Informe revela falta de recursos, coordinación y asesoría jurídica que dificultan la atención efectiva a la población migrante y refugiada.

Este miércoles, el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó el V Informe del Estado de la Justicia cuyos resultados demuestran que las herramientas del Poder Judicial para atender a la población migrante y refugiada requieren más coordinación para su efectividad. 

En el estudio se evidencia que entre 2010 y 2023, cuando crecieron los flujos migratorios en Costa Rica, el Poder Judicial emitió 264 medidas para atender sus derechos y, adicionalmente, "destaca una política institucional, directrices para no solicitarles documentos de identificación y para personas menores de edad".

En ese orden de ideas, el informe detalla que el sistema de justicia costarricense ha generado, además de un marco normativo de base, un conjunto de entidades, competencias, capacidades y medidas enfocadas en atender y garantizar el derecho de acceso a la justicia de la población migrante y refugiada en el país.

Sin embargo, persisten varios obstáculos que impiden una aplicación efectiva dentro del Poder Judicial, entre estos se ubican:

  • Falta de recursos.
  • Errática gestión interna.
  • Desconocimiento del personal.
  • Descoordinación con otras instituciones.

En esa línea, el informe detalla que al margen de los marcos normativos, la realidad del abordaje judicial es desafiante:

Existen abusos y violaciones a los derechos humanos que sufren tanto por actores no estatales (redes de crimen organizado) como por las mismas autoridades. En la práctica, las personas migrantes encuentran múltiples obstáculos que limitan o impiden su acceso a la justicia en estos casos, debido a leyes, políticas y prácticas migratorias enfocadas en la seguridad nacional y en la criminalización de la migración". 

El estudio destaca también la necesidad indispensable de adoptar medidas adicionales que permitan optimizar el uso de las herramientas ya existentes, tales como las campañas de información y sensibilización, así como las normas procesales y los procedimientos administrativos. Por ejemplo, resulta fundamental contar con registros estadísticos más precisos sobre la atención a personas migrantes, sus necesidades y condiciones. Además, resalta que persiste la carencia de asesoría jurídica adecuada, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto a la gestión interna, se evidencia la necesidad de mejorar la articulación tanto dentro del Poder Judicial como con otras instituciones, incrementar los recursos estatales y establecer estrategias de comunicación interna más efectivas.

También, para la elaboración de dicho capítulo, el equipo investigador del PEN realizó consultas con el personal judicial que atiende población migrante y refugiada. A partir de este ejercicio, concluyeron que la implementación de normas está limitada porque algunos las desconocen y no tienen muy claro a quién plantear dudas sobre la aplicación de estas normas.

Desde el PEN explicaron que, ante este panorama, la Sala Constitucional ha registrado un aumento de asuntos relacionados con migración, aunque estos no superan el 2% del total anual y en la mayoría de los casos, no suele resolver a favor de estas poblaciones, lo cual se refleja en el debilitamiento de la tutela constitucional al derecho a resoluciones prontas en materia de otorgamiento de refugios, ya que ante la mora en la Dirección de Migración, la Sala cambió su posición y ahora desvía esos casos a la instancia ordinaria contencioso-administrativa, con excepción de personas que presenten alguna condición de vulnerabilidad. El informe señala que:

Este cambio agrava la situación de las personas migrantes, quienes enfrentan procesos más largos, costos asociados a la representación legal y un acceso limitado a soluciones inmediatas. Frente [a] las crudas realidades de vulnerabilidad socioeconómica que enfrenta esta población, la remisión de los procesos a la vía contencioso administrativo dificulta aún más su acceso a la justicia".

Lea las notas sobre el V Informe del Estado de la Justicia: