Mario Zamora reafirmó que Costa Rica sí aceptaría al salvadoreño, pese a lo que Washington dijo ante un tribunal federal.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, desmintió al gobierno del presidente Donald Trump en medio del litigio por la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García, actualmente bajo custodia en Estados Unidos. Zamora aseguró que Costa Rica mantiene su disposición de recibir al migrante por razones humanitarias, pese a que Washington afirmó lo contrario ante un tribunal federal.

En una declaración del ministro publicada por The Washington Post, el jerarca recordó que en agosto comunicó a la Embajada de Estados Unidos en San José que el país aceptaría a Abrego y le otorgaría residencia legal. Indicó que esa postura “sigue siendo válida y no ha cambiado”.

Costa Rica tiene los más altos estándares de derechos humanos y recibiría a Abrego bajo condiciones humanitarias que garanticen el pleno respeto de sus derechos y libertades. La oferta de Costa Rica de recibir al señor Abrego García por razones humanitarias se mantiene".

Sus afirmaciones contrastan con lo que el Departamento de Justicia estadounidense presentó recientemente ante la corte. En un escrito del 7 de noviembre, los abogados del gobierno señalaron que, según el Departamento de Estado, Costa Rica no aceptaría al migrante "sin nuevas negociaciones y, probablemente, compromisos adicionales" por parte de Washington. Agregaron que el país africano de Liberia (no confundir con la ciudad costarricense), era "el único Estado dispuesto a aceptarlo sin negociaciones adicionales".

Zamora negó que Costa Rica hubiera pedido condiciones o acuerdos suplementarios.

@msnow @The Rachel Maddow Show breaks down the legal back-and-forth around the government's fight to deport Kilmar Abrego Garcia — and how the case has illustrated a pattern for the Trump administration in court. #news ♬ original sound - MS NOW

Abrego, de 30 años, vivía en Maryland con su esposa estadounidense y sus hijos cuando agentes migratorios lo detuvieron en marzo. Desde entonces ha pasado por centros de detención en Estados Unidos y El Salvador, luego de que la administración Trump lo deportó ilegalmente ese mismo mes, pese a una orden judicial de 2019 que prohibía enviarlo a su país de origen por riesgo de persecución de pandillas.

En abril, la jueza federal Paula Xinis ordenó facilitar su regreso a Estados Unidos, lo cual ocurrió en junio después de que fiscales obtuvieron una acusación por presunto tráfico de personas. Abrego se declaró inocente.

Durante una audiencia celebrada el jueves, Xinis cuestionó la insistencia del gobierno en enviarlo a Liberia. Preguntó por qué no podía ser trasladado a Costa Rica, destino que él mismo aceptó, y expresó su frustración por la falta de explicaciones. "No es una puerta abierta", respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign. Sugirió incluso que Abrego podría viajar a Costa Rica después de ser deportado a Liberia. "Pero ¿para qué hacer eso?", replicó la jueza.

Los abogados del salvadoreño sostienen que el gobierno estadounidense intenta castigarlo por haber impugnado su deportación de marzo. Uno de ellos, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que la posición manifestada por Costa Rica es evidencia de la conducta irregular del gobierno en el caso.

"La única razón por la que no quieren enviarlo a Costa Rica es porque él quiere ir a Costa Rica", dijo.

En agosto, un día antes de que Abrego quedara en libertad provisional en Tennessee, fiscales le propusieron declararse culpable de dos cargos de tráfico humano, cumplir condena y aceptar la deportación a Costa Rica, país que describieron como el más seguro de Centroamérica. Cuando rechazó la oferta para esperar juicio junto a su familia en Maryland, funcionarios amenazaron con deportarlo a Uganda, según los registros judiciales. Luego intentaron enviarlo a Esuatini, Ghana y, finalmente, Liberia.