Cuando era niño, ir a la playa era sinónimo de libertad. Una tienda de campaña, un arroz con pollo y el mar, bastaban para sentirnos dueños del mundo. Hoy, mientras la Asamblea Legislativa discute el proyecto que busca garantizar al menos tres accesos públicos por cada playa del país, esa idea de libertad vuelve a sonar, pero con un eco distinto.

Porque sí, todos tenemos derecho a disfrutar de la playa, del mar; de eso no hay duda. Pero en el contexto actual, en plena crisis climática, abrir más accesos sin planificación puede significar abrir más heridas en la costa.

El proyecto de ley 24.413 propone que cada playa tenga tres accesos públicos. La intención es justa, asegurar el principio de que las playas son de todos. Pero el texto pasa por alto un detalle esencial, la costa costarricense está retrocediendo.

Según la Política nacional de adaptación al cambio climático, entre 2005 y 2017, las pérdidas por erosión costera en Costa Rica se estimaron en aproximadamente 2.210 millones de dólares. Es decir, el impacto ya es medible y tangible. Ahora bien, si se habilitan nuevos accesos dejando la responsabilidad únicamente al Instituto Geográfico Nacional, podríamos estar agravando esa erosión.

Y no se trata solo de arena. Por ejemplo, según la Estrategia nacional para la conservación y protección de las tortugas marinas en Costa Rica, más del 50% de las playas donde anidan tortugas marinas en Costa Rica no están bajo ningún régimen de protección. En esos lugares, tres accesos mal ubicados pueden significar luces artificiales, tránsito constante, ruido y compactación del suelo, todo lo que una tortuga necesita evitar para sobrevivir. No son hipótesis. Playa Conchal y Playa Mantas son ejemplos recientes de cómo un acceso mal gestionado puede traducirse en basura, desorden y presión ecológica sobre ecosistemas frágiles.

Y es que Costa Rica no tiene “una” playa, sino cientos, y ninguna es igual a la otra. Desde el 2008 el SINAC–MINAE identificó más de 500 playas distribuidas a lo largo de 1.466 kilómetros de litoral, donde la arena, la roca y el oleaje dibujan paisajes completamente distintos. Cerca de 400 kilómetros son playas arenosas, las más vulnerables a la erosión y al aumento del nivel del mar; otros 200 kilómetros son rocosas o acantiladas, más estables, pero mucho menos accesibles. El Pacífico alberga la mayor variedad, playas abiertas de alta energía, entre acantilados y sistemas estuarinos que cambian con cada marea. En el Caribe, las arenas oscuras de Tortuguero y Moín contrastan con los fondos mixtos y arrecifales de Cahuita y Sixaola.

Esa diversidad no es un dato anecdótico, sino un recordatorio. Cada playa tiene una dinámica propia y una capacidad de carga ambiental diferente. Por eso, imponer por ley tres accesos idénticos para todas es desconocer la naturaleza del territorio que se pretende proteger. No se puede legislar el litoral con escuadra cuando el mar lo dibuja con las olas.

El problema es que seguimos planificando la costa como si el clima no estuviera cambiando. La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 2020) de Costa Rica y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático establecen que las zonas costeras son áreas críticas de adaptación, vulnerables al aumento del nivel del mar, la erosión y las marejadas. Ambos documentos proponen un enfoque de “soluciones basadas en la naturaleza”, donde los ecosistemas costeros funcionen como barreras naturales frente al cambio climático. Sin embargo, el proyecto de ley sobre accesos ignora por completo esa visión. Legislar sin integrar la variable climática es legislar de espaldas al futuro.

Entonces, ¿qué podemos hacer? La solución no es simplemente abrir accesos, sino repensar por completo la gobernanza costera. Las municipalidades y otras instituciones como el ICT o el INDER deben dejar de estar confinadas a la franja terrestre y asumir competencias también sobre el mar territorial. Solo con una gestión integrada, que abarque playa y mar, será posible armonizar el derecho de acceso con la protección ambiental y la adaptación al cambio climático.

En este esfuerzo, también debe considerarse la participación responsable del sector privado. Las inversiones turísticas y productivas en la costa no solo tienen un impacto directo sobre el entorno, sino que también pueden convertirse en aliados estratégicos para la conservación y la resiliencia climática, siempre que se articulen dentro de marcos de planificación sostenibles y regulados.

El acceso a la playa es un derecho, pero ese derecho no se defiende erosionando la costa. Se defiende con ciencia, con planificación integral y con un mar que siga ahí para las futuras generaciones.

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