Aunque gasto de capital en montos nominales no disminuye, sí se ha registrado una caída con relación al PIB.

El Informe del Estado Nación 2022, presentado la noche de este miércoles 16 de noviembre, señala como uno de sus principales hallazgos la caída en gasto de capital, concluyendo que “el país invierte menos que a inicio de la década de los noventa”.

Adicionalmente, según detalla el informe, entre el 2009 y el 2021, la inversión en infraestructura pública en Costa Rica pasó de representar el 5,1% a 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Dato D+: El gasto de capital son las inversiones que se hacen en compra o construcción de infraestructura, mientras que el gasto corriente es equivalente al gasto de operación (pago de salarios, insumos, servicios, deuda etc.)

Inversión pública real

El Informe apunta a que los elevados niveles de endeudamiento y el déficit fiscal del país han limitado el gasto de capital durante la última década, que mantiene una tendencia a la baja especialmente desde la crisis 2008-2009, y aclara que la disminución de inversión en términos relativos respecto al PIB no significa que el monto absoluto se haya contraído.

Dato D+: En el actual escenario de la regla fiscal, el Poder Ejecutivo puede reducir el gasto de capital para cubrir gasto corriente para cumplir con el tope de crecimiento anual, lo que en 2022 significó una caída de -4.86% al gasto de capital en el Presupuesto Nacional.

Sobre este tema la investigadora y coordinadora del capítulo Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas del Informe, Pamela Jiménez Fontana, señaló:

En términos generales, esto significa que la inversión en infraestructura pública no parece estar siendo considerada como un instrumento de política fiscal para promover el crecimiento económico”.

Uno de los hallazgos del informe, es el tema de la fuente de financiamiento de las obras, encontrando que mientras en el 2010 los recursos internos y del presupuesto nacional financiaban el 93% de la inversión en capital en Costa Rica, en 2021 solo financiaron el 42%, siendo el endeudamiento interno y externo —que desde el 2018 financia el 50% de la obra pública en el país— y el modelo de concesión —que representó el 20% del financiamiento entre el 2015 y 2017— las principales fuentes de financiamiento actual para construcción de obras públicas.

Adicionalmente, se destacó que, en un contexto de desarrollo productivo desigual, la infraestructura pública podría ser un estabilizador clave para la creación de oportunidades laborales y empresariales, al posibilitar la conectividad y habilitación productiva entre distintos territorios metropolitanos y las ciudades intermedias. Sin embargo, el estudio muestra que no existe una relación directa entre la inversión física pública per cápita y la competitividad de la infraestructura cantonal en el país.

La investigación realizada también permitió evidenciar desigualdades en la inversión a nivel cantonal, ya que entre 2014 y 2021, fueron solo diez cantones del país los que concentraron el 55% de la inversión en infraestructura física pública, destacando varias ciudades intermedias, como Limón (6,1%), Liberia (3,1%), San Carlos (6,4%), Pérez Zeledón (4,4%), Puntarenas (8,5%) y Pococí (5,4%).

Sin embargo, en los casos de Puntarenas y Limón, a pesar de la inversión en infraestructura, ambos se encuentran en los niveles más bajos de competitividad cantonal, al respecto, Jiménez Fontana aseguró:

Este hallazgo confirma la importancia de incluir en estas inversiones mejoras en la calidad, mantenimiento y accesibilidad de las obras, porque la inversión en infraestructura física no es por sí misma una condición suficiente para impulsar la competitividad”.

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