"La persistencia de estos rezagos debilita la posición del Poder Judicial frente a los ataques políticos a su independencia".

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este miércoles el V Informe del Estado de la Justicia, que en uno de sus tres mensajes principales advierte que los rezagos para brindar una justicia pronta y cumplida hacen más vulnerable al Poder Judicial frente a presiones generadas por nuevas competencias judiciales y más conflictividad social.

Según el informe "la capacidad de respuesta institucional ha evolucionado más lento que la demanda, acumulando rezagos antiguos que se agravan con el ingreso de nuevos asuntos", por lo que el PEN advierte que "la persistencia de estos rezagos debilita la posición del Poder Judicial frente a los ataques políticos a su independencia".

Según el PEN, existen dos factores externos al Poder Judicial, que aumentan la demanda de servicios:

  • La aprobación de nueva legislación que asigna cada vez más funciones al trabajo judicial, mediante la creación de nuevos delitos, reformas a códigos procesales, convenciones internacionales y nuevas jurisdicciones.
  • La creciente conflictividad social que se experimenta en Costa Rica y aumenta de distintas maneras: desde la criminalidad en el ámbito penal hasta las disputas y víctimas por accidentes de tránsito, pensiones alimentarias, violencia doméstica y cobros judiciales.

Dato D+: Entre 2016 y 2024 la Asamblea Legislativa envió a consulta de la Corte Suprema 408 proyectos de ley, el 25% de estos fueron enviados entre el 2023 y 2024. En más de la mitad de los casos (58%) la Corte dictaminó que el proyecto de ley afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Según los datos recolectados en el Informe, en el 2023 se registraron un total de 718.257 casos en trámite en el Poder Judicial, por debajo del pico de circulante en los servicios judiciales que se presentó en el 2021, con más de 826.000 casos pendientes en primera instancia, si esto se compara con una población del país, significa que en el 2023 se presentó un nuevo caso ante los estrados judiciales por cada 7,1 personas.

En total, el número de casos ingresados en el 2023 fue de 614.735, para una tasa de 11.682 casos por cada 100.000 habitantes. Por materia las que más casos presentados registraron en 2023 fueron:

  • Penal: 152.923 casos ingresados, para una tasa de 3.613 casos por cada 100.000 habitantes.
  • Cobratoria: 139.761 casos ingresados, para una tasa de 2.382 casos por cada 100.000 habitantes.
  • Tránsito: 72.036, casos ingresados, para una tasa de 1.240 casos por cada 100.000 habitantes.

Dato D+: Según el PEN, los casos entrados se refiere a los expedientes que llegan por primera vez a conocimiento del sistema judicial. En la primera instancia se analizan las pruebas, se escucha a las partes y se dicta una resolución, y si alguna de las partes no está de acuerdo, generalmente puede apelar la decisión ante una instancia superior.

El informe detalla que al analizar el comportamiento de la materia penal, la mayor tasa de litigiosidad corresponde a los delitos contra la propiedad, lo que —señala el informe— "refleja una tendencia preocupante hacia la inseguridad y la delincuencia", y advierte también de un preocupante crecimiento en los delitos contra las mujeres y la materia penal juvenil.

El informe destaca que, aun con el aumento en el ingreso de casos en primera instancia, la productividad del Poder Judicial ha experimentado un crecimiento constante desde el 2022:

En el 2024, se registró un aumento del 7,3% en la productividad judicial. Este incremento se debe a una alza en la cantidad de casos resueltos en ocho de las catorce jurisdicciones entre el 2021 y el 2024".

Adicionalmente, el Poder Judicial también ha logrado reducir el circulante, ya que la cantidad de casos activos al cierre del 2024 decreció un 17%, pese a la mayor carga laboral experimentada desde el 2021. Sin embargo, el informe advierte que ciertos sectores han experimentado un aumento considerable en los casos pendientes.

Entre el 2021 y el 2024, la cantidad de casos activos en materia contencioso-administrativa y constitucional aumentó más del 30%, lo que apunta a una congestión creciente en estos ámbitos del derecho, por lo que se recomienda enfocar esfuerzos en las áreas con mayor congestión para "evaluar posibles causas estructurales y buscando soluciones más eficaces en la distribución de cargas de trabajo, recursos y tecnología".

Finalmente, el informe advierte que los órganos de segunda instancia "evidencian signos de una presión creciente, en particular por el aumento en el volumen de casos pendientes" y añade:

Será fundamental monitorear el impacto de este incremento en el circulante y reforzar las capacidades de gestión".

Finalmente, con relación a las salas de casación (última instancia), se destaca que estas presentan un panorama más estable, con menor carga de entrada y mayor efectividad resolutiva, lo que se traduce en una disminución sostenida del rezago.

Sin embargo, a pesar de las mejoras identificadas, el informe señala que el Poder Judicial enfrenta desafíos complejos a la hora de abordar el tiempo de resolución de los casos (fenómeno conocido como mora judicial):

Si bien la demanda de la población creció modestamente, y aumentó el indicador de casos resueltos por juez, esas condiciones no han tenido los efectos en cuanto a la rapidez de los procesos judiciales. Entre el 2019 y el 2023, el tiempo promedio de resolución aumentó en ocho materias".

Según la encuesta anual que realiza la Contraloría de Servicios de la institución, el 66% de personas usuarias del Poder Judicial en 2023 reprochó la lentitud de los procesos.

Lea las notas sobre el V Informe del Estado de la Justicia: