La gobernanza judicial es "el principal factor que limita la capacidad de su intensa innovación institucional para “mover la aguja” en materia de la justicia pronta y cumplida".

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este miércoles el V Informe del Estado de la Justicia, que en uno de sus tres mensajes principales advierte que la implementación de iniciativas novedosas de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables se dificulta por falta de reformas a la gobernanza judicial.

Dato D+: El informe define la gobernanza como "las relaciones entre los diversos actores involucrados en decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público", en el caso del Poder Judicial esta gobernanza incluye no solo a la Corte Suprema de Justicia, "sino a otras instancias que intervienen en el diseño, adopción e implementación de las decisiones atinentes a la gestión del conglomerado institucional".

El informe destaca que el Poder Judicial ha aprobado un amplio portafolio de mecanismos legales y convencionales que muestran "un fuerte dinamismo en la creación de políticas públicas e iniciativas favorables para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad".

Según señala el informe, las políticas judiciales temáticas son el mecanismo que la Corte utiliza para impulsar temas de carácter prioritario en el conglomerado judicial. Estas políticas deben materializar en iniciativas y acciones concretas. Sin embargo, se identificó que la información sobre su operación y resultados no está sistematizada.

En esta ocasión el PEN investigó a fondo los obstáculos estructurales que dificultan la aplicación efectiva de las políticas y medidas adoptadas que limitan mejores respuestas jurisdiccionales para dos poblaciones vulnerables: las mujeres y las personas migrantes.

Los hallazgos de esas investigaciones apuntan a que, a pesar de que la Corte ha sido prolífica e innovadora en la adopción de políticas, no se evidencia una mejora significativa en los principales indicadores, encontrando que la aplicación de las políticas aprobadas se ve limitada por la gobernanza del Poder Judicial, la cual se señala como "el principal factor que limita la capacidad de su intensa innovación institucional para “mover la aguja” en materia de la justicia pronta y cumplida".

El informe detalla cuatro obstáculos para aplicar las políticas judiciales que derivan directamente de la gobernanza judicial:

  • Los órganos de la cúpula judicial están cada vez más enfocados en la gestión de asuntos puramente administrativos, lo cual les resta capacidad para dar seguimiento y pedir cuentas sobre los avances en la ejecución.
  • La Corte Suprema de Justicia se opuso a desconcentrar las funciones del gobierno judicial. Esto crea una desventaja estructural que impide al gobierno judicial enfocarse en llevar el pulso a las políticas que aprueba.
  • La recuperación presupuestaria que se registró en el trienio anterior fue absorbida por el crecimiento del costo real debido a la necesidad de invertir en la nueva Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
  • Problemas en la idoneidad del personal judicial, un factor que obstaculiza la implementación de políticas judiciales innovadoras que ha aprobado la Corte Suprema de Justicia.

Según el informe, estos cuatro temas son de carácter estructural, por lo que señala que el Poder Judicial "puede y debiera actuar para remover los bloqueos".

Adicionalmente, se encontró que "la limitada capacidad del Poder Judicial para que sus iniciativas de innovación en sus servicios reduzcan los rezagos históricos se debe a que una parte importante de la mejoría no depende exclusivamente de las disposiciones del gobierno judicial", por lo que se recomienda fortalecer el trabajo articulado con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

El informe señala que "la principal conclusión es que la innovación de políticas es una condición necesaria pero insuficiente para resolver los rezagos históricos en justicia pronta y cumplida, especialmente en un escenario que combina el estancamiento presupuestario a mediano plazo y un contexto político hostil".

Lea las notas sobre el V Informe del Estado de la Justicia: