, reducción y eliminación de plásticos en todos los niveles educativos.
  • La inoperancia del Fondo para la Gestión Integral de Residuos, pese a estar regulado en la Ley No. 8839 y su reglamento.
  • El incumplimiento generalizado de servicios municipales de recolección selectiva: en 39 cantones no hay cobertura total para residuos ordinarios y en 56 cantones no la hay para residuos separados, según datos del Índice de Competitividad Nacional 2024.

Normas sin ejecución

El informe subraya que la Ley No. 9786 (Ley para Combatir la Contaminación por Plástico) establece desde 2019 la prohibición de ciertos productos de un solo uso, pero su entrada en vigor efectiva recién ocurrió en agosto de 2024, tras la publicación tardía de su reglamento. A su vez, reglamentos técnicos clave que debían emitirse seis meses después siguen pendientes. La autora del estudio, detalla:

Costa Rica cuenta con un marco jurídico robusto que compromete a todos los actores —desde los hogares hasta las empresas y municipalidades— a reducir, separar y valorizar los residuos plásticos. El verdadero desafío es hacer efectivas estas obligaciones”.

Un reto más allá de lo legal

El informe también enfatiza que la problemática del plástico no se resuelve solo con legislación. Requiere voluntad institucional, inversión, infraestructura y decisiones basadas en evidencia científica. La falta de ejecución ha impedido la creación de bases de datos confiables, la fiscalización efectiva y la aplicación de sanciones ante incumplimientos.

El estudio fue concebido como una guía práctica para ayudar a cada actor —sector público, privado y ciudadanía— a conocer sus obligaciones y facilitar el cumplimiento normativo.

Más información en: www.cpc.cr y www.icn.cr.