Para comprender la situación actual de Venezuela basta con revisar el proceso político iniciado en 1998 con la llegada de Hugo Chávez al poder. Bajo la promesa de una transformación estructural, se impulso una nueva Constitución y un modelo de concentración progresiva del poder que incluyó expropiaciones masivas, control estatal de sectores estratégicos y la eliminación de límites a la reelección. Tras su muerte, en 2013, Nicolas Maduro condujo al país a una crisis económica y social sin precedentes.
Según Amnistía Internacional, durante la dictadura se registraron más de 17.900 detenciones con fines políticos y se estima que aún existen más de 900 presos políticos. Human Rights Watch documenta más de 200 muertes en protestas y represiones, así como miles de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad, además, Naciones Unidas señalo la existencia de desapariciones forzadas, tortura y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
ACNUR estima que casi 8 millones de venezolanos se encuentran desplazados fuera de su país. A nivel interno, el 73% de la población vive en pobreza y más de un tercio en pobreza extrema. En paralelo, más de 1.300 empresas privadas fueron expropiadas y alrededor de 400 medios de comunicación fueron cerrados o censurados.
Ante la reciente incursión de Estados Unidos para la detención de Nicolás Maduro saltándose lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas basada en la soberanía de los estados y en el principio de no intervención, así como la autorización requerida por parte del Congreso norteamericano, abre el debate sobre la legalidad de las acciones realizadas.
Si bien la incursión de Estados Unidos es condenable desde el derecho internacional y plantea serios cuestionamientos, también es innegable que fue la única acción real y concreta para poner fin a una dictadura que por más de dos décadas resistió sanciones, condenas diplomáticas y pronunciamientos multilaterales sin consecuencias efectivas.
Se profundiza en las declaraciones del presidente Donald Trump en relación al control de los recursos petroleros, mismos que por más de 25 años han sido “entregados” a Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia y China aliados ideológicos de la dictadura, sin que eso haya supuesto algún beneficio para la población venezolana, todo lo contrario, porque mientras el pueblo sufre de pobreza, esos países se benefician, entonces, ¿por qué no nos cuestionamos y condenamos cuando esto sucedía a vista y paciencia de la comunidad internacional, mientras el régimen aprendía y asesinaba a su pueblo? Aquí no hay héroes, hay intereses por recursos y siempre los habrá en ambos bandos, la diferencia está en la bandera, en quien lo dice con claridad – y se podría decir que hasta con descaro – y quienes han estado tomándolo por décadas por el simple hecho de ser aliados ideológicos del régimen.
Pero más allá del tema del control del petróleo debemos centrarnos sobre las interrogantes más importantes, ¿Será suficiente la detención de Maduro para poner fin a la dictadura? ¿Continuaran figuras claves del chavismo – como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino – en el poder? ¿Llegara la tan esperada libertad para el pueblo Venezolano? ¿Será esto solo otra ilusión por recuperar la democracia que se esfumara como sucedió anteriormente? ¿Podremos ver a Edmundo González ejercer como presidente Venezolano desde Miraflores?
Por el momento no hay un panorama claro, el posicionamiento de figuras claves del chavismo y la “intención” de Washington de trabajar con ellas dan a entender que el músculo chavista continua con fuerza y que la detención de maduro no es suficiente para ponerle fin a 26 años de dictadura.
Detención que, por sí sola no garantiza la llegada inmediata de la democracia. Venezuela necesita una transformación profunda de su aparato institucional. Sin una depuración real del poder, sin la reconstrucción de la independencia de los poderes del Estado, sin un Consejo Electoral creíble y sin justicia para las víctimas, cualquier transición corre el riesgo de convertirse en una mera administración del mismo régimen bajo nuevas formas.
El caso venezolano deja una lección incómoda pero necesaria: condenar desde el privilegio, sin ofrecer soluciones reales y concretas, no es una defensa de principios, es una muestra de la falta de empatía con el pueblo venezolano. Hoy, el desafío no es solo celebrar la caída de un líder, sino garantizar que esta vez la libertad no vuelva a quedarse en el discurso, y que la democracia tan anhelada no sea nuevamente una promesa incumplida.
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