Denuncian riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos.
Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS) se hicieron presentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal.
En la presentación pública realizada en la sede municipal se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.
Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes, dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río.
Las personas en contra señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria.
Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.
A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación destacaron. La empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce, indicaron.
"No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema", señala un comunicado difundido por el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.
Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional.
En particular, se destaca la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.
La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:
- Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal.
- Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca.
- Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.
Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios.
Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”. Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas.
"Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, cerraron.
