Ambientalista cuestionó aumento en aforo de 1120 a 1568 personas.
El ambientalista y especialista en Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Christian Mata Bonilla, advirtió que el aumento en el aforo del Parque Nacional Manuel Antonio deja por fuera la conservación de las especies y no resuelve el problema de sobrevisitación que condenó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) en mayo anterior.
Este 18 de julio el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach Capra, anunció que la capacidad máxima del parque pasará de 1120 a 1568 personas.
El jerarca explicó que la razón del cambio se debe a que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) aportó 400 millones colones para mejorar la infraestructura del sendero Punta Catedral.
Aunado a ello, justificó que los guías locales han trabajado en mejorar las condiciones de acceso y seguridad de los visitantes. Para ello, la Municipalidad de Quepos ha aportado maquinaria y la empresa privada ha apoyado también de diferentes maneras.
La subida en el aforo es contraria a la sentencia de la Sala Constitucional que condenó la sobrevisitación en el parque y fijó la capacidad máxima en 1120 turistas diarios.
En la resolución de un recurso de amparo, que fue interpuesto por Mata Bonilla, la Sala castigó al Estado debido a que la capacidad diaria superó en un 267.9% la capacidad instalada, sin un estudio técnico que lo sustente.
En ese momento, los magistrados sentenciaron que con los hechos denunciados se violó el derecho a un ambiente ecológicamente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, así como el principio de objetivación de la tutela ambiental.
Al respecto del aumento de la capacidad Mata Bonilla comentó a Delfino.cr que, pese a alegrarse por la inversión en la infraestructura, se queda por fuera el tema de la conservación de las especies.
El ambientalista recordó que el aumento no debe darse ya, sino cuando todas las obras y mejoras estén listas e implementadas.
Se nota el interés de desafiar la jurisprudencia y las resoluciones de la Sala. No la van a tener fácil, y no es ser obstruccionista ni mala fe, queremos que esta y todas las Áreas Silvestres Protegidas sean motores de desarrollo pero respetando todos los criterios de gestión y manejo.
Y recordó:
El recurso de amparo no se interpuso por el tema de infraestructura, fue específicamente por la vulneración a la fauna silvestre y los ecosistemas.
Mata Bonilla advirtió que, si las decisiones no se sustentan con un estudio científico imparcial, objetivo y realizado por alguna organización científica reconocida y contratada vía concurso público, pelearán hasta las últimas consecuencias, incluso considerando acudir nuevamente a la Sala y acusar al ministro de ambiente por desacato.
Este medio de comunicación consultó al Minae si existía un estudio técnico para tomar, sin embargo al cierre de esta noticia no se obtuvo una respuesta.
En ese fallo, el director regional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) en el Pacífico Central, Jeffrey Hernández, detalló que el Parque Nacional actualmente cuenta con 11 funcionarios (incluyendo el administrador y la secretaria) para la atención de visitantes, mismos que en su totalidad no fueron contratados para este fin, y que han realizado la función por la necesidad institucional en esta materia.
Puntualizó que para las funciones orientadas solamente a la atención del turismo, en temporada alta, requieren al menos 8 funcionarios de planta más, de preferencia técnicos especializados en turismo o servicio al cliente.
La decisión del Minae también llega una semana después de que la Sala Constitucional condenó nuevamente al Estado por mal manejo ambiental del Parque Manuel Antonio.
En la resolución Nº 16088-2023 del 4 de julio, los magistrados señalaron aspectos sobre posibles afectaciones que existen por la actividad agrícola que hay dentro y fuera del Área Silvestre Protegida del Parque Nacional Manuel Antonio, relacionados con el cultivo de arroz, palma aceitera y la ganadería.
Además, se castigó nuevamente la sobrevisitación al parque ya abordada en la sentencia del pasado 12 de mayo.
Otro punto fue la poca atención y la escasez de recursos que brindan las autoridades específicamente al sector conocido como Playa Rey.
*Esta noticia fue modificada a las 9:20 p.m. cuando se corrigió la profesión del ambientalista Christian Mata Bonilla.
