Escuela de biología de UCR pidió al Gobierno no omitir criterios técnicos y científicos.
A través de una carta abierta, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) indicó que el Poder Ejecutivo pone en peligro la reputación del país, como un destino turístico comprometido con la sostenibilidad, con casos como el del Parque Nacional Manuel Antonio en el que se permitió la sobrevisitación según un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV).
En el documento expresaron su preocupación debido a las críticas del presidente Rodrigo Chaves Robles y el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) Franz Tattenbach Capra, a la decisión que condenó al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional superara en un 267.9% la capacidad instalada, sin un estudio técnico que lo sustentara. Desde la escuela de Biología, sostuvieron que:
Este fallo tiene como objetivo proteger la integridad biológica del Parque Nacional Manuel Antonio y está en pleno cumplimiento de la legislación vigente. En lugar de buscar un beneficio económico momentáneo, es fundamental fortalecer las áreas silvestres protegidas, proporcionar los recursos necesarios para su protección y estudio y compartir su acceso con toda la población de una manera sostenible”.
Además resaltaron que, según estudios, Manuel Antonio es un ejemplo en el que la hiperfrecuentación turística se traduce en cambios de comportamiento de las especies por la perturbación de la actividad de los visitantes.
Entre las especies afectadas se detallaron al mono carablanca, mono tití, mapaches, mono congo, perezoso, entre otros. Asimismo, afectación sobre la flora, erosión del suelo, pérdida de cobertura vegetal, mayor generación de residuos y mal manejo de aguas residuales.
Las ganancias del sector turismo, bajo sus intereses de negocio, más bien se verán perjudicadas si el Parque Nacional Manuel Antonio deja de cumplir sus objetivos en aras de ganancia a corto plazo, las cuales amenazan el mantenimiento de la integridad biológica de los ecosistemas a mediano y largo plazo".
Desde la Escuela de la UCR enfatizaron en que les preocupa que la omisión de criterios técnicos y científicos para la gestión correcta y la conservación de los ecosistemas y especies del Parque Manuel Antonio, se convierta en un precedente para otras áreas silvestres que experimentan alta demanda como el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Volcán Poás, por ejemplo.
En marzo de 2022 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) aumentó de 2.000 a 3.000 la cantidad aceptada de visitantes diarios. Dicha situación fue señalada por Investigadores del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA) al argumentar que para tomar esa decisión no mediaron consideraciones técnicas del impacto en un sitio que es oficialmente Área Silvestre Protegida (ASP).
Posteriormente, el ambientalista Christian Mata presentó el recurso de amparo mencionado, en el que la Sala tomó en cuenta que el modelo de flujo de visitantes de diciembre de 2022 señaló una carga de 1120 turistas diarios y lo estableció como el máximo de su capacidad.
El mandatario Rodrigo Chaves Robles dijo que la condena del tribunal constitucional le "preocupaba" y "molestaba" muchísimo. Además, anunciaron que van a intervenir administrativamente al Parque Nacional Manuel Antonio y una investigación contra tres funcionarios que expresaron posiciones técnicas distintas a las de una orden del ministro de Ambiente.
El presidente justificó su posición al decir que esta disminución en la afluencias ese un golpe a la gente de Quepos y cantones aledaños. "No está permitiendo que haya gente que se gane la vida a los estándares que podrían y vuelve a permitir el chorizo de la reventa de boletos al crear una escasez artificial", agregó en conferencia de prensa.
Al respecto, la Escuela de Biología criticó los cuestionamiento de los jerarcas hacia el personal del MINAE y SINAC, quienes han acatado el fallo de la Sala IV basados en criterios técnicos. Para finalizar llamaron a las autoridades a no buscar un beneficio económico momentáneo y, en su lugar, fortalecer las áreas silvestres protegidas, proporcionar los recursos necesarios para su protección y estudio.