Organizaciones de vecinos y residentes de las comunidades de Talamanca se están organizado y preparando acciones de presión para pedir a la municipalidad de ese cantón posponer una audiencia pública, previa a la aprobación por parte del Concejo Municipal de una propuesta de plan regulador costero, alegando falta de consulta ciudadana e intenciones de desplazamiento forzoso para dar pie a desarrollos turístico de gran tamaño, mientras el cantón atraviesa problemas de acceso al agua potable, manejo de residuos sólidos, aguas servidas y de infraestructura vial.

El documento de 235 páginas, fechado en enero de 2023, fue compartido apenas el 16 de junio anterior en la página de Facebook de la Municipalidad de Talamanca en dos archivos subidos a la plataforma Mediafire y que tienen un peso total de 10.77 Gigabytes, una cifra considerable si se hace la descarga desde un plan celular ya sea prepago o postpago. Vecinos interesados en estudiar la documentación reportaron haber intentado hasta tres días descargar los archivos, sin éxito.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), con una velocidad de descarga promedio de 2.5 Megabits por segundo en Cahuita, le tomaría a un vecino de esa zona 9 horas, 19 minutos y 29 segundos descargar los archivos. Eso, si su conexión no se interrumpe o la descarga falla por errores propios de la plataforma donde se subieron los archivos. Mediafire tiene la particularidad de que, a menos de que se adquiera una suscripción, el usuario puede verse sujeto a limitaciones en las velocidades de descarga. Delfino.cr comprobó que usando una conexión de fibra óptica en Moravia el plazo de descarga de los archivos excedía de las 8 horas pues la conexión fue limitada por la plataforma; otro de nuestros periodistas, usando una red distinta, logró evitar la limitación y descargó los archivos en poco más de una hora.

Dato D+: En aras de que las personas interesadas puedan tener un acceso más sencillo a los archivos de la Municipalidad, sin límites de velocidad de descarga, Delfino.cr publicó la carpeta en un Google Drive que puede accederse en este enlace.

El acceso difícil o hasta imposible a los documentos dadas las particularidades de cobertura y acceso a la conectividad en las poblaciones del Caribe Sur es tan solo uno de los muchos reclamos y preocupaciones de los vecinos respecto a las intenciones de aprobar el plan regulador costero que, en distintas charlas, el gobierno local ha señalado como "urgente" ante la víspera del vencimiento de la Ley 9242 que tiene suspendidos los desalojos de las personas que viven en la Zona Marítimo Terrestre, y de la Ley 9577 que impuso una moratoria a los desalojos a las personas que viven en zonas clasificadas como especiales.

Precisamente varios residentes que conversaron en entrevistas a lo largo de la semana pasada con Delfino.cr coincidieron en que el proceso de consulta y socialización del documento por parte de la Municipalidad de Talamanca fue poco, por no decir inexistente. Si bien el gobierno local llevó a cabo meses atrás conversatorios en distintas comunidades, donde precisamente externó la urgencia de la aprobación del plan regulador, dichas charlas en palabras de sus asistentes tuvieron un enfoque más "diagnóstico" que el de una efectiva presentación de la propuesta o de escucha de las comunidades para atender sus preocupaciones y propuestas.

A todo ello debe sumarse que el gobierno local hace difícil el acceso a la información pública: el número telefónico publicado en su sitio web no es atendido, aunque se llame en días y horas hábiles; cuando Delfino.cr solicitó el detalle del proceso de consulta ciudadana al plan regulador, reportes sobre la capacidad del gobierno local para el manejo de desechos sólidos y reportes sobre la situación vial del cantón, así como información sobre la disponibilidad de agua al correo contenido en su sitio web oficial, este retornó un error señalando que el correo "no se entregó, porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos". Asimismo, el sitio web contiene un formulario de Google Forms que señala que puede usarse "para cualquier consulta, sugerencia, opinión o queja", las solicitudes de información se remitieron por esa vía también, pero no se recibió comprobante de entrega, acuse de recibido, ni la información pedida.

Asimismo, la Municipalidad no transmite las sesiones del Concejo Municipal en su canal de YouTube desde el 21 de julio de 2021, mientras que las actas del Concejo no se publican en el sitio web desde noviembre de 2021.

El pasado 9 de julio la organización ambientalista Bloque Verde, el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) del Caribe Sur y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (Aditik) suscribieron un comunicado de prensa alertando de que el plan regulador costero que se pretende aprobar, cuenta con "graves irregularidades que amenazan con desaparecer el Patrimonio Natural del Estado".

De acuerdo con su pronunciamiento, la propuesta del plan regulador presenta falencias como ignorar el gran faltante de agua en las comunidades y los largos periodos de sequía que sufre el Caribe Sur, agravados por el fenómeno de El Niño que el país actualmente atraviesa. Asimismo, reportan grandes montañas de basura acumuladas por semanas producto del turismo masivo que visita la zona, así como la gran cantidad de hoteles, cabinas y casas recreacionales existentes, para las cuales el gobierno local no da abasto.

Puentes obsoletos de un solo carril colapsan frecuentemente la circulación vial en la comunidad. Tampoco hay un programa adecuado de manejo de desechos sólidos y el tema de reciclaje brilla por su ausencia.

A ello sumaron que por décadas tanto la Municipalidad de Talamanca como el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) han otorgado permisos de uso de suelo, así como de construcción, en zonas que son Patrimonio Natural del Estado y en zonas frágiles como humedales o bosque costero, "provocando un enorme caos territorial y de destrucción al ambiente". Pese a ello, el plan regulador que se someterá a votación en el gobierno local pretende otorgar más permisos de construcción en ese tipo de zonas, sin haber subsanado los errores del pasado y omitiendo documentos sobre la demarcación de humedales en los cuales hay contemplados cerca de 18 de ellos, y en su lugar usar un documento del 2017 que solo muestra un par.

Hoy nos enfrentamos nuevamente a un modelo de desarrollo destructivo e irracional que cierra oportunidades a un futuro más equilibrado con el ambiente. Ante ello, las comunidades se organizan para asegurar una mejor participación de todos los actores clave en este proceso. Adicionalmente, se estarán tomando todas las acciones legales necesarias con el fin de defender los derechos de los costarricenses. Por último, se lanzó una campaña de comunicación y una de recolección de firmas en apoyo a la solicitud presentada el martes 20 de junio del 2023 al Concejo Municipal para solicitar información adicional y que se suspenda la convocatoria a audiencia pública programada, hasta tanto no se subsanen las carencias evidentes y las irregularidades del proceso que se han señalado.

"No estamos suficientemente informados"

Waltraud Barthel, extranjera vecina de Puerto Viejo desde hace 42 años, empresaria local y miembro co-fundadora de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), relató a Delfino.cr que ella fue integrante de la comisión del plan regulador de la municipalidad como representante de un sector de la población, pero tras externar dudas y realizar cuestionamientos en las sesiones respecto al patrimonio natural del Estado, los múltiples pleitos legales por tenencia de tierras que hay, y la destrucción de humedales, en el año 2018 dejaron de invitarla a las sesiones.

"Hay muchos cuestionamientos, la gente no está contenta para nada porque no estamos suficientemente informados de antemano sobre los estudios técnicos que requiere un plan regulador, nunca fuimos informados. Justo hoy (lunes 10 de julio) ATEC recibió respuesta de la Municipalidad a una carta que hemos enviado con algunas observaciones sobre el documento, y ahí están indicando que sobre el cuestionamiento que hicimos sobre la participación de la población, dicen que hicieron talleres participativos, pero esos talleres que se hicieron en 2018 fueron para mí, como yo participé en todos, de carácter diagnóstico, no eran de participación en el sentido de que primero nos informaran de los estudios o algo así, o nos preguntaran cómo veíamos los diferentes temas, cómo veíamos el desarrollo o el tipo de desarrollo que queríamos", relató.

Igual coincidió Andrea Mora, vecina de Cahuita y cuyo hijo forma parte de la cuarta generación de su familia que vive en esa localidad. Ella relató a Delfino.cr que tras las preocupaciones surgidas entre los pobladores tras uno de esos conversatorios de la municipalidad, se organizó el movimiento "Cahuita Unida", un colectivo integrado por todas las fuerzas vivas del pueblo y que creó una comisión central y cuatro comisiones de trabajo para plantear acciones ante la intención de aprobar el plan regulador en su estado actual.

Nunca se hizo nada. Ellos [la municipalidad] decían que se manejó con las asociaciones de desarrollo. Nosotros estamos pidiéndole a la municipalidad la información: quiénes participaron, quiénes nos están representando, porque "se hicieron talleres" pero con nosotros la última reunión fue en el 2018.

Mora detallo que el movimiento está involucrando a todas las personas, informándoles y sensibilizándolas sobre el tema, además apoyados por asesores legales (incluida una firma legal especializada en temas ambientales), todo de manera gratuita.

Todo es ad-honorem, todos los que estamos ahí nos reunimos en el salón comunal, uno compra unas galletas, otro compra un fresco para cuando son reuniones muy largas y en eso estamos. Es muy importante para nosotros ustedes, la prensa, porque además queremos hacer una marcha pacífica, para preguntarle al Concejo qué es lo que se está haciendo, porque hay gente que no duerme, o sea, gente preocupada.

La marcha pacífica tiene fecha prevista para el 26 de julio, mientras que la municipalidad pretende llevar a cabo la audiencia pública que marcaría un punto de no retorno en la votación del plan regulador el viernes 4 de agosto.

A pesar de que en Cahuita el 16% de su población es indígena y de las 30.712 personas que al censo del INEC del 2011 vivían en Talamanca, 5009 (16%) eran inmigrantes extranjeros, la municipalidad no se ha tomado a la tarea de traducir o socializar los documentos respectivos en las respectivas lenguas indígenas o en los otros idiomas que le permitan a los extranjeros que viven en el lugar estar informados al respecto.

El abogado Walter Brenes, socio fundador de la firma legal Energy Law Firm (ELAWF) y que está asesorando a los Covirenas del Caribe Sur afirmó que el hecho de que no se haya generado material informativo para los pueblos indígenas es una situación compleja que, a su criterio, podría ser motivo para invalidar todo el trabajo que supuestamente ha hecho la Municipalidad, porque no puede desconocerse que es una zona totalmente multicultural.

Límites importantes aún sin definir

Otro aspecto alertado por Bloque Verde, Covirenas y Aditik es que el plan regulador no cuenta con los límites costeros definidos de devolución al Territorio Indígena Kéköldi.

Este problema data del Decreto Ejecutivo 25.296 firmado el 24 de junio de 1996 por la Administración Figueres Olsen, con el cual se cambiaron los límites del territorio indígena Kéköldi (territorio indígena Cocles, hasta 1985) señalando en sus consideraciones "que la (primer) delimitación de la Reserva Indígena de Cocles no fue la más apropiada". Con la modificación, los indígenas fueron despojados de su salida al mar y en su lugar se les entregó un terreno adicional tierra adentro, permitiendo a los residentes del sector de playa Cocles continuar habitándola.

Sin embargo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sentenció el 12 de diciembre de 2019 que el decreto de Figueres era ilegal, y que los indígenas debían recuperar las tierras que le fueron retiradas con esa normativa y además, mantener la que les dieron tierra adentro. Pese a ello, actualmente no está determinado cuáles son los nuevos límites ya que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) no ha terminado de hacer la demarcación —según esas organizaciones—, amparado en que está en proceso el "Plan de Recuperación de Territorios Indígenas".

Delfino.cr consultó al respecto al Inder, sin embargo al momento de publicar esta reportaje no se había recibido respuesta.

De hecho la Municipalidad de Talamanca en los primeros mapas del plan regulador, había incluido territorio indígena y al percatarse de ello tras distintas alertas, dieron marcha atrás y los dejaron del todo excluidos. Sin embargo, para Ana Gaspar Aguerri, vecina de la localidad desde hace 15 años y abogada que ha dado asesorías en temas de la comunidad, tal exclusión no basta, pues aunque el plan regulador costero no abarque territorio indígena, los pueblos originarios que residen en el cantón deben ser tomados en cuenta a la hora de elaborar el documento, en virtud de los convenios internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado Costa Rica.

"En el 70 agarraron a todos los indígenas y se les metió en las "reservas indígenas", donde no tienen su cultura, no tienen su siembra, no es su territorio. Se les dice 'no se preocupen, aquí se van a quedar ustedes, pero nadie les va a tocar esa tierra'. Veinte años después, 1996, les quitan un pedazo de tierra y entonces los Kéköldi dicen 'no, no, no, momentito, ustedes nos dijeron que no nos podían tocar el territorio', entonces apelan, pero estoy hablando de 1996 y hasta ahora la Sala [Primera] resuelve que sí, que efectivamente '¡ups!, ¡ups! sí era territorio indígena'. ¡No, por supuesto! Eso lo han sabido todos los abogados y todos los indígenas de toda la vida, y lo ha sabido la municipalidad y aún así se han dado a la tarea de vender todo el territorio indígena. Es más, todavía en este momento la gente que tiene casas en territorio indígena sigue pagando impuestos municipales, y la municipalidad sigue dando permisos para construcción", dijo Aguerri.

Entonces te estoy hablando de que están haciendo construcciones en tierra indígena todos los días, eso significa que están cortando árboles y destruyendo acuíferos y todo, que son indígenas, son de tierra indígena, y entonces la municipalidad sabiendo todo esto, todos los años que lleva haciendo el plan regulador de zona costera, resulta que hasta hace poco dijeron 'ah no, no, perdón, hay que sacar a los indígenas porque eso es territorio indígena". ¡No! ¡¿En serio?! ¡No me diga! ¡¿No te habías dado cuenta?! Mentiras.

Otra delimitación que no está definida aún pese al estado actual del plan regulador es la del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. El Bloque Verde, Covirenas y Aditik afirmaron que a la fecha el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Área de Conservación Amistad Caribe solamente han presentado un borrador con la propuesta final de la delimitación, en virtud de la sentencia 12.745 del año 2019 de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional una ley del 2014 que redujo el área de ese refugio nacional.

Con la Ley anulada del 2014 el Congreso pretendió excluir del refugio Gandoca-Manzanillo una franja costera que se extendía aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek. La porción excluida ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional 256 y la playa, siendo que en Cocles por espacio de 500 metros el refugio ocupaba solamente los 50 metros de la zona pública. En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja excluida podía medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre.

Cuando la Sala Constitucional anuló la ley impugnada le dio 12 meses al Sinac para que emitiera los nuevos límites del refugio, usando como referencia lo que la Procuraduría General de la República (PGR) había dicho a ese Tribunal en la fase de audiencia escrita, sin embargo habiéndose vencido el plazo en 2020, estos aún no han cumplido con la ordenanza. Delfino.cr también envió consultas al Minae al respecto, pero las mismas seguían en trámite de la oficina de prensa al momento de esta publicación.

El abogado Walter Brenes afirmó que el desconocimiento de los límites del refugio Gandoca-Manzanillo y del territorio Kéköldi no es nuevo, sino que es algo que ha venido pasando durante hace ya algunos años en Talamanca.

Otra vez el plan regulador viene con un vicio gravísimo, a desconocer los límites que tiene el refugio y acá es clave estar entendidos de que no se puede desconocer los límites que existen, porque están específicamente dados ya para una situación en general, y recordemos que con el tema del territorio Kéköldi, ya la Sala Primera tomó una decisión y había determinado que se regresaba básicamente a los terrenos originales que ellos eran los que tenían, y eso cae en una zona importantísima, donde incluso todavía reside muchísima gente ahí y hay hasta hoteles; y de esa temática, nuevamente, este pseudo plan regulador viene a desconocer también esos límites y eso es gravísimo.

Reubicación de pueblos

Otra de las preocupaciones de las comunidades es la eventual reubicación de Cahuita y Puerto Viejo en territorios aún sin determinar, al tiempo que el plan regulador contempla que en esas zonas se puedan llevar a cabo grandes desarrollos turísticos que, para los estándares del Caribe Sur, calificarían como "mega hoteles".

Andrea Mora, vecina de Cahuita explicó que esa localidad tiene un parque nacional que ni siquiera se incluyó en la propuesta, simplemente se dijo "zona de protección" y punto y aparte.

Cahuita además es el primer y único parque a nivel nacional que tiene un co-manejo, que es donde la comunidad participa en las decisiones del parque, que si se hace una donación ese dinero se invierte en el mismo parque, en obras comunales; entonces ese co-manejo más bien tiene que fortalecerse y ese plan ni siquiera lo incluye, ya partiendo de ahí estamos mal. Después, todo el poblado de Cahuita está en la categoría de pueblo costero, zonas especiales, entonces, en algún momento ahí mismo lo dice que todos estos lugares se van a tener que trasladar por problemas ambientales, de erosión y no se especifica dónde, cómo va a ser el proceso. ¡O sea, imagínate trasladar un pueblo!

Enrique Joseph, coordinador del plan regulador municipal de Talamanca negó en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda del 11 de junio que se pretendiera reubicar al poblado de Cahuita, aunque reconoció que en algún momento eso fue valorado.

Sin embargo, el tercero y sexto mapa de zonificación de la Municipalidad para el plan regulador, hechos en conjunto con el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), sí establecen que tanto Cahuita como Puerto Viejo entran dentro de la categoría de "pueblo costero", una zona especial que en la página 194 de la propuesta del plan regulador se indica que, si durante el proceso de planificación se determina que la zona presenta condiciones de riesgo por procesos naturales, "se deberá valorar su reubicación a sitios con mejores condiciones".

Esa posibilidad gana fuerza como un hecho inminente pues el mismo plan regulador reconoce en su página 125 y siguientes que Cahuita está presentando escenarios de erosión y aumentos del nivel del mar, al menos, desde 1985 cuando el mar desapareció la primera casa de guardaparques; luego en 1990 el mar inició la invasión de los servicios para los visitantes en Puerto Vargas; y en otros sectores del parque a partir de 1995 se habían desarrollado 50 áreas de camping hasta desaparecer completamente en enero del 2015.

Hoy el parque en el sector más expuesto al Mar Caribe ha perdido completamente los senderos y el camino de acceso a la residencia del guarda parques. El bosque se ha impactado por los oleajes. En este documento se indica que en el año 2040 el nivel del mar en la costa caribeña podría llegar a valores entre 81,0 y 84,9 mm (cada 10 mm significan ~1 metro de retroceso de la costa). En el estudio realizado por los investigadores Gustavo Barrantes Castillo, Isabel Arozarena Llopis, Luis Fernando Sandoval Murillo, José Francisco Valverde Calderón de la Universidad Nacional sobre erosión costera en la zona de Cahuita y Puerto Viejo, se han identificado varios puntos “calientes” de erosión costera, es decir con procesos acelerados de erosión importantes.

Mapa sobre índice de fragilidad por erosión en Cahuita

Mapa sobre índice de fragilidad por erosión en Puerto Viejo y Cocles.

Mapa sobre índice de fragilidad por erosión en Cocles, Punta Uva y Manzanillo.

Otros mapas contenidos en la carpeta compartida por la municipalidad muestran que tanto Cahuita como Puerto Viejo presentan alto riesgo de sismicidad local y regional; así como de afectación por tsunamis. Por su parte, otro mapa muestra que Puerto Viejo tiene un alto riesgo de licuefacción del suelo, es decir, que ante la ocurrencia de un terremoto el suelo pasa de tener una consistencia firme a una consistencia líquida que puede causar el hundimiento de las estructuras.

Delfino.cr se había contactado con Enrique Joseph para abordar este y otros cuestionamientos al plan regulador costero, sin embargo, tras indicar en una ocasión que estaba en una reunión y no nos podía atender, y pese a reiterarle en otra oportunidad que estábamos interesados en conversar respecto al tema, no respondió a nuestra solicitud.

El abogado Walter Brenes explicó que no se puede dejar de lado que Cahuita, Puerto Viejo y la zona general son pueblos tribales, a los cuales el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le otorga una condición de tribus a las personas que son locales y residentes y que nacieron y han crecido en la zona.

Entonces, esto no es simplemente como que el plan regulador pueda tener una consideración con estas poblaciones porque eso es básicamente como sacar a los indígenas de los pueblos donde han residido toda una vida. Conozco el problema de erosión, conozco la problemática que se ha venido dando, pero eso no implica que eventualmente las personas tengan que ser prácticamente dejadas sin su propio terreno. Todo esto responde a intereses oscuros, esa es la verdad. 

Pareciera ser que quieren llevar esto a un extremo de pasar el plan regulador como a ellos se les ocurrió hacerlo, pero al final del camino lo que van a hacer es básicamente que todo el trabajo sea anulado. Pareciera ser que por alguna suerte de azar quieren pasar rápidamente el plan regulador, autorizar unos permisos específicos, hacer unas cosas específicas, mientras que el plan regulador va a juicio.

Problemas de agua y manejo de residuos

Uno de los aspectos que más genera malestar en los lugareños es que el plan regulador señale que no se requieren inversiones en el rubro de abastecimiento de agua potable "ya que la capacidad instalada actual y prevista a 20 años, garantiza la satisfacción de la demanda de este servicio, tanto para la Zona Marítimo Terrestre como para las comunidades vecinas".

El documento señala que tomando como base un consumo medio por persona al día de 350 litros de agua, multiplicado por 18.603 personas, ello daría como resultado una demanda de 6.511.088 litros al día (2.6 metros cúbicos), los cuales podrían cubrirse con un pozo de aproximadamente 38.9 litros por segundo con un bombeo máximo diario de 18 horas.

Como ya se indicó, mediante un convenio entre la Municipalidad, el ICAA [AyA], Asadas y empresas privadas, se logró la construcción de acueductos. Por lo tanto, la capacidad instalada actual es suficiente para la demanda en el mediano y largo plazo.
—Página 168.

Pese a ello, los residentes de Cahuita y Puerto Viejo coinciden en algo: eso no es cierto. 

Waltraud Barthel afirmó que el faltante de agua es uno de los puntos más críticos, ya que si bien en el 2018 cuando se hicieron los estudios no estaban conectados tantos vecinos al acueducto comunal, personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados les habían dicho que el acueducto de Sand Box tenía una vida útil de 20 años y que estaba proyectado para cierta cantidad de población permanente y flotante (turistas), sin embargo, la expresidenta del AyA, Yamileth Astorga, le dijo días antes de nuestra entrevista que desde entonces la capacidad original se ha reducido en un 70%, hasta quedar apenas en un 30%.

Ahora con una población creciente los problemas de agua son cosa de todos los días: o no llega del todo, o hay baja presión, al punto que el AyA ya no está dando nuevas fajas de agua.

Durante años el AyA ha reconocido que las condiciones hidrogeológicas del agua subterránea del Caribe Sur obligan a contar con instalaciones de remoción de hierro y manganeso para hacerla segura para consumo humano. Sin embargo, esa planta ahora no da abasto por lo que las comunidades están recurriendo a pozos artesanales en sus propiedades o a recoger y filtrar agua de lluvia cuando esta cae, lo que ha sido casi anecdótico desde agosto del 2022, fecha en la que el Caribe Sur empezó a presentar situación de sequía, la cual se espera que subsista hasta el segundo semestre de este año.

Por su parte, Ana Gaspar Aguerri confirmó las problemáticas del acceso al agua potable y criticó el hecho de que el plan regulador pretenda habilitar la construcción de megahoteles cuando existe ese faltante.

Cuando el INVU dice que hay estudios que demuestran que hay agua suficiente en este momento para todos los habitantes, y hay capacidad suficiente para nuestras construcciones para los próximos 20 años, está muy equivocado. No hace falta más que hablar con los habitantes, los dueños de restaurantes que tienen que cerrar a cada rato porque no tienen agua.

Aguerri explicó que, según la propuesta de plan regulador, en un lote de 5000 metros cuadrados en las zonas denominadas "pueblo costero", que abarcan tanto Cahuita como Puerto Viejo, se podría construir en un 80% del terreno es decir, unos 4000 metros cuadrados, sin embargo, el plan a su vez señala que se podrían construir hasta 3 pisos, es decir, un total de 12.000 metros cuadrados de construcción.

Primero que nada no hay agua y segundo, me decía Ana María Arenas, que es la que trabaja con la Comisión de Corales y también es una líder comunitaria, me decía que uno de los principales factores de la muerte de los corales ha sido y es la sedimentación que viene de las construcciones y la destrucción de los ecosistemas de zona pública y de Zona Marítimo Terrestre. A Sámara, por ejemplo, las construcciones en el cerro le costaron la vida a sus arrecifes, entonces esto es absolutamente en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Costa Rica ratificó con las Naciones Unidas. O sea, nos jactamos de un turismo que viene a ver lo que queremos destruir para hacer "eco hoteles".

Aguerri describió lo que están experimentando desde hace más de 6 meses como "una sequía espantosa". 

Tengo amigas que no pueden llevar los chiquitos a la escuela porque no los pueden bañar, mi hermana tiene un restaurante ahí en zona marítimo y ha tenido que cerrar no sé cuántas veces en los últimos meses porque no llega el agua. Esto te estoy hablando después de que el AyA hizo sus famosos acueductos, que primero llegó el Ministerio de Transporte (MOPT) para arreglarnos las calles y después llegó el AyA para hacer huecos en todas las calles nuevas y hacer la vaina del agua. O sea, es que no hay integración, no hay cohesión estatal, deberíamos tener un Ministerio de los Detalles ¡por Dios! (...)

Están los acueductos del AyA, está la gente que tiene pozos, las Asadas, habemos otros que hasta recolectamos agua de lluvia y la filtramos; lo que sí está claro es que hace muchos años tenemos problemas de agua, y la gente en este momento no tiene agua y yo que vivo rodeada de ríos, te puedo asegurar que los ríos están secos y hasta hemos visto pumas al frente de mi casa porque bajan a tomar agua porque no saben a dónde ir. ¿Me explico? Tenemos un problema de agua muy serio y la infraestructura o lo que sea que hayan hecho no sirve para nada, más que para destruir lo que hizo el MOPT que nos había arreglado las calles.

Al faltante de agua para consumo humano se agrega la contaminación de las fuentes. Sumado a que como mencionamos anteriormente el agua del Caribe Sur debe ser tratada para eliminar sus grandes concentraciones de hierro y manganeso, las construcciones descontroladas y la inexistencia de sistemas de tratamiento causan problemas de salud, al punto de que los médicos le recomiendan a los lugareños no bañarse en las playas en épocas vacacionales, bajo el riesgo de contraer pink eye (conjuntivitis).

Está todo contaminado de cacas y de todo, vos ves que por ejemplo de construcciones nuevas salen zanjos que hacen, llenos de caca directo al mar donde se está bañando todo el mundo, se ve así a plena vista, no es como que está escondido; a la par de las escuelas y todo, es un descaro.

Una problemática similar ocurre con el tratamiento de desechos sólidos. La municipalidad, según sus lugareños, solo hace la recolección una vez a la semana y aunque algunos han optado por reciclar, pasan grandes lapsos de tiempo sin que los vehículos encargados de recolectarlos pasen por las comunidades.

Waltraud Barthel afirmó que el servicio de recolección de residuos no da abasto: "hay basureros por todo lado y se ve horrible, y el servicio de reciclaje —porque están diciendo en el plan regulador que todo está resuelto, pero la realidad es otra—, yo organicé un grupo en mi vecindario y hace casi dos meses no están recogiendo el reciclaje porque tienen problemas con el Ministerio de Salud, porque no hay espacio en el centro de acopio".

Asimismo externó su preocupación por la pretensión de autorizar la construcción de megahoteles.

La proyección de habitaciones de hoteles que están poniendo ahí, porque con esa proyección y las zonas que indican en los mapas... ¿qué pasa con árboles, con el corredor que se necesita para conectar la zona? Hay zonas ahí que si algún propietario tiene hasta 6 hectáreas serían 50 habitaciones por hectárea, eso sería un megahotel, para nosotros en el Caribe Sur eso es un megahotel porque en el Caribe Sur tenemos hotelitos.

Andrea Mora cuestionó que la propuesta municipal sea que los concesionarios desarrollen en sus terrenos plantas de tratamiento.

No existen plantas de tratamiento, no está la capacidad actual, aquí no se recicla, la basura pasa una vez a la semana, pero dicen que no va a haber ningún problema, que todo está marchando muy bien, cuando no es cierto, y dicen que para estar en toda esta franja deberán las mismas concesionarias tener sus propias plantas de tratamiento. ¿Cómo vamos a tener plantas de tratamiento en terrenos de 300 metros cuadrados, máximo 1000 metros cuadrados? No tiene sentido.

El documento del plan regulador proyecta que, dadas las características turísticas de la zona, cada día una persona produciría 0.9 kilogramos de desechos sólidos, dato que multiplicado por 18.603 daría como resultado más de 16,7 toneladas de residuos al día, para de seguido afirmar que "esta producción de desechos sólidos no representa ningún problema para el sistema de recolección de la Municipalidad de Talamanca", pese a ello, el gobierno local carece de un relleno sanitario y sus desechos deben ser enviados hasta Limón, al botadero de la empresa EBI.

El programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) fue aprobado por el Consejo Municipal el 23 de febrero de 2011 en sesión ordinaria número 41 acuerdo #7. Deberán aplicarse medidas para la reducción de los desechos en su origen y sistemas para el reciclaje.

Por el lado de los desechos líquidos, el plan calculó que se generaría el equivalente a 4.88 millones de litros diarios, sin una solución existente pues por el contrario se señala que "estos desechos líquidos deberán ser tratados en una planta o varias plantas de tratamiento, que tenga la capacidad para darle tratamiento a este volumen de aguas servidas. ICCA, Municipalidad y otros organismos como UNOPS de Naciones Unidas están en proceso de construcción de importantes obras que según sus estimaciones tendrán la capacidad de atender las necesidades con oferta máxima de atención".

El abogado Walter Brenes afirmó que ha sido práctica del Ministerio de Salud en algunas localidades exigir plantas de tratamiento para proyectos que tienen cierta magnitud, pero que no se pueden dejar de lado los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), pues estos serán claves para determinar qué zonas podrían tener o requerir plantas de tratamiento y qué otras podrían continuar con un tanque séptico, "que no es lo mejor, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que no todas las personas tendrían la posibilidad de construir una planta de tratamiento y darle el mantenimiento que se requiere".

Delfino.cr solicitó al AyA información respecto a la disponibilidad del agua en las distintas localidades del cantón de Talamanca, específicamente el año del último estudio, la capacidad máxima estimada, detalle de qué zonas carecen de acceso a acueductos para acceso al agua para consumo humano; informes sobre eventuales contaminantes detectados en los acueductos existentes, informes de si existe sobredemanda y en cuáles zonas, además de si se están presentando racionamientos de agua por baja disponibilidad de fuentes o contaminación. Al momento de publicar este reportaje no se había recibido respuesta.

Canon cuestionable

Finalmente, otro aspecto que causa preocupación entre los residentes de Cahuita y Puerto Viejo es el canon que tendrían que pagar por vivir o emprender en esas zonas.

El plan regulador dispone que dicho canon en los usos residenciales será de un 0.40%, en los usos comerciales de un 0.75% y en los usos de hospedaje un 0.75%, tomando como referencia un precio de 128.000 colones por metro cuadrado. Bajo ese supuesto, la Municipalidad de Talamanca percibiría el equivalente a 1016 millones de colones, cada año, por al menos 10 años.

La propia municipalidad presentó a los vecinos cálculos de que, por un lote de 1000 metros en la zona de Playa Negra, tendrían que pagar 125.000 colones al año por canon; mientras que si usan un lote de 100 metros para fines comerciales, tendrían que pagar 375.000 colones al año.

Sin embargo la Municipalidad proyecta usar los recursos, entre otros, para turismo y nuevos desarrollos infraestructurales, lo que configuraría una excepción a pagar el canon contenida en el artículo 28 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que indica que cuando se trata de concesiones otorgadas para el disfrute de áreas a cargo tanto del gobierno local como del Instituto Costarricense de Turismo, estas van a estar exoneradas.

"Me llamó mucho la atención que los proyectos de interés turísticos del ICT y la Municipalidad están exentos del canon, entonces eso va a ser como el modelo de desarrollo de las bananeras que vienen aquí exentas de impuestos. ¿Cómo vamos a poder competir nosotros que tenemos 10 cabinitas, que todo lo hemos hecho sin préstamo, con nuestro esfuerzo, endeudándonos, viendo a ver cómo subsistimos a un hotel de 500 habitaciones, libres de impuestos, frente al mar?", declaró Andrea Mora, quien afirmó que ello se siente como un desplazamiento forzoso para dar pie a grandes desarrollos turísticos.

En ningún lado se nombra cómo se va a hacer para proteger las áreas, la franja costera, para garantizar el paso en la vía pública; no tiene ese enfoque, eso es un plan de desarrollo urbanístico, si tú lo lees.

Ana Gaspar Aguerri cuestionó que el desarrollo económico de la zona se esté basando en los precios de cánones e impuestos municipales, recordando que allí viven personas en extrema pobreza (palabra que en las 235 páginas del documento solo se menciona en dos ocasiones):

Hay personas que llevan aquí cientos de años viviendo y no tienen plata ni para comer ahora, mucho menos para estar pagando cánones ni tonterías de esas. ¿Por qué, en qué visión de país, en qué época de la historia de la humanidad creen que estamos? A la gente no se le puede venir a desarrollar, la gente se desarrolla a sí misma, el desarrollo no es un modelo, eso es lo que nos hacen creer: "es que el desarrollo económico", no, eso es una tontera, el desarrollo viene de la creación de cada persona, el desarrollo viene de la experiencia, las circunstancias que ha vivido cada persona y de las herramientas que logre tener para crear, eso es desarrollo.

Aguerri cuestionó que en este momento en la humanidad se esté utilizando el desarrollo desde el punto de vista económico, y no desde el desarrollo biológico, que es el de la regeneración de los recursos, turismo verde y de bienestar:

"Intracelularmente o biológicamente el desarrollo necesita que las células estén constantemente regenerándose para lograr la sostenibilidad, pero el desarrollo económico es un concepto basado en el 'crecimiento de', entonces 'crecimiento' es muy distinto a 'regeneración' o a 'sostenibilidad', es más, es todo lo contrario. El concepto que hablan de 'desarrollo sostenible' es completamente contradictorio porque un desarrollo, viéndolo desde el punto de vista económico, es de crecimiento, entonces, ¿cómo puede estar basado el crecimiento en una extracción ilimitada de recursos limitados y ser sostenible al mismo tiempo? Es que ni siquiera hablamos bien y entonces dicen 'no, no, entonces hablemos de desarrollo regenerativo', ¡peor todavía! porque por lo menos la palabra sostenibilidad intrínsecamente tiene la regeneración, porque para poder ser sostenible necesitamos la regeneración constante. La definición de desarrollo como un modelo económico extractivo es uno que nos hemos inventado y es el que nos ha llevado la crisis planetaria", reflexionó.

Asimismo esta vecina criticó que se siga apostando por un desarrollo basado en turismo cuando apenas se acaban de ver los efectos de una pandemia global y sus consecuencias en la parálisis de esa actividad.

Ya nos dimos cuenta de los efectos de la pandemia, de los efectos de tener el turismo como único eje económico. ¿Qué es lo que hizo la gente aquí con la pandemia cuando se acabó el turismo? ¿Qué es lo que estaba buscando todo el mundo? Sembrar comida, buscar a ver a dónde recolectaban agua de lluvia. ¿Y entonces qué? ¿Se nos olvidó todo eso? Y ahora queremos basar todo nuestro desarrollo en un eje que es el económico y peor aún, que es el turístico, que depende de la situación global que de todas maneras está en crisis.

Agregó que lo que esas zonas necesitan es lograr seguridad alimentaria y autosuficiencia. 

¿Cómo es posible que tengamos todos estos recursos y no seamos una región autosuficiente y no seamos una región resiliente al cambio climático? Y que teniendo todos esos recursos para lograr autosuficiencia y la resiliencia comunitaria, que además son las contribuciones que hace Costa Rica a los Acuerdos de París, lo quieran destruir para hacer ecohoteles, para lograr un pequeño eje del desarrollo que es el económico-turístico, que además va a estar dependiendo de la situación global de si el turismo se mueve o no. ¿Qué es esta poca visión, por Dios?

Por su parte, el abogado Walter Brenes afirmó que la metodología del canon propuesto no responde ni refleja la realidad de la zona, y más bien evidencia la intención de crear un desplazamiento forzoso de sus pobladores.

Estamos hablando que el Caribe Sur es una población que durante muchísimos años estuvo marginada, recordemos que no hace mucho todavía había una prohibición de pasar por el Zurquí para los afrodescendientes, entonces es una población turística que está en crecimiento y que no tiene la capacidad para pagar estos montos que podrían eventualmente estarse fijando, y evidentemente lo que se está haciendo es buscando que la gente que pueda pagarlo sea la que se quede y eso va a tener implicaciones directas para los locales, en este caso para los pueblos tribales que tenemos ahí, los pueblos indígenas.

No contempla los Objetivos del Desarrollo Sostenible

En 2021 el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y las Naciones Unidas en Costa Rica publicaron la "Guía para la Articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión de los Gobiernos Locales".

En dicho documento existe una sección dedicada en exclusiva a los planes reguladores, señalando que son un instrumento técnico de planificación a mediano y largo plazo, "basado en la importancia que tiene para los gobiernos locales el contar con un instrumento para la proyección y forma de desarrollo de su territorio, ya que servirá para identificar los problemas que se tienen en los cantones y sus distritos, lo que permitirá establecer las disposiciones legales generales y normativas, que permitan la organización del uso de suelo y la correcta ocupación del territorio. Permite además, orientar gastos y proyectos dirigidos a la inversión en infraestructura de acuerdo con las necesidades de cada zona".

La guía señala que si bien es la Municipalidad la que decide las prioridades de desarrollo del cantón, la ciudadanía debe tener una participación activa en la toma de decisiones, velar porque se responda a sus necesidades específicas, y solicitar procesos de rendición de cuentas a los funcionarios y autoridades municipales.

Ana Gaspar Aguerri hizo énfasis particular en que la propuesta del plan regulador no contempla los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que Costa Rica adquirió ante las Naciones Unidas, pese a la existencia de esa guía.

Hicimos contribuciones y promesas de cambio firmando la agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible precisamente para hacer frente a esta crisis global que ve el horizonte muy cercano del colapso de la humanidad, y las contribuciones de Costa Rica son la descarbonización y la resiliencia comunitaria, y para lograr esto Mideplán, el IFAM, junto con las Naciones Unidas hicieron la guía, guía que no se está tomando en cuenta. Estamos hablando de los objetivos globales para hacerle frente a la crisis no solo del cambio climático, sino a los demás límites planetarios. Entonces esta guía que debería estar siguiendo la Municipalidad, así como los demás entes parte de este plan, tiene un apartado con un título que dice "Plan Regulador" y ahí establece Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y el Plan Estratégico Municipal (PEM) como herramientas cruciales para lograr la agenda 2030 y los 17 ODS de la de la de la ONU.

De acuerdo con la guía, ambos instrumentos en sus procesos de elaboración o actualización deben promover su vinculación con la Agenda 2030, en miras a no dejar a nadie atrás, llevando a cabo un análisis de la prestación de servicios a poblaciones en condición de vulnerabilidad, y su vinculación con las dimensiones del desarrollo sostenible.

Asimismo el documento contiene sugerencias de matrices o formas para evaluar una correcta implementación de los ODS en la elaboración de los instrumentos técnicos municipales, sin embargo, ninguno de ellos aparece contenido en el plan regulador.

Aguerri comentó que, por ejemplo, uno de los aspectos que debe tomarse en cuenta es el apartado de gestión ambiental y ordenamiento territorial, incluidos ecosistemas como arrecifes, sin embargo en el plan regulador no están incluidos.

Para mí es evidente que los funcionarios, tanto los de la municipalidad como todos los que están dentro de este plan, así como la mayoría de funcionarios de los entes públicos costarricenses, no están siendo capacitados como deberían por el mismo Estado en la realidad política nacional y global a la que Costa Rica es tratada, así como los 196 países también lo están; y hay que tomar en cuenta que si algún país no aplica sus contribuciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos podemos ver frente al colapso de la humanidad, como lo dice la Ciencia y las Naciones Unidas de las cuales somos parte.

De acuerdo con ella, la visión país que se tiene ahora y la plasmada en el plan regulador está obsoleta pues se remonta a unos 70 o 100 años atrás, cuando no se tenía claridad de lo que estaba pasando o iba a pasar con el planeta y el país.

"Estamos hablando de que ya hemos ratificado internacionalmente estos objetivos y que ya sabemos que si no hacemos esto podemos enfrentar un colapso de la humanidad, y si nosotros, como Costa Rica, que somos uno de los ejemplos internacionales verdes, empezamos a destruir toda nuestra naturaleza para hacer eco hoteles basándonos en un desarrollo que se basa en cánones y en impuestos municipales, en lugar de desarrollo humano, en lugar de de una administración sostenible de nuestros recursos, ¿qué ejemplo le vamos a dar al resto de la humanidad?", reflexionó.

Aguerri señaló que no se está dimensionando la importancia que tiene Costa Rica a nivel global como cara verde internacional, pero que no culpaba ni a los munícipes ni al resto de funcionarios públicos porque ellos deberían ser capacitados por el mismo Estado en estos temas.

Yo sé que el que el Mideplán estuvo dando hasta 60 capacitaciones a diferentes municipios, yo no sé si no llegó a Talamanca o llegó y les entró por una oreja y le salió por la otra.

Lo que la comunidad quiere: tiempo

Aguerri afirmó que los lugareños desean por parte de la municipalidad es que pospongan la audiencia pública programada a inicios de agosto para permitir un estudio más a fondo del borrador del plan regulador y la documentación que lo sustenta, verificar si existen los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS) y los estudios de geoaptitud, especialmente tomando en cuenta que los estudios del INVU sobre la disponibilidad de agua potable están incorrecto.

La comunidad lo que quiere es tiempo, lo que necesitamos es posponer la audiencia pública para que se nos de tiempo de estudiar bien el plan porque no lo hemos podido estudiar bien, porque ni yo ni muchos abogados que están en el meollo del asunto tampoco han tenido tiempo a estudiarlo bien, porque los líderes comunitarios no han tenido la oportunidad de estudiarlo bien, por muchas razones.

"Necesitamos hacer las enmiendas a este plan regulador porque este está muy mal hecho y está basado en supuestos y no está de acuerdo con la legislación actual, con la visión de país actual ni la visión planetaria actual", agregó.

Aguerri insistió que este plan contiene vicios de origen, como el aspecto de haber ignorado la existencia de 18 humedales existentes que no fueron incluidos. Este tipo de vicios podría llevar a la nulidad del plan regulador.

En este caso, no necesariamente habría que empezar de cero, ya que podrían haber estudios que sirvan. Pero sabemos también que hay estudios necesarios que son inexistentes, y otros que están equivocados, como por ejemplo el de la capacidad del agua. Por otro lado, también la comunidad puede decidir que en lugar de declararlo nulo, enmendarlo de forma que se vinculen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como lo indica la guía. Lo que todos estamos de acuerdo es que este plan regulador no puede ser válido así como está; ya sea se declare nulo o se incluyan las enmiendas necesarias para lograr un verdadero desarrollo sostenible.

La municipalidad destinó más de 186 millones de colones en un plan de cooperación para la formulación del plan regulador con el INVU. Esa institución, por su parte, destinó 7.98 millones de colones en la contratación de un profesional en economía para elaborar el plan regulador.