Áreas protegidas de Costa Rica aumentaron en un año 524%, lo que significó el mayor incremento desde 1970.
El Informe del Estado Nación 2022, presentado la noche de este miércoles 16 de noviembre, alertó que el crecimiento de las áreas silvestres protegidas (ASP) no es acorde con el debilitamiento institucional que ha sufrido el país en los últimos años.
Entre 2020 y 2021, la superficie legalmente protegida en Costa Rica aumentó un 524%, lo que significó el mayor incremento desde 1970. El informe sugiere que para resguardar las extensas áreas protegidas existentes y nuevas es necesario fortalecer las capacidades institucionales mediante, entre otros, las alianzas público-privadas y los vínculos con las comunidades.
Para la investigadora en materia ambiental del Estado de la Nación, Karen Chacón, la ampliación de las áreas silvestres protegidas no va de la mano con esas dinámicas ni tampoco se acompaña de la asignación de nuevos recursos humanos, económicos ni tecnológicos.
Por ejemplo, recordó que por segundo año consecutivo hubo una reducción en los ingresos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). La cartera de la institución encargada de administrar las áreas silvestres protegidas, pasó de 40.571 millones de colones en 2020, a 26.026 millones de colones en 2021, el monto más bajo en casi una década, apuntó la investigadora.
El PEN resaltó que la zona marítima protegida es ahora 12,6 veces mayor que la zona terrestre bajo resguardo. Esta última representa un 25,5% del área continental del país y está distribuida en 151 ASP.
Chacón, enfatizó que el crecimiento supera las capacidades institucionales para resguardar y fiscalizar efectivamente las áreas protegidas.
Este aumento significa que la zona de resguardo asignada a cada guardaparque creció seis veces en un año, al pasar de 5.330 a 32.700 hectáreas”.
Actividades detonadoras
El Estado de la Nación indicó que, pese a que la protección y manejo sostenible de las áreas de conservación ha sido efectivo en el país, actualmente se registran cambios regionales importantes en la economía que podrían causar presiones que debiliten los esfuerzos en conservación, según el Informe.
En detalle, los cambios citados responden al desarrollo acelerado de actividades con impacto local, como es el caso de:
- El turismo masivo en Guanacaste.
- El desarrollo inmobiliario.
- El aumento de cultivos como la piña.
En este contexto, el informe realizó una investigación sobre las presiones a la conservación con énfasis en las zonas cercanas a las áreas de resguardo, en las cuales el desarrollo de actividades humanas puede afectar los recursos naturales protegidos, así como aquellos que están fuera de la jurisdicción directa de los gestores.
Encontramos que los esquemas de gestión con bajos niveles de restricción a las actividades humanas, como los que están en áreas que bordean las ASP y que buscan contener o amortiguar las presiones, en realidad muestran tendencias en el uso del suelo similares a las zonas sin ningún tipo de manejo”.
La investigadora aclaró que estos hallazgos son exploratorios, por lo que recomienda estudiar el tema más a futuro. No obstante, señaló que generan “alerta” respecto a la posible afectación a las ASP. También resaltaron que las ASP bajo esquemas altos o intermedios de protección, como los parques nacionales o humedales, sí logran contener importantes presiones humanas, como la deforestación o el cambio de uso del suelo.
Explotación de ecosistemas
El PEN detalló que las presiones a la conservación también se observan en el estado de las especies del país. El año pasado, 567 especies presentes en Costa Rica fueron catalogadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico o vulnerables, 54 más que en 2020.
Los datos disponibles sugieren que, en algunos casos, hay una sobreexplotación de los ecosistemas. Un ejemplo es lo que sucede con los tiburones. En 2020 la cantidad de aletas de tiburón desembarcadas en el país superó el promedio del período 2010-2020, que era de 180.577 kilogramos, alcanzando 200.126 kilogramos”.
Además, hicieron hincapié en que Costa Rica reportó un aumento del 91% en los desembarques totales de pesca entre 2010 y 2020. En total en 2020 se desembarcaron 12 millones de kilogramos más que en 2010.
Argumentaron que una actividad que contribuye a la conservación de los recursos pesqueros es la pesca artesanal en pequeña escala, que genera beneficios a la biodiversidad marino-costera y colabora a la seguridad alimentaria de las familias pesqueras.
Sin embargo, uno de los desafíos identificados por las poblaciones consultadas durante el desarrollo de la investigación, es que no existe un acompañamiento de parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
Con respecto a las presiones en materia forestal, advirtieron que en 2021 el área anual contratada bajo el programa de pago por servicios ambientales disminuyó un 83,1% debido a limitaciones presupuestarias.
Esta cobertura pasó de 35.463 hectáreas en 2020, a 5.997 el año pasado, la menor extensión colocada desde que inició el programa en 1997.
Lea más de los resultados del Informe Estado Nación 2022 en las siguientes notas:
